Orihuela recauda 3 millones menos de lo previsto al no subir el impuesto al sector de la construcción

Orihuela mantiene en stand by la actualización de la ordenanza del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que tenía previsto aprobar en 2025 y que se mantiene congelado desde 2008 con un precio unitario de 500 euros que el promotor urbanístico tiene que pagar por metro cuadrado construido de obra nueva, un factor importante en un municipio en el que el sector inmobiliario tiene un gran peso sobre todo en el litoral, donde se construyen del orden de mil viviendas nuevas al año. No en vano, Orihuela encabeza desde la salida de la crisis del ladrillo el ranking de construcción de vivienda nueva y de compra y venta de vivienda nueva y de segunda mano en la provincia de Alicante, junto a Torrevieja.

Así, las arcas municipales han dejado de ingresar 2,2 millones de euros, según los cálculos que se hicieron en los presupuestos del pasado ejercicio, que contemplaban unos ingresos de 4,7 millones que ascenderían a 6,9 al aplicar el nuevo módulo de la futura ordenanza -si entraba en vigor antes del pasado mes de julio-, y que establecería un precio de 797 euros por metro cuadrado, al margen del tipo de vivienda -sea de protección oficial o libre- para todo el término municipal, lo que implicaba una subida de un 60 % con respecto al módulo actual, "totalmente desfasado", indicaba el propio texto. 

Previsiones

Incluso, estas expectativas, finalmente no cumplidas, hicieron que la interventora emitiera un informe de subsanación en el que ponía de manifiesto que "los cálculos de posible recaudación del ICIO se fundamentan en hipótesis no contrastadas y nada realistas". Es más, instaba a reducir la estimación, "en ejercicio del principio de prudencia presupuestaria", ya que la modificación todavía no había iniciado su tramitación administrativa y no era "prudente" calcular que todos los ingresos por ICIO durante la anualidad 2025 lo serán aplicando el nuevo módulo. 

De hecho, esos 2,2 millones podrían superar los 3 millones, teniendo en cuenta que ya las cuentas de 2024 contemplaban unos ingresos por este concepto de 8,8 millones, que en realidad fueron de 2,8 (un 68 % menos). De media, no se ingresa ni el 40 % de lo previsto, según se refleja año tras año en las cuentas públicas y liquidación de los presupuestos municipales.

Retraso

En un esfuerzo para que se aprobara en septiembre, el último mes para que pudiera entrar en vigor y aplicarse a partir del pasado 1 de enero, los servicios municipales de Urbanismo perfilaron el borrador en agosto, dando trasladado a los grupos de la oposición el texto de la nueva ordenanza para que puedan presentar alegaciones, de forma que se aprobara de forma provisional en el pleno de septiembre y definitivamente en octubre o noviembre.

Sin embargo, la propuesta no llegó a buen puerto. Nunca se incluyó en el orden del día e incluso los socios de gobierno del PP, Vox, se abstuvieron en la junta de gobierno. A todo ello se sumó que la patronal de la promoción y construcción de vivienda de la provincia de Alicante (Provia) reaccionó con preocupación ante el proyecto de actualización del ICIO, al considerar que elevar la carga fiscal al sector promotor sería un error porque resta inversión y empleo en Orihuela y comarca, aumenta el precio final de la vivienda y dificulta su acceso a los jóvenes.

Además, sostenía, genera inseguridad jurídica y "ahuyenta inversión", cuando el sector "ya soporta una presión fiscal y normativa muy elevada". La nueva ordenanza, concluía, "coloca a Orihuela en desventaja frente a otros municipios que buscan atraer inversión".

Truncando, así, las expectativas del concejal de Urbanismo, Matías Ruiz (PP), ingeniero con una larga trayectoria de vinculación al sector privado de promoción de vivienda turística, que ya anunció a principios de 2024, en un pleno ordinario, como recogió INFORMACIÓN, la intención del equipo de gobierno de actualizar el impuesto porque, aseguró, el municipio estaba dejando de ingresar del orden de 4 millones de euros anuales con el actual cálculo.

En aquella sesión defendió que la construcción de vivienda nueva en la costa de Orihuela cuesta 1.200 euros el metro cuadrado, 700 más de lo que fija el actual precio de referencia, y negó que la modificación sea una subida, sino "una actualización a los precios reales del mercado porque estamos dejando de recaudar mucho dinero en beneficio del promotor inmobiliario". Incluso, fue más allá y se expresó en términos poco habituales para el respaldo que la Administración local ofrece al sector de la construcción de vivienda turística, asegurando que los promotores "obtienen un gran beneficio en su actividad empresarial".

En efecto, la ordenanza fiscal ya redactada en agosto establece 797 euros por metro cuadrado, 279,64 más que la actual y un 2,18 % más que lo que fija el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), de 780 euros, pero permanece en un cajón.

Bonificaciones

Con todo, desde el PSOE presentaron alegaciones a una propuesta del gobierno que los socialistas han definido como "una medida puramente recaudatoria". Así, proponían una reducción del porcentaje del 4 al 3,50 %, además de aplicar un 1 % para obras de instalación de ascensores en viviendas con antigüedad de 25 años y para todas las obras en el casco histórico, y un aumento progresivo para implementar el nuevo valor de referencia de forma gradual a lo largo de cinco años, con una progresión anual del 9,3 %, para "evitar una subida abrupta". 

En concreto, el primer año desde la entrada en vigor sería de 546,89 euros por metro cuadrado, 597,75 el segundo año y 653,34 y 714 los restantes hasta alcanzar en el quinto año los 780 que fija el IVE.

También añadían varias bonificaciones que la propuesta del gobierno no contempla, incluyendo descuentos de hasta el 95 % para proyectos declarados por el pleno de interés social, cultural o histórico-artístico, instalaciones de energía solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos y para fomentar la vivienda asequible en régimen de Protección Oficial (VPO) y Vivienda Libre, así como del 90 % para obras que mejoren la accesibilidad y habitabilidad de las personas con discapacidad, salvo cuando dichas construcciones, instalaciones u obras sean obligatorias a tenor de la normativa específica de la materia.

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