Orihuela adjudica a Bus Sigüenza el transporte urbano de las pedanías

El Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado a Bus Sigüenza el contrato de emergencia de las únicas cuatro líneas de transporte urbano que actualmente prestan servicio a las pedanías de Hurchillo, Arneva, La Aparecida, Raiguero de Bonanza, Molins, Montepinar y La Matanza.

A finales de enero, el Consistorio licitó este contrato como una medida in extremis para garantizar la continuidad del servicio por 508.320 euros para un máximo de dos años, que es el límite que se fija hasta la adjudicación del nuevo contrato ordinario.

Dos empresas se presentaron al concurso. Sanfiz con una oferta económica por el mismo importe que el presupuesto base de licitación, mientras que Bus Sigüenza ofertó 462.109 euros, lo que supone una rebaja de 46.211 euros, lo que le ha permitido hacerse con el concurso.

En Orihuela, los tráficos urbanos movilizan más de 1.500 viajeros diarios, principalmente entre las pedanías y el casco urbano, y afectan directamente a más de 22.000 habitantes distribuidos en casi 30 pedanías.

La Concejalía de Transportes justificó la necesidad de este contrato porque estas cuatro líneas constituyen la única conexión para miles de vecinos de pedanías que usan el autobús diariamente para acceder al casco urbano y a servicios de primera necesidad como centros de salud, el Hospital Vega Baja, centros educativos y dependencias administrativas, por lo que su cese supondría un aislamiento de amplias zonas rurales y la pérdida del derecho a la movilidad y a la igualdad territorial, especialmente para personas mayores, estudiantes, trabajadores, enfermos crónicos, personas sin vehículo privado y familias con escasos recursos económicos.

La Generalitat Valenciana comunicó en agosto al Ayuntamiento que, a partir del 22 de noviembre, dejaría de prestar los servicios internos municipales, que hasta ese momento se venían cubriendo mediante un contrato de emergencia, que se suscribió en junio de 2024 como medida temporal para garantizar la continuidad del transporte público interurbano y urbano en el ámbito territorial de la Vega Baja, incluyendo los tráficos internos del municipio oriolano.

Esta comunicación, dice en el propio expediente municipal, genera un vacío competencial y operativo inmediato, al dejar sin cobertura las líneas de titularidad municipal -el transporte público urbano constituye una competencia propia y obligatoria de los municipios de más de 50.000 habitantes-.

Prórroga denegada

A su vez, el Consistorio solicitó en septiembre una prórroga excepcional durante un año mientras se tramita el nuevo proyecto municipal de transporte. Petición que la conselleria rechazó, generándose, continúa el documento, una interrupción inminente y sobrevenida del servicio público urbano de transporte de viajeros, que afecta directamente a más de 83.000 habitantes, incluidos numerosos núcleos rurales y diseminados cuya única alternativa de movilidad es el autobús municipal.

En octubre, la conselleria confirmó que los tráficos urbanos deberían ser asumidos directamente por el Ayuntamiento al no disponer de una partida económica suficiente.

Esta situación sobrevenida colocaba a la Administración local ante la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio público esencial, sin margen temporal para tramitar un procedimiento ordinario o incluso uno urgente de contratación, por lo que se optó por uno de emergencia.

Ya en septiembre el PSOE alertó del riesgo de desaparición de las cuatro líneas a partir de noviembre, mientras que el concejal de Transporte, Víctor Sigüenza, desmintió estas afirmaciones: "El PSOE miente deliberadamente para alarmar a la ciudadanía", asegurando que "este Ayuntamiento ya está trabajando desde hace meses para garantizar la continuidad del transporte en nuestras pedanías".

Poco después, en noviembre, el edil avanzó que se estaba trabajando en un contrato de emergencia, que es el que ha salido ahora a licitación, casi seis meses después de la comunicación de la Generalitat.

Por su parte, la conselleria se comprometió a que el servicio público de transporte continuaría operativo hasta la adjudicación.

Servicio y tarifas

El expediente recoge que se realizan 66.248 kilómetros al año durante 2.243 horas con una demanda estimada de 31.053 viajeros, lo que supone un coste anual de 254.160 euros con unos ingresos previstos por tarifas de 32.558 euros. Esto arroja un déficit de explotación de 221.602.

Dado que los ingresos no cubren los costes del servicio, se establece una compensación por parte del Ayuntamiento, con una aportación máxima de 443.204 euros por los dos años de duración del contrato.

Asimismo, se establece una tarifa general con un precio mínimo de 1,45 euros, con bonificaciones del 30 % para las personas mayores de 65 años (un euro para este colectivo) y un descuento para miembros de familias numerosas de un 20 o 50 %, según categoría general o especial, quedando en 1,15 y 0,70 euros.

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