El bipartito de Orihuela lleva al pleno la creación de la empresa municipal de vivienda un año y medio después de su anuncio

El centro histórico de Orihuela necesita un impulso para volver a llenarse de vida, contando con viviendas y comercios que revitalicen esta zona emblemática. El equipo de gobierno de PP y Vox se marcó como una prioridad en este mandato llevar a cabo un proyecto regenerador de este entorno histórico, que incluye monumentos nacionales y Bienes de Interés Cultural, como la Catedral, Santa Justa y Santo Domingo, que pierde esplendor por el envejecimiento de las viviendas, su escasa ocupación y el cierre continuado de comercios.

Para ello, el bipartito se planteó crear una empresa municipal de vivienda y suelo que llevará al pleno que se celebra este jueves, un año y medio después desde que se avanzó en julio de 2024 con una asignación presupuestaria de 5 millones de euros, que luego pasó a 1,5 millones para tres proyectos iniciales de revitalización.

Uno de los proyectos estrella del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, impulsado por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Matías Ruiz, llega ahora entre las críticas del PSOE, que este miércoles ha desvelado que el PP ha planteado que la junta general de esta sociedad pública, a diferencia del resto, sea el gobierno y no el pleno, lo que "nos dejaba fuera a la oposición", ha explicado la portavoz socialista, Carolina Gracia, que ha añadido que además esto no estaba consensuado con Vox. "No tenemos duda de que Vox este fin de semana ha hecho que su socio de gobierno tuviese que plantear una modificación de la propuesta en la comisión informativa, modificación que a 24 horas del pleno no ha llegado y que desde nuestro punto de vista deja clara la intencionalidad del PP con esta sociedad: más gerentes, más sueldos y un control opaco de la misma".

Denominada Empresa Pública Municipal de Vivienda y Suelo de Orihuela (EMVS), considerada como medio propio del Ayuntamiento y capital íntegramente público, está llamada a gestionar una amplia gama de competencias urbanísticas, aunque no será la ejecutora material de las obras, puesto que al tratarse de una sociedad promotora tiene prohibido ejecutar directa y materialmente las obras, que se adjudicarán en régimen de libre concurrencia.

El equipo de gobierno dio hace más de un año los primeros pasos para constituir la empresa municipal con la constitución de una comisión técnica para realizar una memoria sobre los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica, en la que debía determinarse la forma de gestión, así como un borrador de estatutos sociales junto al informe de viabilidad económica, que el Ayuntamiento encargó por 18.000 euros.

Se contemplan tres proyectos iniciales -la puesta en funcionamiento de una oficina de rehabilitación, la gestión del registro de demandantes y la promoción de 25 viviendas públicas para su alquiler social- para los que se prevé un presupuesto de 1.463.475 euros, que se sufragarán previsiblemente con un préstamo una vez se genere esta partida en los nuevos presupuestos para 2026, que aún están pendientes.

Viabilidad

Y esto es lo que ha avalado el informe de la Intervención municipal, que concluye que la empresa es viable, pero analizando única y exclusivamente la sostenibilidad y eficiencia de esta propuesta. Cualquier actuación posterior no estará avalada por ese informe. Asimismo, indica que deberán contemplarse las necesidades de financiación municipal en el programa anual de actuación, inversiones y financiación de la futura sociedad, así como incluirse en las nuevas cuentas municipales.

La Intervención también ejercerá las funciones de inspección, control interno y financiero en la sociedad.

Quedan pendientes la el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, que se habilitará la próxima semana, según fuentes municipales, y la actualización y renovación del Catálogo de Bienes Protegidos del PGOU, que se está ultimando.

Todo ello cuando ante la alerta naranja por fuerte viento y a pocos días del Mercado Medieval, se ha derribado de forma urgente la fachada de un edificio en la calle del Doctor Sarget ante el peligro de derrumbe y se ha acordonado un inmueble cercano a las oficinas de Urbanismo en la recién restaurada Antigua Caja de Monserrate. Lo que evidencia de forma gráfica el desmoronamiento del centro histórico.

Moción sobre vivienda

Por su parte, Cambiemos ha presentado una moción al pleno del jueves para forzar la puesta en marcha inmediata de una política pública de vivienda que frene la emergencia habitacional y movilice las viviendas vacías.

Según el último Censo de Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, el 27,2% de los inmuebles de Orihuela no dispone de suministro eléctrico, lo que evidencia un volumen muy elevado de viviendas vacías o en desuso. Esta cifra sitúa a la localidad entre los municipios de más de 50.000 habitantes con mayor porcentaje de vivienda vacía en España. Además, la ciudad se encuentra entre los que tienen menor proporción de vivienda principal con respecto a viviendas estacionales vinculadas al uso turístico.

"Orihuela tiene cientos de viviendas cerradas y, al mismo tiempo, jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no encuentran alquiler y vecinos que se ven obligados a marcharse del municipio. Esto no es un fallo del mercado, es un fracaso de las políticas municipales", ha criticado el concejal de la formación, Quique Montero, que ha lamentado que desde 2015 el Ayuntamiento no ha desarrollado políticas activas de vivienda, limitándose a anuncios sin ejecución efectiva.

En este sentido, Cambiemos propone una estrategia integral que incluya solicitar a la Generalitat Valenciana que Orihuela sea declarada zona de alquiler tensionado conforme a la ley; aplicar recargos del IBI a viviendas desocupadas de forma permanente con fines especulativos, especialmente de grandes tenedores; crear un Parque Público Municipal de Vivienda, con inventario y adecuación de viviendas municipales para alquiler social; ayudas directas al alquiler, apoyo a la rehabilitación, mediación entre propietarios e inquilinos y adquisición pública de viviendas para alquiler asequible, así como reforzar la inspección autonómica para detectar viviendas vacías susceptibles de uso social.