Los Fenoll crearon una empresa de venta de abono para tapar el millón de toneladas de basura en suelo agrícola de La Murada

Era quien estaba al otro lado del teléfono sin que la familia Fenoll, el empresario Francisco Poveda y el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, sentados ahora en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial con sede en Elche, lo supieran. Coordinó durante años todas las intervenciones telefónicas del caso Brugal con un equipo de funcionarios policiales. Este viernes, en el juicio sobre el enterramiento ilegal de un millón de toneladas de basura sin tratar en suelos agrícolas de La Murada, en Orihuela, en una de las principales tramas desgajadas de esas escuchas, declaró el jefe de la brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Penas

La Fiscalía reclama penas de siete años de cárcel para Francisco Poveda, propietario del suelo, y cinco para Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll y Ángel Fenoll Pastor -hijo, hermano y sobrino del conocido empresario oriolano-; también para el exconcejal del PP de Albatera, Javier Bru, y el empresario José Vera, que facilitó la adecuación del suelo ubicado en los parajes de Los Sigüenzas y Los Randeros.

El testigo policial aseguró, en una nueva sesión de la vista oral de este juicio que de las intervenciones telefónicas realizadas entre mayo y julio de 2008 se deduce que Ángel Fenoll padre, principal investigado en la causa y gerente del vertedero cuando se denunciaron los hechos -aunque no está siendo juzgado por incapacidad provocada por enfermedad-, daba las órdenes a su hijo Antonio Ángel Fenoll, con más contacto "con los cargos públicos" del Ayuntamiento de Orihuela, "para tener controlada la parte institucional".

"Nos llevan a la cárcel a todos"

En su declaración, el policía desgranó el organigrama bajo el que supuestamente actuaban los acusados. Ángel Fenoll Pastor, sobrino del empresario oriolano, era el encargado de coordinar las labores de enterramiento y ocultación de la basura sin tratar en los bancales agrícolas. Francisco Poveda ponía el suelo y el hermano de Ángel Fenoll, Francisco, era en ocasiones uno de los conductores de las máquinas que realizaban las labores de enterramiento. El papel desempeñado por Javier Bru, por su parte, consistía en crear una empresa ad hoc a fin de ocultar los enterramientos ilegales en los terrenos de Poveda y dar a la operación apariencia de legalidad como una supuesta compra de abono. Menos definido quedó en su testimonio el rol desempeñado por el propietario de la empresa de maquinaria, José Vera.

El testigo policial subrayó que de las escuchas se deduce que era el acusado Javier Bru, exconcejal del PP de Albatera, el encargado de crear la mercantil, pero admitió, a preguntas del letrado de la defensa Pablo Martínez, que en los registros llevados a cabo en la planta, en la vivienda de Fenoll y en otros locales, no recuerda si se halló documentación de esa firma en concreto. Sí explicó que Bru, como figura en un informe sobre el entramado de empresas de los Fenoll, contaba con una mercantil que llegó a facturar hasta cuatro millones de euros anuales a Proambiente, en esos años marca señera de la familia.

Fincas contaminadas y protestas vecinales en La Murada, donde se enterraron un millón de toneladas de basura en terrenos agrícolas entre 2005 y 2011

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Además, recordó una de las frases de las intervenciones telefónicas -atribuida al empresario Poveda-, que más han resonado durante las sesiones del juicio. Al saber que una patrulla de la Policía Local, en paralelo a las diligencias del Brugal de la Policía Nacional aunque totalmente ajena a esa investigación, estaba tras la pista de los enterramientos advirtió: "Esto no se puede destapar porque nos meten en la cárcel a todos", según señalaba en la conversación grabada.

Piezas que encajan

El jefe policial explicó a preguntas de la Fiscalía, la abogacía de la Generalitat, la acusación del Ayuntamiento de Orihuela y cuatro abogados de la defensa, que de las intervenciones telefónicas se constata que los acusados no solo estaban realizando una actividad de enterramiento ilegal de residuos, sino que pusieron especial empeño en intentar ocultarlo. Detalló que fue en 2010 cuando se "unieron las piezas" de los informes de las escuchas, incorporando las inspecciones de la Policía Local realizadas sin conocer que la Policía Nacional ya estaba al tanto e impulsadas por las denuncias vecinales -en la que juega un papel fundamental la realizada por una patrulla que sorprendió a todos los acusados en plena tarea de enterramiento-, las catas de la Guardia Civil, el testimonio de un extrabajador que indicó las localizaciones de los enterramientos y los informes técnicos encargados por el Ayuntamiento de Orihuela en el periodo 2011-2015.

Presiones

Uno de los testigos clave de la causa, el extrabajador que señaló a la Fiscalía Anticorrupción y después a la Policía Nacional cada uno de los lugares en los que se habían enterrado las basuras, no acudió a su cita judicial prevista para esta vista por motivos personales y ha sido emplazado a una nueva sesión. En este sentido, el jefe de brigada que compareció en la de este viernes señaló que en su día este testigo sufrió presiones para desdecirse y cambiar su declaración respecto a lo sostenido ante el Ministerio Público y la Policía, y que los Fenoll le prometieron asesoría jurídica. También indicó que el trabajo de los equipos especializados de la Policía Nacional se centra en confirmar si la información facilitada por un denunciante es real y útil para la investigación, como se demostró en este caso, y no valoran las motivaciones por las que este testigo acudió a las fuerzas de seguridad, ya que los letrados de la defensa sugirieron que tuvo desavenencias con los Fenoll.

Rambla Salada

El jefe del servicio de Medio Ambiente de Ayuntamiento de Orihuela ratificó en su declaración como testigo un informe realizado por una empresa de ingeniería ambiental en 2012 a petición del entonces alcalde Monserrate Guillén, que constataba la contaminación de bancales situados junto a la rambla Salada por residuos no orgánicos como plásticos, cartones, disolventes, plaguicidas o combustibles, entre otros materiales. Pero que también afectaba a una parte del dominio público hidráulico de la propia rambla-río pese a que la Confederación Hidrográfica del Segura, como en otros tramos del dominio público, no la ha deslindado. A preguntas de las defensas en el sentido de si podía asegurar que la basura invadió el barranco, insistió en su criterio técnico que así era.

Tanto para el caso de los lixiviados, el de los enterramientos que afectan a medio millón de metros cuadrados, o la contaminación y ocupación de suelo de dominio público, esta vista oral está dejando constancia de que las prácticas irregulares se investigaron en profundidad por la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, los juzgados, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, los agentes ambientales de la Generalitat y la CHS. No así las consecuencias ambientales posteriores de las que se han desentendido la Confederación Hidrológica y la Generalitat.

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