El Ayuntamiento de Orihuela recula y evita la sanción a la anterior empresa de las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Orihuela finalmente se ha echado para atrás y no impondrá una sanción de 21.000 euros a la empresa que cubrió el servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas del municipio hasta la adjudicación definitiva, un proceso que la propia mercantil llevó al tribunal un mes antes de que el Consistorio le abriera un expediente de multa por unos hechos que no respondían a incidencias puntuales, según los técnicos municipales, sino que se apreciaba un incumplimiento desde el inicio del contrato por parte de Vectoris, la adjudicataria del servicio de personal y mantenimiento de los centros y espacios deportivos del municipio.

En concreto, por no tener la plantilla mínima exigida en el pliego de condiciones, lo que se consideraba una infracción muy grave, al haber un beneficio económico indebido por parte del contratista en perjuicio de lo público. Este tipo de penalidad estaba cuantificada en su grado máximo (10%), en este caso, aplicado al importe mensual de la factura, que era de 210.322. En total, la multa ascendía a 21.032 euros -las sanciones no contemplan IVA-.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha acabado aceptando las alegaciones que ha presentado la empresa, por lo que finalmente no habrá sanción.

Contrato de urgencia

El cese de la actividad de la anterior empresa -Clequali- al presentar concurso de acreedores obligó a improvisar un contrato de urgencia, en octubre de 2024, que acabó adjudicándose a Vectoris solo unos días después, en noviembre, con una oferta económica de casi 2,3 millones de euros por nueve meses -aunque quedando supeditado a la adjudicación del servicio de forma definitiva-, resolviendo así el entuerto ocasionado por la marcha de la anterior concesionaria.

En agosto, se aprobó la primera y única prórroga del contrato de emergencia con una duración de tres meses. También en esa fecha se resolvió la adjudicación del nuevo contrato, pero se paralizó de forma cautelar por el Tribunal de Recursos Contractuales tras analizar el recurso que presentó una de las licitadoras, precisamente Vectoris -a la que luego se le abrió el expediente de sanción que finalmente no se ha impuesto-, sobre los lotes 1 y 2, que al final, tras levantarse la suspensión, recayeron en la mercantil Aossa Global, cubriendo personal deportivo, mantenimiento, escuelas deportivas y actividades del término municipal, por 10.254.194 euros, y en la empresa Serveo Servicios, que gestiona los servicios de control de accesos, información al usuario, conserjería y limpieza por un importe de 3.889.137 euros.

Lo que decía la propuesta de sanción

Los técnicos municipales encargados del control y supervisión del contrato detectaron una serie de irregularidades e incluso mala fe por parte de la adjudicataria al prestar el servicio con una plantilla menor a la exigida sin ninguna justificación y de forma reiterada desde el inicio del contrato, aunque la propuesta de sanción llegó en septiembre, ya casi cuando estaba a punto de culminar la contrata.

Por ejemplo, decía el informe, no se cubrió desde el comienzo la plaza de técnico responsable de eventos deportivos ni se sustituyeron bajas que se prolongaron en el tiempo en los plazos previstos en diferentes puestos como en conserjería, administración y mantenimiento, lo que supuso una grave merma en los servicios prestados en cuanto a seguridad, atención al público y desarrollo de las actividades en centros deportivos como el Palacio del Agua.

No en vano, la naturaleza del contrato recaía sobre todo en personal, siendo la carga de los recursos humanos un 70% del presupuesto, por lo que se traducía en que al reducir los costes salariales la mercantil aumentaba su margen de beneficio.

De esta forma, se concluía que todo ello afectaba también de forma directa a los usuarios de un servicio público esencial, con una población potencial de 15.000 vecinos de Orihuela, la Costa y pedanías, la mayoría consideradas poblaciones vulnerables: menores de edad y mayores, personas con discapacidad o patologías crónicas, quienes dependen de programas de ejercicio físico adaptados.

El nuevo servicio arrancó el 1 de noviembre por un importe de 14,1 millones de euros y una duración de tres años, prorrogable por dos más, con mejoras como la actualización de maquinaria, la ampliación de horarios con la apertura de instalaciones los domingos por la tarde, el incremento de horas de trabajo del personal y la asunción por parte de las empresas de servicios como los reconocimientos médicos de los usuarios o el arbitraje escolar, entre otras.

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