Un juzgado investiga a la portavoz socialista de Orihuela, Carolina Gracia, por supuesta revelación de secretos tras una denuncia de la Fiscalía

Un juzgado de Orihuela investiga si la concejala y portavoz socialista de Orihuela, Carolina Gracia, cometió un delito de revelación de secretos al difundir información personal obtenida del acceso a un expediente de un funcionario coordinador general de área del Ayuntamiento de Orihuela, que luego remitió a los medios de comunicación con una nota de prensa.

El Juzgado de Instrucción número 3 ha decidido abrir diligencias tras la presentación por parte de la Fiscalía de una denuncia realizada a instancias de un funcionario, alto cargo directivo de libre designación del municipio oriolano. El escrito de denuncia del funcionario motivó unas primeras diligencias de investigación por parte de la Fiscalía que han derivado en la presentación de la denuncia en el juzgado.

Acceso

El técnico, funcionario de carrera, había solicitado ante el Ayuntamiento, como es preceptivo en esos casos, compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad en el ámbito universitario como profesor asociado de una Universidad pública de la provincia.

Según el relato de hechos que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela, el día 8 de octubre Carolina Gracia, portavoz del grupo de oposición del PSOE, accedió tras una solicitud realizada y autorizada por el alcalde, Pepe Vegara, al expediente de compatibilidad laboral del denunciante obteniendo datos de la misma, con información personal identificativa.

Poco después, el 16 de octubre, Carolina Gracia, que fue diputada provincial y alcaldesa de Orihuela, los difundió a través de una nota de prensa en los medios de comunicación con referencia expresa al contenido y la finalidad de la solicitud de compatibilidad datos que, según la denuncia, son información reservada. La denuncia destaca que fue la propia Carolina Gracia quien desvelaba en la nota de prensa cuál era su fuente de información y que la había obtenido del expediente al que había accedido tras la autorización del primer edil.

Información de registro

En el escrito del denunciante, base de la investigación que sigue el juzgado de la mano de la Fiscalía y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, se señala que los concejales tienen derecho a acceder y conocer la información del registro de entrada de un ayuntamiento, como ocurrió en este caso, pero mantiene que su uso debe limitarse al ejercicio legítimo de sus funciones institucionales y que la legislación señala expresamente que "queda prohibida su cesión a terceros o su utilización con fines mediáticos, partidistas o personales".

Sostiene que la divulgación de datos a medios de comunicación constituye una infracción grave del deber de reserva de los cargos públicos y una "vulneración directa del derecho fundamental a la protección de datos personales". Y remarca que la portavoz realizó un acceso al registro que no fue casual, ni anónimo, sino un "acto deliberado de fiscalización que conllevaba la obligación legal de custodia de la información obtenida".

Filtrada

También incide en que la "información filtrada", que no debía ser divulgada por afectar a la intimidad de un tercero, no fue objeto de debate en órganos colegiados como la junta de gobierno, comisión informativa o pleno, algo que también limita su difusión pública porque de esos debates se deriva un acta que de acceso público, y forma parte de un expediente administrativo que "ni siquiera había iniciado su tramitación".

La misma denuncia incide, además, en que se produjo una supuesta manipulación informativa y daño al honor al difundirse los datos porque la filtración no se limitó a revelar la existencia de la solicitud, "lo cual ya sería delictivo", sino que se acompañó, a su juicio, de una narrativa construida sobre datos falsos o tergiversados para generar "escarnio público". Sostiene, además, que con la difusión de la nota de prensa se destacaban datos erróneos como que no era funcionario de carrera o que cobraba cien mil euros al año.

"Objetivamente falsas"

"Afirmaciones objetivamente falsas", según se describe en el mismo escrito que hizo llegar al Ministerio Público, ya que ocupa un puesto como funcionario, por libre designación, cuyo principal requisito es ser funcionario de carrera del subgrupo A1.

En el mismo documento se anticipa que la concejala va a alegar que accedió a la información y la difundió por un criterio de transparencia y ejerciendo su derecho fundamental a la información, pero insiste en que la legislación "es clara" a la hora de señalar que los concejales tienen el deber de guardar reserva y sigilo si la "revelación resultara grave daño para la causa pública o tercero".

En este sentido pide, en vinculación estrecha al presunto delito de revelación de secretos, que se investigue el de injurias y calumnias, delito de carácter privado que se suele trasladar al juzgado a través de una querella, aunque de forma excepcional se persigue también cuando el afectado es un cargo público o funcionario y se da en concurso con otros supuestos delitos.

Agencia de Protección de Datos

La Fiscalía podría haber archivado la denuncia, o remitirla directamente al juzgado, pero ha optado, además en un plazo relativamente corto -llegó el pasado mes de noviembre-, por realizar su propia denuncia ya distribuida y asignada a un juzgado de Instrucción.

Además, el mismo técnico del Ayuntamiento de Orihuela ha registrado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos sobre estos hechos, que la agencia ha admitido a trámite con la petición al municipio de documentación. Este organismo concluye sus investigaciones con el archivo o la imposición de sanciones económicas administrativas para los autores responsables de infracciones a la legislación que protege los datos de carácter personal.

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