El TSJ allana el camino para que el Ayuntamiento desdoble por fin el puente sobre la autopista en Orihuela Costa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso de apelación interpuesto por Caixabank (anteriormente Bancaja), y confirma que debe entregar el aval de casi 1,3 millones de euros, para garantizar la ejecución de una pasarela peatonal en el puente sobre la AP-7 de Orihuela Costa que conecte el sector de Lomas de Cabo Roig con la calle Creus, en la carretera de San Miguel. Los movimientos vecinales de la zona reclaman desde hace más de una década que se ejecute la infraestructura pendiente ante los constantes problemas de seguridad y movilidad que provoca la falta de un paso peatonal y ciclista. El urbanizador de la zona tenía obligación de realizar esas obras desde 2004.

El TSJCV confirma la validez del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Orihuela que declaraba la incautación de la garantía a la empresa urbanizadora -que se comprometió hace más de veinte años-, destinada a la ejecución de la obra. La entidad financiera era la avalista de la mercantil promotora, de ahí que recurriera el acuerdo. La validez había sido confirmada previamente por una primera sentencia en el juzgado de lo Contencioso de Elche.

Incumplimiento

La sentencia considera que el aval presentado por la entidad financiera cubría en su totalidad las obligaciones del urbanizador, incluyendo específicamente la ejecución del puente sobre la AP-7, también que el incumplimiento de la empresa urbanizadora, Urbana San Miguel SL, está acreditado y justifica la incautación municipal de la garantía para que sea el municipio el que ejecute la infraestructura. El fallo es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

Frente a los argumentos del avalista, la sentencia señala que el Ayuntamiento siguió el procedimiento legal correcto para declarar la caducidad e incautar la garantía, y que las condiciones concretas por las que se fijó ese aval y la obligación específica de construir el puente "generan una responsabilidad ineludible que se activa ante el incumplimiento del urbanizador, sin necesidad de valorar previamente la culpabilidad o los daños concretos".

Movilización vecinal

Los movimientos vecinales de Orihuela Costa llevan más de una década reclamando al municipio, también con movilizaciones y manifestaciones, el desdoblamiento de este puente situado a la altura de la urbanización La Regia- Cabo Roig, que carece de paso peatonal y que supone un embudo para el tráfico y la movilidad de una zona densamente poblada del litoral oriolano.

Los antecedentes de la falta de ejecución de la infraestructura se remontan, como casi todos los casos de incumplimiento por parte de las urbanizadoras de vivienda turística, a los felices años del boom inmobiliario a principios de la década del 2000 y la posterior crisis del ladrillo. En julio de 2001, Urbana San Miguel SL presentó en el Ayuntamiento de Orihuela la documentación para el desarrollo de las obras de urbanización de esta zona, lo que supone dotar de servicios e infraestructuras básicos para convertir el suelo en parcelas urbanas y luego realizar las viviendas y equipamientos.

Aprobación

En 2002 el pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente el expediente y adjudicó la condición de agente urbanizador a esa empresa, y fijó, entre otras condiciones, que "los costes de ejecución del puente necesario para dar continuidad al vial serán de cuenta exclusiva del urbanizador en su totalidad", con un plazo, en aquel momento, de 35 meses.

En 2004, Urbana San Miguel SL presentó un aval por 1.286.668 euros (equivalente al 7% del coste de las obras de urbanización) como garantía para la ejecución de estas. Adicionalmente, ingresó otros 3.005.060 euros destinados a la construcción de equipamientos e infraestructuras.

Se olvidaron

Pero llegó la crisis. En marzo de 2008, el Ayuntamiento aceptó la "cesión parcial" de las obras ya ejecutadas. A la empresa le había dado tiempo a ejecutar casi toda la urbanización -y vender o desarrollar por su cuenta las parcelas-, pero no la infraestructura a la que se había comprometido. En ese momento, el Ayuntamiento reiteró la excepción y fijó que el aval depositado de 1.286.668 euros garantizaría "específicamente la ejecución de las obras pendientes, principalmente el desdoblamiento del puente". El asunto, sin embargo, quedó en un cajón olvidado también por los técnicos y cargos públicos del municipio, durante muchos años, como otros tantos avales que deberían garantizar la finalización correcta de obras de urbanización en las zonas del litoral y prelitoral de la Vega Baja. Pero los vecinos no lo olvidaron.

Nuevo impulso

En julio de 2016, la presión vecinal motivó que el Ayuntamiento reclamara al urbanizador que acreditara haber iniciado los trámites para finalizar las obras, en especial el desdoblamiento del puente. En noviembre de 2016, Urbana San Miguel SL comenzó a aportar distintos argumentos sobre "la imposibilidad" de ejecutar las obras hasta obtener la autorización del Ministerio de Fomento como titular de la vía.

Sin embargo, el 2 de octubre de 2018, Fomento emitió un informe favorable y vinculante para la ejecución del puente. Informe que tuvo que solicitar el Ayuntamiento. En mayo de 2020, la Administración local advirtió a la empresa de que, de no iniciar las obras "de forma inmediata", se iniciaría el expediente de declaración de caducidad y resolución de la adjudicación.

Así, el 2 de marzo de 2021, se inició formalmente el expediente para resolver la adjudicación del programa. Y, finalmente, el pleno acordó declarar la caducidad de la adjudicación y proceder a la incautación de la garantía aval de 1.286.668 euros para la ejecución del desdoblamiento del puente sobre la AP-7. Después la empresa litigó y perdió en primera instancia. De ahí el recurso del banco avalista que también se ha desestimado ahora en el TSJCV. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha asumido la tramitación administrativa de la ejecución de las obras y ha adjudicado la elaboración del proyecto.

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