La Generalitat tumba un plan urbanístico impulsado por el Ayuntamiento de San Miguel que iba a ocupar con casas 26.000 metros cuadrados de una rambla

La Generalitat ha tumbado un plan urbanístico sobre suelo inundable en San Miguel de Salinas. Había sido validado por el equipo de gobierno del PSOE a petición de varias firmas constructoras y contaba con todos los informes favorables de los funcionarios municipales. El proyecto, según informó la Asociación de Vecinos de San Miguel, incluía la construcción de 76 viviendas y un supermercado sobre 26.000 metros cuadrados.

Fue la primera operación urbanística realizada por el actual equipo socialista en 2020, tras su llegada al gobierno municipal y en ella se tramitó la recalificación de un sector de suelo no urbanizable mediante la aprobación del Plan Parcial SUS-R4 UEF Blue Lagoon. La urbanización proyectada se ubica en una vaguada del terreno de fondo plano, que presenta elevado riesgo de inundación, lo que la cartografía del Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación (Patricova) denomina riesgo geomorfológico. Se encuentra limitada al norte por la calle Las Filipinas, al sur por el área liminal del casco urbano -sin finalizar-, al oeste por el colegio privado Villamartín y al este por la calle El Escorial.

Tramitación municipal

El plan parcial superó sin obstáculos la tramitación previa municipal, procedimiento en el que se desestimaron las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinas y Vecinos "San Miguel Arcángel" que advertían sobre los riesgos de inundación del área tanto en el sector como aguas abajo, donde se ubica el campo de golf Villamartín, perteneciente al término municipal de Orihuela.

Fue aprobado por mayoría en el pleno municipal con todos los informes técnico-jurídicos favorables de los funcionarios, que no apreciaron el riesgo geomorfológico de inundación pese a estar marcado con claridad en los mapas del Patricova desde 2003 y en su revisión de 2015. Finalizada la tramitación municipal, en noviembre de 2021 fue remitido a la Conselleria para que emitiese la evaluación ambiental estratégica.

En 2025, sin embargo, el Diario Oficial de la Generalitat publicó el informe ambiental desfavorable del Plan Parcial de mejora del Sector SUS-R4 «U.E.F Blue Lagoon» argumentando con rotundidad que la normativa del Patricova prohíbe, como alegó en su día la Asociación de Vecinos, la reclasificación de Suelo No Urbanizable afectado por peligrosidad de inundación como Suelo Urbano o Suelo Urbanizable.

La resolución señala, además, que el terreno actúa como un "puente verde" que permite el paso de fauna y la circulación natural del agua entre zonas residenciales y que urbanizarlo rompería esa conexión ecológica, afectando al paisaje y a la infraestructura verde del territorio. Tal y como figura en las últimas resoluciones del ámbito urbanístico que está emitiendo la Generalitat, se señala que la comarca de la Vega Baja ya sufre escasez de recursos hídricos y el proyecto no aportó datos claros que indicaran las necesidades de abastecimiento de agua que tendrían las viviendas y las zonas comerciales previstas, ni de dónde saldría el agua a largo plazo.

La justificación ofrecida por los técnicos municipales para validar la propuesta del promotor era que se trataba de un suelo que forma una "isla" sin edificar y, por lo tanto, a "consolidar". La zona donde estaba prevista la actuación urbanizadora para "colmatar" lo que quedaba por urbanizar, Blue Lagoon, es uno de los residenciales más caóticos y peor dotados de equipamientos de la Vega Baja.

Convenios y sentencias

El plan de los promotores proyectaba construir decenas de viviendas y un supermercado de 6.000 metros cuadrados. Hacían valer unos convenios urbanísticos que obligan al municipio a compensarles -aportaron en su día suelos de equipamiento-, y el hecho de que los terrenos sí aparecieran como urbanos en el Plan General de Ordenación Urbana. El Tribunal Supremo tumbó, sin embargo, ese Plan General que contemplaba autorizar la construcción de 40.000 viviendas, por insostenible. Los empresarios justificaban, además, la reclasificación en que sus fincas -que están obligados a mantener en condiciones- son foco «de maleza y suciedad».

La legislación urbanística valenciana pide evitar los nuevos desarrollos en zonas de riesgo de inundación significativo. También el Patricova establece que la planificación urbanística «no podrá dar lugar a un incremento del riesgo de inundación» y sobre todo «en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable». En los terrenos aportados por los promotores, esgrimidos ahora para obligar y condicionar al municipio a compensar con suelo urbano -un acuerdo que se remonta a hace más de 15 años-, se ejecutó una rotonda con una inversión de 400.000 euros. El Ayuntamiento ocultó la identidad de los promotores tachándola de los expedientes de información pública amparándose en la Ley de Protección de Datos.

En la planificación urbanística actual de San Miguel de Salinas se planificaron equipamientos sin señalar el riesgo en la cabecera de esta vaguada, mientras que el planeamiento de Orihuela lo determina como el trazado de un barranco.

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