La ampliación del Palacio de Justicia de Orihuela sigue pendiente de la cesión de los terrenos casi una década después

La ansiada ampliación de los juzgados de Orihuela, que se viene anunciando desde 2017, tendrá que seguir esperando. En el horizonte se vislumbra como "expectativa ambiciosa" acabar la legislatura con la licitación finalizada, según reconoció este martes la consellera de Justicia, Nuria Martínez durante su visita a la localidad.

Es el principal asunto pendiente por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat administraciones. La exconsellera Salomé Pradas ya dijo en 2024 que las obras comenzarían este 2026 -antes ya se había dicho que sería en 2024-, confiando en que era cuestión de semanas que se materializara por parte de la Administración local la cesión de las parcelas adyacentes al Palacio de Justicia, de forma que en 2025 se adjudicaría la actuación. Pero dos años después, la tramitación se encuentra en el mismo punto: "Estamos pendientes de la cesión de los terrenos a la Generalitat", manifestó Martínez, que incidió en que "la burocracia es excesivamente lenta".

Ya va casi una década de espera. La cesión de estos solares por parte del Consistorio estaba prevista en el convenio firmado entre la Generalitat y el Ayuntamiento en 2017, por el que la Administración autonómica efectuaba la compra del Palacio de Justicia, de titularidad municipal, y a cambio el Ayuntamiento cedería varias parcelas anexas para realizar la ampliación de las instalaciones judiciales.

Un proceso administrativo largo y laborioso que finalmente se efectuó en 2020 cuando ambas administraciones alcanzaron un acuerdo por el que el Consell adquiría por 4,7 millones de euros la sede judicial con el fin de casi duplicar las instalaciones, pasando de los 3.900 metros cuadrados actuales a 7.500, un paso fundamental para acabar con la situación de hacinamiento que se arrastra y que obliga a tener órganos judiciales fuera del edificio, con lo que ello supone de merma de seguridad.

El objetivo: dotar a la ciudad y a su partido judicial, que abarca 21 municipios de la Vega Baja con una población total que supera las 234.000 personas, de unas instalaciones dignas que albergaran todos los servicios en una sede única.

Terrenos

El Consistorio cedería a la Generalitat dos solares colindantes de su propiedad y compraría otras parcelas pertenecientes a particulares para acometer la ampliación, una en la propia plaza de Santa Lucía, que el Ayuntamiento empezó a tramitar a finales de 2022 y se materializó un año después, y otra en la contigua calle de la Cruz, por casi 27.300 euros.

Así, la previsión era que la dichosa cesión estaría resuelta en 2023. Pradas, incluso, dijo hace dos años que había una asignación de 4 millones de euros para la ampliación, una partida que ahora Martínez dice desconocer, al mismo tiempo que insistió en que la conselleria tiene "un interés prioritario en que esto pueda ser una realidad cuanto antes", porque "es una infraestructura muy necesaria" para la comarca.

Recapitulando, "son cuatro solares que están en el entorno de los juzgados, y hay tres terrenos que ya están a nombre del Ayuntamiento", explicó el alcalde, Pepe Vegara, que añadió que falta un trámite, "prácticamente terminado", para que una cuarta parcela también forme parte del patrimonio municipal. "En ese mismo momento se cerrarán las cesiones y podremos empezar a trabajar", aseguró, pero "en política y sobre todo en la Administración pública los plazos son los que son", se excusó sin dar plazos.

Con esta reforma se pretende albergar los 12 juzgados de la localidad, que por falta de espacio en la sede judicial de la ciudad están repartidos en los locales de la plaza de Santa Lucía y en la calle Nova. Así, no hay lugar, por ejemplo, para integrar la Oficina para la Asistencia a las Víctimas del Delito y la Unidad de Valoración Integral Forense, la cámara Gessell -para preservar los testimonios protegidos- ni dependencias apropiadas para los colegios de abogados y procuradores. Dos de los juzgados están desplazados en un bajo en condiciones que no son idóneas, algo que iba a ser provisional, pero que lleva años así.

Una esperada ampliación que ya se vislumbraba el mismo día que el Palacio de Justicia se abrió: todos los abogados y procuradores advirtieron entonces que aquel solar cedido por el Ayuntamiento y pagado por el municipio, siendo alcalde José Manuel Medina, se quedaría corto con el paso del tiempo. 

Nueva plaza

Asimismo, Martínez hizo hincapié en que Orihuela contará con un nuevo juzgado de Primera Instancia dentro de la asignación de nuevas plazas judiciales por parte del ministerio, que era "un compromiso firme del Consell desde el primer momento, y hemos hecho esta reivindicación con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial".

Después, la consellera se desplazó al Palacio de Justicia para constatar "las necesidades" que se puedan acometer hasta que llegue la ampliación, reuniéndose con jueces, letrados y funcionarios para conocer los detalles de la implantación de los tribunales de instancia en este partido judicial, para poder incorporar mejoras en su funcionamiento.

También mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Colegio de Abogados de Orihuela para abordar las necesidades del colectivo profesional.

Juzgado de Aguas

Además, José Bernabé, juez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, impuso a Martínez el blusón huertano y el pin de oro de la institución, la mayor distinción que este juzgado entrega y que supone el reconocimiento a personas o entidades que han destacado por su apoyo a la justicia, sostenibilidad hídrica y defensa de las tradiciones, haciéndola además vocal honorífica de este tribunal consuetudinario con más de 750 años de historia, que administra los regadíos tradicionales de la Vega Baja e imparte justicia en materia de aguas desde hace mil años.

La consellera destacó el valor de los tribunales consuetudinarios como ejemplo de justicia cercana y eficaz, y recordó que "la Comunitat Valenciana cuenta con tres instituciones de este tipo que forman parte de su patrimonio jurídico e histórico".

En esta línea, subrayó que "la Generalitat ha apoyado el mantenimiento y promoción de esta institución mediante distintas líneas de subvención, con una aportación de más de 70.000 euros entre 2023 y 2025 destinada a garantizar su funcionamiento y conservación".

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