El PP reclama en el Congreso blindar la seguridad de las presas frente al envejecimiento y la falta de inversión

El grupo parlamentario del Partido Popular presentó el viernes ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición no de ley orientada a garantizar la seguridad y la explotación de las presas en España. La iniciativa reclama establecer un marco "urgente" de actuación que corrija lo que los populares describen como un déficit estructural en el mantenimiento, la conservación y la gestión humana de las infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal -375 de las más de 2.400 con las que cuenta España-.

La propuesta ha sido impulsada por un grupo de diputados nacionales, encabezados por los alicantinos Joaquín Melgarejo, gran conocedor de las infraestructuras hídricas y su repercusión económica, y César Sánchez, quien fuera presidente de la Diputación Provincial. Ambos consideran importante la iniciativa en el actual contexto marcado por la creciente frecuencia de episodios hidrológicos extremos, como la dana de València, y tras un periodo en el que, según mantiene la propuesta popular, se ha "producido un abandono sistemático de estas instalaciones críticas".

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Riesgo para la población

El dato más relevante en términos de seguridad civil es la exposición de la población al riesgo de rotura. Se destaca específicamente que más de un millón de personas residen en zonas de riesgo grave en el arco mediterráneo. La falta de planes de emergencia en el 75% de las presas multiplica este peligro ante avenidas o episodios de lluvias intensas.

La exposición de motivos del texto sitúa el contexto en la relevancia estratégica de estas infraestructuras. España dispone de más de 2.400 presas, de las cuales 1.000 son grandes presas que regulan más de 2.300 embalses con una capacidad superior a 61.000 hectómetros cúbicos. El Estado ostenta la titularidad de 375 de estas instalaciones, clasificadas mayoritariamente como tipo A por el riesgo potencial que supondría su fallo. A pesar de su valor patrimonial estimado en 25.000 millones de euros y los beneficios económicos superiores a 35.000 millones, el documento señala un envejecimiento del parque cuya edad media supera los 55 años. Esta antigüedad incrementa las exigencias de mantenimiento, auscultación y modernización para adaptarse a los estándares de seguridad actuales.

Los firmantes de la iniciativa ponen el foco en la seguridad pública y en el riesgo para la población. El texto indica que solo en las comunidades autónomas del arco mediterráneo más de un millón de personas viven en zonas de riesgo grave por la posible rotura de una presa. Como ejemplo de esta vulnerabilidad, se cita el incidente ocurrido el 29 de octubre de 2024 con el riesgo de rotura de la presa de Forata en la provincia de Valencia.

A esta situación se suma otro dato: el 75% de las presas en España no cuenta con un plan de emergencia implantado. Los expertos estiman que sería necesario invertir entre 250 y 500 millones de euros anuales en conservación y seguridad, mientras que la inversión media en el periodo 2023-2025 asciende a 80 millones de euros anuales. Un 60% de las presas estatales requieren una actuación urgente y un 42% necesita mejoras a corto plazo en seguridad hidrológica o estructural. 

Auditoría

Para abordar esta situación, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a impulsar un plan urgente que articule varias medidas interconectadas. La iniciativa demanda la realización de una auditoría técnica exhaustiva que evalúe el estado de estabilidad, seguridad y conservación de las instalaciones, sirviendo esta revisión como base para priorizar las inversiones necesarias que aseguren su operatividad plena. Simultáneamente, el texto pone énfasis en el capital humano, solicitando reforzar el personal de los servicios de explotación de las Confederaciones Hidrográficas. Se pide adecuar las plantillas a las necesidades reales del servicio y organizar correctamente las guardias y turnos para asegurar una atención continua en estas infraestructuras críticas.

Financiación

En el ámbito financiero, la propuesta exige incrementar y estabilizar la dotación presupuestaria destinada al mantenimiento hasta alcanzar los estándares técnicos necesarios, evitando que la seguridad dependa del sobreesfuerzo del personal. Vinculado a esto, se pide aprobar a la mayor brevedad un Programa Presupuestario de Mantenimiento de Presas adscrito a los Presupuestos Generales del Estado, específico para las presas de titularidad estatal, que permita corregir de manera inmediata y sostenible las deficiencias existentes. La modernización tecnológica también ocupa un lugar central, requiriendo garantizar el funcionamiento de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) las 24 horas del día.

Además, la iniciativa propone movilizar un marco financiero de recursos europeos vinculados a inversiones en infraestructuras críticas. Finalmente, para blindar legalmente estas actuaciones, se sugiere modificar el Texto Refundido de la Ley de Aguas, incorporando de manera expresa entre sus principios rectores la seguridad de las personas y la obligación de dotar los recursos necesarios para garantizarla.

Un punto crítico es la gestión del personal. A pesar de un Plan Estratégico de Recursos Humanos aprobado en 2021 que prometía 381 efectivos más para las Confederaciones Hidrográficas, el balance real es una pérdida neta de 250 efectivos. Esto ha incrementado la carga de trabajo y el riesgo profesional, limitando la capacidad para ejecutar mantenimiento preventivo esencial.

Fondos europeos

El texto critica la gestión de los fondos europeos. Se mencionan específicamente el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los fondos FEDER, el Fondo de Cohesión y el FEADER, además del Banco Europeo de Inversiones. La escasa utilización de estos instrumentos para la seguridad de presas se considera una oportunidad perdida para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.

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La liquidación del presupuesto del Estado de 2024 mostró que, aunque se presupuestaron más de 38.700 millones de euros para inversiones, la ejecución real dejó sin invertir un 23%, lo que supone cerca de 9.000 millones de euros sin aplicar en infraestructuras.

La finalidad última de la iniciativa presentada por Melgarejo, Sánchez y el grupo popular, explican los ponentes, es asegurar la continuidad de un modelo de explotación seguro y duradero. Su propuesta enfatiza que no se trata solo de reparar infraestructuras, sino de preservar el patrimonio hidráulico y proteger el interés general. La modificación de la Ley de Aguas, que también destacan, busca elevar la seguridad de las personas obligando legalmente al Estado a mantener los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios.

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