El juzgado condena al Ayuntamiento de Orihuela a mil euros en costas, y Cs reclama a Vegara que los pague de su bolsillo

El bipartito de Orihuela creó la semana pasada la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que tenía pendiente desde el inicio del mandato, cuando se le venía encima una sentencia que estaba al caer a raíz de una denuncia de Ciudadanos.

Una puesta en marcha obligatoria por ley, y ahora también por decisión de un juez, porque, en efecto, el juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Elche ha estimado que se trata de un órgano preceptivo en el Ayuntamiento, que está regulado no solo por la legislación, sino también por el Reglamento Orgánico de Orihuela, constatando que no se ha convocado aunque se acordara su constitución en julio de 2023, al inicio del presente mandato.

El Consistorio ya ha dado cumplimiento con su constitución formal, si bien ahora tiene que empezar realmente a funcionar y a desarrollar su cometido, que es recoger las quejas y sugerencias de los vecinos, tratarlas en reuniones de la comisión trimestralmente y elevarlas al pleno al menos una vez al año en un informe que tiene que elaborar la propia comisión.

La semana pasada se acordó que la presidencia recayera en Anabel García (Vox), pero "no hay noticia alguna de cómo se va a convocar de nuevo, ni de cómo van a poner en marcha los mecanismos de recogida y tratamiento de quejas y sugerencias de los vecinos, ya que la comisión es el instrumento, pero el protocolo de gestión debe activarlo el gobierno local, y fundamentalmente Vox, que tiene la presidencia, y que ya votó en su día que no a, precisamente, poner en marcha esta comisión", manifiesta José Aix, portavoz de la formación naranja.

Imposición de costas

El juzgado impone, así, las costas al Ayuntamiento, por valor de 500 euros, al igual que ocurrió con el despacho en el Consistorio que Ciudadanos reclamaba desde el inicio del mandato y que se le concedió el pasado verano, también poco antes de que llegara una sentencia, con la imposición de otros 500 euros.

Por ello, Aix avanza que el grupo municipal va a reclamar a Pepe Vegara que abone de su bolsillo las costas procesales de estos procedimientos, porque "la inactividad municipal denunciada es una decisión (o realmente una omisión) que precisamente le corresponde a él como alcalde, dado que es su competencia poner en marcha la comisión de sugerencias y reclamaciones, o en el otro caso dar un despacho a un grupo municipal". A su juicio, el no haberlo hecho a tiempo ha hecho que "todos los oriolanos tengan que hacerse cargo a través del Ayuntamiento de las costas procesales".

Esta sentencia, apunta el edil, es una buena noticia, sobre todo para los oriolanos, porque "el juez pone en su sitio a un gobierno de PP y Vox, que está negando un instrumento de transparencia municipal como es la comisión de sugerencias, que realmente es el cauce de la ciudadanía para plantear sus reclamaciones por el mal funcionamiento en su caso de la Administración local".

Y es también "una constatación de que Cs tenía razón desde el inicio de mandato, cuando venía reclamando que se pongan en marcha los mecanismos de participación y transparencia que la ley exige", añade Aix, que también subraya que "es fácil, obviamente, que salgan maravillosas las encuestas del Observatorio de Orihuela, que puso en marcha Vox, cuando no hay una comisión de sugerencias y reclamaciones que recoja las quejas de los oriolanos sobre las deficiencias de los servicios públicos municipales".

Otras demandas

La formación también tiene en el juzgado sendas demandas para que se constituya, por un lado, el Consejo Social de la Ciudad, y por otro, que se cree el órgano resolutorio de las reclamaciones económico-administrativas (tribunal económico-administrativo municipal), "dos órganos igualmente obligatorios por ley que PP y Vox se niegan a crear", explica Aix. 

El segundo, además, es el que debería estar analizando los recursos contra, por ejemplo, la tasa de basuras, así como cualquier otro tributo municipal, que el Ayuntamiento actualmente deriva directamente a SUMA, con la paradoja de que el mismo órgano que establece el impuesto resuelve la impugnación del recurso contra el mismo, algo que "es absolutamente ilegal", concluye el concejal.

Suscríbete para seguir leyendo