Lío en la Policía Local de Callosa de Segura: el jefe policial ordena retirarle el arma a un agente de baja y se la quitan a otro por error

Polémica en la Policía Local de Callosa de Segura. Un agente se encontró el pasado 26 de enero, al incorporarse a su servicio, con su casillero del armero vacío: su arma reglamentaria, la caja de depósito y la guía habían desaparecido. Según denunció este jueves el Sindicato de Policía Local (SPPLB), la explicación proporcionada por el Intendente Jefe de la Policía que ordenó esa retirada revela un error en la gestión del armamento: un subordinado se equivocó de agente y retiró el arma a un funcionario distinto al que estaba previsto.

Casillero vacío

Cuando el agente se encontró con el casillero vacío al iniciar su turno se lo comunicó al jefe de servicio, que inmediatamente notificó la incidencia al Puesto Principal de la Guardia Civil al desconocer en ese momento el paradero de la pistola desaparecida. Se denunció para que la Guardia Civil investigara y en previsión de cualquier uso ilícito que pudiera hacerse con el arma desaparecida. Además, se informó al Intendente Jefe Juan Antonio Sánchez Pérez, responsable de la custodia y depósito del armamento, según un comunicado del mismo sindicato.

La misma fuente recuerda que existen cámaras de videovigilancia dentro del armero policial que podrían esclarecer lo sucedido, por lo que ha solicitado por escrito a la alcaldesa Amparo Serrano una investigación inmediata

Según recoge la denuncia sindical, el Intendente Jefe justificó la desaparición alegando que se trató de un "error de uno de sus subordinados". La orden original era retirar el arma a un agente que se encontraba de baja por incapacidad temporal. Sin embargo, quien ejecutó la orden se equivocó de casillero y sustrajo el arma del agente ahora afectado, afiliado al SPPLB.

"No es un despiste"

Para el sindicato, este hecho "no es un simple despiste", sino evidencia de una situación "insostenible" que aumenta la sensación de descontrol en la dirección de la Policía Local. El SPPLB subraya la gravedad de que el Intendente delegue en terceros "acciones indelegables de alta responsabilidad", como era este caso. Además, critican que para ejecutar dicha orden se haya cometido un supuesto "ilícito" mediante la revelación de datos personales protegidos, como es el estado de salud de un funcionario, información que fue puesta en conocimiento de terceros sin autorización.

El agente perjudicado ha manifestado "su desconcierto" ante la falta de transparencia. Hasta el momento, no se le ha informado sobre quién manipuló su arma ni durante cuánto tiempo estuvo fuera de su supervisión. Ante las preguntas del afectado, el Intendente, según la versión sindical, se limitó a responder que daría explicaciones "a quien él considerara".

El sindicato asegura en el mismo comunicado que el Intendente no tiene potestad para disponer o manipular las armas, ya que son responsabilidad exclusiva de los agentes. Además, consideran que la retirada del arma -incluso la del agente enfermo que motivó la orden- se realizó sin comunicación previa y sin respetar los plazos legales exigidos.

Investigación

A su juicio, estiman como posible que el Intendente haya incurrido en un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público. Finalmente, se le ha devuelto el arma al agente y retirado al inspector, ahora sí, tras una notificación.

Esta denuncia se produce en un contexto en el que el mismo sindicato ha denunciado supuestas irregularidades y el clima de conflictividad generado supuestamente por el regreso del jefe policial, tras una comisión de servicios y unas declaraciones en la televisión local del concejal de Seguridad, Javier Pérez, sobre la actitud laboral de los agentes que no han ayudado a calmar las aguas y en las que el edil se extendió durante 20 minutos.

Medidas cautelares

La organización sindical exige la adopción de medidas cautelares para cesar "el hostigamiento" que, según denuncian, sufren los afiliados, y reclama que se aplique el régimen disciplinario una vez se aclaren las responsabilidades. También han pedido el concejal de Policía, Javier Pérez Trigueros, que aborde la problemática, ya que, pese a mostrar su disposición, afirman que aún no se ha reunido con los representantes sindicales.

La Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer la desaparición y la manipulación del arma reglamentaria.

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