El juez no ve que se vulneren derechos del PP al no incluir el tripartito de Callosa una moción sobre la Cruz

El juzgado contencioso administrativo desestima el recurso interpuesto por Inmaculada Cascales, portavoz del grupo popular, frente al Ayuntamiento de Callosa de Segura, al no apreciar vulneración de derechos fundamentales en la decisión de la alcaldesa Amparo Serrano de no incluir en el pleno de julio una moción de los populares sobre la Cruz de los Caídos.

El PP ha seguido insistiendo en una de sus grandes promesas incumplidas, la vuelta a plaza de España del monumento de la Cruz, una estructura en mármol blanco de cinco metros de alto y dos toneladas y media de peso que se retiraba en 2018 en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, en un debate ya zanjado tanto por vía judicial, habiendo llegado hasta el Tribunal Supremo con sentencia firme, como por la vía civil, declarando como legítimo dueño a la parroquia de San Martín Obispo.

Sin embargo, la moción solicitaba que el pleno declarara que era una Cruz resignificada y que no vulneraba la Ley de Memoria Histórica, así como dar traslado al Obispado de Orihuela-Alicante el arraigo y representatividad que para el pueblo de Callosa representa el monumento, debiendo por ello permanecer en la localidad.

Con el recurso, los populares pretendían que se condenara a la Administración local a incluir la iniciativa en la sesión ordinaria plenaria siguiente al fallo judicial.

Tribunal Supremo

El Ministerio Fiscal señala en la sentencia que de ser aprobada la moción entraría en colisión con la sentencia del Tribunal Supremo, que viene a decir que la Cuz constituye "un acto de exaltación en cuanto contribuye a realzar el mérito de aquella contienda civil con inclusión del listado de fallecidos de un solo bando".

Precisamente por esta razón y para garantizar la seguridad jurídica, la Alcaldía solicitó un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acerca de la legalidad de la moción.

El juez plantea que lo que se debate es si la no inclusión en el orden del día de la propuesta vulnera el derecho a la participación política conforme a la Constitución Española, cuestión totalmente ajena a si el contenido de la proposición es coincidente o no con las cuestiones que se debatieron en el procedimiento que dio lugar a la retirada de la Cruz, aunque sí coincide con el Ministerio Fiscal en que la aprobación de la moción podría entrar en colisión con lo resuelto por el Supremo.

Función de los concejales

Los concejales tienen la facultad de proponer a debate y votación del pleno cuestiones que son de competencia municipal, conforme a la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, que también atribuye a los municipios competencia en materia de patrimonio histórico. Ahora bien, expone el juez, que tengan atribuida estas facultades por norma de rango de ley no significa que formen parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política, sino que este viene constituido por las atribuciones de información, control y fiscalización de los órganos de gobierno. 

Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la vulneración de este derecho exige que haya tenido lugar una restricción ilegítima de los derechos en cuanto a la presentación de mociones que directa o indirectamente estén relacionadas con competencias atribuidas al pleno -información, control y fiscalización-, ya que en ese caso se dificulta a los concejales, más allá de lo razonable, el ejercicio de sus funciones. Solo en estos casos, el alcalde estará obligado a incluir en el pleno la moción en cuestión. 

Así, concluye el juez que en este caso la moción no está incluida en las competencias del pleno municipal, no afectando su no inclusión al núcleo constitucional de las funciones de los ediles y, por tanto, no produciéndose vulneración del derecho fundamental de participación política, no procediendo la estimación del recurso planteado por la recurrente.

Iniciativas

A lo largo del año pasado se realizaron diversas iniciativas para la restitución de la Cruz, ya con un Ayuntamiento gobernado por una coalición de PSOE, independientes de derechas de UCIN e Izquierda Unida, tras llegar a un pacto que desalojó al PP del poder municipal en septiembre de 2024. El tripartito descartó el antiguo emplazamiento, aunque estaba dispuesto a hablar con el Obispado para buscar otro lugar, incluso con el beneplácito de Javier Pérez, portavoz de UCIN y exalcalde de Callosa por el PP durante trece años, que en su día se mostró contrario a la retirada de la Cruz, ordenada cuando gobernaba una coalición de partidos de izquierdas presididos por el socialista Fran Maciá.

De hecho, Pérez promovió en su día la constitución de la Plataforma en Defensa de la Cruz, llegando a interponer la primera denuncia de toda una avalancha que siguió después para evitar la retirara del monumento de la plaza, que se produjo en la madrugada del lunes 29 de enero de 2018, con la oposición de una parte importante de vecinos que se mantuvieron en guardia en el monumento durante más de 400 días. En esa jornada se llevó a cabo un gran despliegue policial para hacer cumplir la orden ante la presencia de decenas de militantes de ultraderecha -dos de ellos fueron detenidos- y de numerosos vecinos que protestaban por la decisión.

Después de una lucha judicial hasta la extenuación, los jueces avalaron la decisión que se tomó en su día. Por ello, Pérez, que en los próximos días volverá a ser alcalde de Callosa, abogó por no devolverla a su emplazamiento original, porque así lo determinó la justicia.

Hace un año, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas presentaba una proposición no de ley (PNL) para que el Consell protegiera la Cruz de los Caídos en aplicación de la Ley de Concordia y colabore con el Consistorio en su restauración como patrimonio histórico de la Comunidad Valenciana y su declaración como BIC (Bien de Interés Cultural), haciendo, además, un reconocimiento a la plataforma ciudadana y especialmente a la vecina Teresa Agulló, que, desde el 10 de marzo de 2018 y hasta su fallecimiento, siguió una rutina: a las 19:30 horas salía de misa, subía a su casa y encendía un foco que proyectaba sobre la fachada de la iglesia una cruz idéntica al monumento. La Policía Local le puso una multa de 100 euros por ello. 

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En esas mismas fechas, la plataforma ciudadana en Defensa de la Cruz volvía a la carga instando al tripartito a que el monumento volviera a exponerse en un lugar público, ya sea en su ubicación original o en otro emplazamiento, basando su petición en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que falló que las cruces que no contienen inscripciones conmemorativas ni exaltan la Guerra Civil o la época de Franco no pueden incluirse en el catálogo de vestigios elaborado por la Generalitat Valenciana en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, lo que suponía que se pudieran retirar en aplicación de esa normativa.

Luego llegó la moción de los populares que no se llegó a incluir en el pleno, una decisión recurrida que este mes el juzgado ha desestimado.

Cierre de la polémica

Con todo, el pasado mes de diciembre la Diócesis Orihuela-Alicante ya decidió dar carpetazo definitivo a la polémica. Perdida la batalla judicial por restablecer la ubicación original la Iglesia decidió que la peana del monumento original, con la relación de nombres de callosinos represaliados en la retaguardia republicana y esas inscripciones encabezadas por un "Caídos por Dios y por España" -81 nombres entre religiosos y falangistas vinculados al bando sublevado durante la Guerra Civil,- se conserve en la parte nueva del cementerio, manteniendo las inscripciones que provocaron la polémica, aunque en un emplazamiento que es propiedad de la Iglesia.

Por otro lado, la Cruz con la peana que se habilitó para su instalación en el museo, tendrá su ubicación en la ermita de Nuestra Señora del Rosario. La parroquia trasladó la Cruz desde el Museo del Cáñamo -donde hasta ahora se encontraba- a una zona anexa al cementerio parroquial a la espera de poder ser trasladada a su nuevo emplazamiento. La opción de la parroquia permite que ambos elementos tengan un espacio de visita de concurrencia pública, aunque sobre titularidad privada.

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