El juicio por delito ambiental a los Fenoll desvela contaminación por metales pesados en las basuras enterradas en fincas agrícolas de La Murada

Un caso sin precedentes en Europa. Los peritos que comparecieron este viernes en la sección séptima de la Audiencia Provincial, donde se juzga a los miembros de la familia Fenoll por un delito medioambiental por enterramiento ilegal de un millón de toneladas de residuos en suelos agrícolas de La Murada entre 2008 y 2012, ratificaron el contenido altamente contaminante de las basuras soterradas.

Una contaminación derivada no solo de la presencia de los residuos enterrados, sino también, y de manera especial, por la generación de lixiviados con elevadas concentraciones de metales pesados de origen industrial, debido a la circulación subterránea de los drenajes agrícolas por las parcelas afectadas. Aunque los expertos, que comparecieron a petición de la Fiscalía Anticorrupción, descartaron, a falta de estudios en profundidad, que esa toxicidad haya sido retenida por los suelos.

Los técnicos explicaron con claridad el potencial impacto sobre el medioambiente y sobre la salud de las personas de estas sustancias tóxicas presentes en la zona, entre otras mercurio, cobre y níquel, tal y como se recoge en los informes elaborados durante la investigación de los hechos.

Desde el primer día

Contundente fue la declaración realizada por el experto perito del Ayuntamiento de Orihuela, a preguntas del presidente del tribunal, Francisco Saravia, sobre la necesidad de descontaminación de los terrenos, que debería haberse realizado "desde el primer día", retirando miles de toneladas de basura y restaurando el área. En algunas catas la acumulación de desechos de todo tipo -incluyendo residuos biosanitarios-, supera los seis metros de profundidad límite para que la maquinaria de extracción trabaje con seguridad. Si no se ha hecho es probablemente por el enorme coste económico de la operación y el enorme tamaño de la superficie afectada. Los enterramientos se extienden sobre medio millón de metros, pero la contaminación por lixiviados podría ser mayor.

El testimonio de los especialistas en biología y química contratados por la Generalitat en 2014, detalló los resultados de los análisis practicados sobre el terreno. Los lixiviados de las muestras recogidas en las fincas de La Murada contaminadas, contienen una elevada proporción de metales pesados diferentes a los generados habitualmente en un vertedero ordinario, sino que se trata de una mezcla de componentes industriales asociados directamente con el vertido.

Un cóctel tóxico que motivó un elocuente comentario personal por parte de una de las especialistas: "Yo no me tomaría un zumo de limones" de las parcelas contaminadas con residuos en La Murada. Preguntada por el Fiscal Anticorrupción sobre si la contaminación pone en riesgo la salud de las personas, matizó que "sin duda", desde un punto de vista científico, existe un riesgo al medio ambiente y a las masas arbóreas -los cultivos de regadío-, y el informe determinó una contaminación evidente de los lixiviados, pero el suelo analizado técnicamente no era residuo.

Fincas contaminadas y protestas vecinales en La Murada, donde se enterraron un millón de toneladas de basura en terrenos agrícolas entre 2005 y 2011

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Los acusados

En el banquillo se sientan tres miembros de la familia Fenoll, a quienes, junto a dos empresarios y un exconcejal del PP, se acusa de un delito continuado contra el medio ambiente. La Fiscalía reclama siete años de cárcel para el empresario Francisco Poveda, propietario de las fincas, y cinco años para el resto de acusados: el hijo del empresario de las basuras oriolano, Antonio Ángel Fenoll; el hermano de este, Francisco Fenoll Pérez, y su sobrino, Ángel Javier Fenoll Pastor, según la acusación pública, encargados de ordenar y distribuir la carga de los camiones y de señalar los puntos de excavación. También se solicitan cinco años para el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, quien supuestamente coordinaba las descargas, y para el empresario que realizaba el movimiento de tierras para ocultar la basura, José Vera López.

Un biólogo y técnico agrícola indica al tribunal que las basuras debieron retirarse "desde el primer día"

El empresario oriolano Ángel Fenoll, principal investigado en la causa y gerente del vertedero cuando se denunciaron los hechos, no está siendo juzgado tras determinar el Tribunal su incapacidad por enfermedad. El juzgado sobreseyó su investigación hace un año.

Biosanitarios

"No hay precedentes de algo así ni en España ni en Europa", señaló con rotundidad el perito del Ayuntamiento. "No se entiende que pasado tantísimo tiempo no se haya actuado. Que los lixiviados sigan estando ahí porque el riesgo de contaminación a las personas y el medio ambiente sigue siendo evidente".

Cáncer

El mismo perito del Ayuntamiento, biólogo e ingeniero técnico agrícola oriolano señaló, a título personal, que considera que la mayor prevalencia de casos de cáncer en la pedanía oriolana de La Murada respecto a otras zonas de la Vega Baja y la provincia de Alicante puede estar relacionada con esta contaminación. Una declaración subjetiva que, reiteró, carecía de datos científicos, pero exponía para que fuera abordado su estudio. Las defensas, fue el caso de los letrados Mauricio Fernández y Manuel Almarcha, cuestionaron esta declaración por ser, a su juicio, meramente especulativa. También pusieron en duda los mismos abogados la objetividad del perito por el hecho de que su labor en el Ayuntamiento de Orihuela se llevó a cabo en calidad de asesor externo en un momento determinado de la gestión municipal.

"Yo no me bebería un zumo de esos limones", señaló una bióloga experta en química que realizó los análisis de los lixiviados y halló níquel y mercurio en los restos

El mismo técnico incidió en el peligro real de contaminación para el medio que supone la presencia de cientos de miles de toneladas de residuos y apuntó como posibilidad que los limones que crecen en esos bancales, "probablemente" estén contaminados y entren el circuito comercial "sin ningún tipo de control". El "problema grave", señaló, son los lixiviados, aunque habría que realizar más análisis para saber cuál es el grado". "El daño se desconoce, pero el riesgo es evidente", precisó el perito a preguntas del abogado Federico Ros, que ejerce la acusación en nombre del Ayuntamiento de Orihuela. El Ayuntamiento denunció el caso en 2012 en paralelo a la investigación que llevó a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional, bajo secreto de sumario desde 2008 como una pieza separada del caso Brugal.

Imprecisión, compost y periodo de vertido

Las defensas insistieron en el argumento de que los residuos contaban con tratamiento previo a su vertido como compost y cuestionaron la fase pericial de la acusación por su inconcreción y falta de rigor científico -al carecer de continuidad y un análisis exhaustivo en el tiempo-, incidir en el hecho de que no se puede precisar el momento en el que se llevaron a cabo los enterramientos, y cuestionar que la presencia de residuos biosanitarios, que confirmaron tres de los peritos, no era determinante en volumen, ni estaba determinado si su origen era doméstico u hospitalario.

La abogacía de la Generalitat, que ejerce también la acusación en este procedimiento y será la Administración que con toda probabilidad asumiría en caso de condena de forma subsidiaria el coste de la restauración millonaria de los terrenos, como ya es habitual, no llegó a intervenir en la audiencia pública.

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