El adjudicatario de las escuelas deportivas de Rojales subraya que gestiona el servicio según las indicaciones de los técnicos

El adjudicatario del contrato de las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Rojales ha querido aclarar en una nota de prensa "ante la polémica generada en torno a la forma de pago de los servicios deportivos municipales" de manera "precisa y objetiva" el papel de la empresa contratada que está, a su juicio, "siendo injustamente situada en el centro de un debate que no le corresponde".

La empresa adjudicataria del servicio de gestión deportiva municipal asegura que "no tiene ninguna responsabilidad en la decisión sobre si el Ayuntamiento debe abonar dichos servicios en función del número de personas inscritas o en función de los servicios efectivamente prestados".

Esta cuestión deriva exclusivamente de la interpretación del pliego de condiciones administrativas y "corresponde única y exclusivamente al ámbito político y técnico del Ayuntamiento de Rojales".

Controversia

La controversia existente se produce entre los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista, que mantienen interpretaciones distintas sobre la aplicación del citado pliego. "Se trata, por tanto, de una discrepancia política y administrativa que no guarda relación alguna con la actuación de la empresa concesionaria", reitera.

La empresa explica que está cumpliendo de forma "íntegra y rigurosa con todas las obligaciones que le atribuye el contrato, limitando su responsabilidad a la prestación de los servicios deportivos exigidos en el pliego y en las condiciones establecidas". En ningún caso interviene ni puede intervenir en la definición o interpretación del modelo de pago adoptado por la administración local.

Dejar constancia

Asimismo, para la misma fuente "resulta imprescindible dejar constancia" de que la empresa "debe quedar al margen de esta disputa política. Su actuación se ajusta a la legalidad vigente y a los términos contractuales, sin que exista fundamento alguno para cuestionar su proceder".

Para la adjudicataria es necesario situar esta polémica en el lugar que le corresponde: un debate político interno sobre la interpretación del contrato, ajeno por completo a la empresa que presta el servicio.

La polémica a la que se refiere el prestador del servicio parte de una denuncia presentada por la oposición del Partido Popular ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) y que la entidad independiente, tras reclamar información sobre el asunto, ha decidido investigar.

Los pliegos de condiciones del contrato señalan que el servicio debe abonarse en función del número de alumnos matriculados, según señalan los populares.

Sin embargo, los funcionarios del área de Contratación y Deportes, con el visto bueno del delegado de Deportes, están facturando todos los meses cantidades fijas.

La empresa ya señaló que el número de monitores, definido en el contrato, es el mismo al margen del número de alumnos.