El TSJ tumba la tasa de basuras de Callosa de Segura y abre la puerta a que se anule en otros municipios de la provincia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tumbado la tasa de basuras de Callosa de Segura a raíz de un recurso presentado por el Partido Popular frente a la ordenanza que el tripartito PSOE-IU-UCIN aprobó para incrementar la tarifa por la recogida de residuos de 60 euros anuales a 154 en el caso de las viviendas en el núcleo urbano y 178 en zonas diseminadas.

La sentencia indica que los informes técnicos no explican adecuadamente los criterios de cálculo, no aplican coeficientes diferenciadores, no justifican el principio básico de "quien contamina paga", no aclaran los criterios para fijar la cuota y no justifican que todas las viviendas paguen lo mismo, independientemente de su tamaño o del número de personas que las habiten.

Así, concluye que el cálculo de la tasa es "contrario a los principios de equidad y capacidad económica", al ignorar por completo las circunstancias reales de los contribuyentes. El informe técnico económico, remarca la sala, no aporta ninguna justificación válida para las cuotas aplicadas.

La ley obliga a buscar criterios para individualizar el importe según el nivel de residuos generados. Por ello, indica el TSJCV, resulta necesario que en el informe técnico-financiero, que toda ordenanza fiscal reguladora de tasas debe motivar suficientemente la distribución de la carga tributaria entre los distintos contribuyentes.

En este caso, para calcular la cuota a pagar por cada tipo de vivienda solo se distinguen dos tipos: zona urbana y diseminado. Es decir, según recoge la sentencia, "12.117 viviendas del municipio (de un total de 13.169) pagarán la misma cuota sin hacer ninguna distinción por metros cuadrados, situación, consumos de agua, número de ocupantes o si generan residuos por podas, siendo este último parámetro relevante para el cálculo del coste del servicio"

Además, apunta que, si bien cuando se aprobó la ordenanza el Ayuntamiento todavía no tenía obligación de recoger la exigencia del principio de quien contamina paga, tampoco se vislumbra ni tan siquiera una aproximación de esta exigencia, ya existente en la anterior ley

Un mismo patrón

Esta sentencia toma relevancia porque la ordenanza de Callosa se basa en un modelo proporcionado por SUMA, que a su vez se reproduce en la mayoría de municipios de la provincia. De hecho, el Ayuntamiento ha manifestado a este diario que la enviará al organismo autónomo de la Diputación de Alicante, que fue quien asesoró en su redacción, para plantear recurso de casación, en el plazo de 30 días.

Aunque el fallo judicial pide que se anule la ordenanza, fuentes municipales explican que "no hay que modificar nada" porque está derogada, ya que se aprobó una nueva ordenanza que entró en vigor el 1 de enero -de similares características-, y "la sentencia no se pronuncia ni entra en el fondo de los actos derivados de la ordenanza, es decir, el cobro de la tasa", indican las mismas fuentes. 

Los populares, por su parte, critican que el equipo de gobierno se negara "sistemáticamente a corregir -el texto sobre el que se ha pronunciado el TSJ-, pese a la avalancha de alegaciones vecinales, un recurso de reposición y hasta un pleno extraordinario solicitado por el PP para iniciar su revisión de oficio".

El resultado, añaden, es "una sentencia demoledora que deja en evidencia la falta de rigor, justicia y legalidad de la tasa aplicada a los vecinos".

La tasa de este año

La portavoz del PP, Inmaculada Cascales, precursora del recurso, añade que "el TSJ deja claro que el PP tenía razón y que la tasa de basura que nos cobró el tripartito era ilegal", sin ni siquiera intentar "respetar principios tan elementales como la equidad, la capacidad económica o la proporcionalidad". "Es incomprensible que todas las viviendas paguen lo mismo, vivan más o menos personas, y lo mismo ocurre con los comercios", concluye, al tiempo que exige a la alcaldesa, Amparo Serrano, y al concejal de Hacienda, José Antonio Illán, que acaten de inmediato la sentencia por el bien de los callosinos, advirtiendo además de que "la tasa prevista para 2026 es aún peor, ya que debería ajustarse estrictamente al principio de "quien contamina paga", algo que el gobierno local sigue sin garantizar".

Otros municipios

Lo mismo ocurre en otros municipios. El caso de Orihuela es exactamente igual, aunque con la agravante de que primero se propusieron tres zonas (casco, Costa y pedanías) y finalmente se estableció una tarifa plana, una de las más caras de la provincia.

También en el municipio oriolano el cobro de la tarifa desencadenó una cascada de recursos por parte de los vecinos que el Ayuntamiento derivó a SUMA y que acabaron desestimándose.

Además, el pleno aprobó en mayo, gracias a la abstención de Vox, una moción de PSOE, Ciudadanos y Cambiemos una modificación de la ordenanza para que se incluyan criterios de renta, tamaño y uso de la vivienda y volumen de residuos, sin que se haya llevado a cabo.

Reducciones

El PSOE ha exigido este martes al PP que aclare el plazo para solicitar las reducciones de la tasa de basuras. La concejala María García ha recordado que el importe de esta tasa fue decidido exclusivamente por PP y Vox en una junta de gobierno, sin tener en cuenta la realidad social y familiar del municipio: "Se fijó una tasa igual para todos, injusta y poco equitativa, que no tenía en cuenta que una familia de cinco miembros no puede pagar lo mismo que una persona que vive sola". 

Ante esta situación, y antes de la aprobación definitiva de la ordenanza, el PSOE pactó con el PP la inclusión de una serie de reducciones de la tasa condicionadas al cumplimiento de determinados requisitos, con el objetivo de hacer esta cuota tributaria "más realista, más justa y socialmente equilibrada", ha añadido la edil.

Opacidad

Un año después de la entrada en vigor de la ordenanza -que ya incluía estas reducciones-, el PSOE denuncia que no existe ninguna información pública sobre su aplicación. "No sabemos cuántas personas han solicitado estas reducciones, cuántas se han concedido, ni cuántas se han denegado. No sabemos absolutamente nada, y eso es inaceptable", manifiesta.

Además, los socialistas alertan de que la ordenanza fiscal no establece expresamente el plazo de vigencia de las reducciones concedidas, lo que obliga a solicitarlas para cada ejercicio en el que se mantengan las condiciones que dan derecho a las mismas, algo de lo que no se ha informado debidamente a la ciudadanía, corriendo el riesgo de que no se soliciten por desconocimiento.

Por último, critican que el aumento del recibo de la basura no haya ido acompañado de mejoras en el servicio.

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