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Orihuela deja en 202 euros el tasazo de las basuras para este año

El Ayuntamiento descarta cambiar la tarifa, una de las más caras de la provincia, pese a una moción, la sentencia del TSJ sobre Callosa y su propia previsión en 2025 de rebajarla en este ejercicio

Los oriolanos pagan dos recibos semestrales de 101,44 euros por su basura

Los oriolanos pagan dos recibos semestrales de 101,44 euros por su basura / Tony Sevilla

Loreto Mármol

Loreto Mármol

La tasa de basuras, que en Orihuela el año pasado subió de 70 euros anuales a 202, mantendrá el mismo importe en este 2026, pese a que el Ayuntamiento oriolano, cuando modificó el impuesto, aseguró que era una ordenanza viva, de forma que podía ser modificada cada año, confiando en poder bajarla en este ejercicio.

No en vano, esta posibilidad se basaba en que con una planta de tratamiento de residuos en la Vega Baja el coste del servicio se reduciría a la mitad, pero la nueva instalación sigue en trámites y con una propuesta de ubicación, en Torremendo, que rechazan tanto los vecinos como el propio Consistorio, por lo que los gastos de recogida, transporte y tratamiento siguen suponiendo unos 250 euros por tonelada de basura.

La modificación de la tasa, con dos recibos semestrales de 101,44 euros, se debió, como en todos los municipios, a que la normativa obliga a que el servicio no sea deficitario. En el caso de Orihuela, se recaudaban unos 6,5 millones de euros; sin embargo, los costes están por encima de los 15 millones. Es decir, son un 40% más elevados, y eso es lo que había que equilibrar.

Con todo, además del incremento en sí, las críticas se centran en que se estableció una tarifa plana, y así se va a mantener a pesar de que el pleno aprobó en mayo una moción de Cambiemos, con el apoyo del PSOE y Cs, que salió adelante gracias a la abstención de Vox, para modificar la ordenanza y que se incluyeran criterios de renta, tamaño y uso de la vivienda y volumen de residuos. Ni se aplicó ni se va a cambiar. No en vano, el PP, que tiene en sus manos la Concejalía de RSU, votó en contra.

Tampoco ha hecho que el bipartito se replantee la medida una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha fallado que esta tasa no se puede aplicar sin individualizar y cobrar lo que en cada caso corresponda, poniendo en práctica el principio de la ley estatal de que "quien contamina, paga"; es decir, que debe la norma municipal debe ajustarse lo máximo posible a que cada uno pague la recogida, tratamiento, eliminación y valorización en función de los residuos que genere.

De esta forma, la sentencia, a raíz de un recurso, precisamente, del PP en Callosa de Segura, anulaba la ordenanza en el municipio callosino, destacando que no justificaba la aplicación de una misma tasa para todas las viviendas, sin tenerse en cuenta datos como los valores catastrales individuales, número de residentes empadronados, actividad concreta en cada domicilio... Como en el caso oriolano, aunque en un principio el municipio iba a establecer tres grupos de viviendas (casco, costa y pedanías), e introducía un criterio diferenciador según valor medio catastral por metro cuadrado, así como un indicador que ponderaba el número de residentes por domicilio. Pero se optó finalmente por una tarifa plana.

Recursos

En cualquier caso, el tasazo de Orihuela está también recurrido, como el de Callosa, por el abogado y exconcejal Juan Ignacio López-Bas, que también ha alegado la inexistencia de un órgano local para resolver las reclamaciones económico-administrativas, que es la manera de recurrir los tributos municipales, que es obligatorio para municipios de gran población, por lo que el juzgado tendrá que pronunciarse sobre ambas cuestiones.

Al no tenerlo, obliga a tener que ir a un juzgado con un abogado, con el consiguiente coste. De hecho, en 2025 unos mil vecinos, sobre todo, de la Costa y pedanías, recurrieron los recibos mediante una reclamación económico-administrativa al Ayuntamiento, que a su vez lo derivó a SUMA para que los tramitara como recursos de reposición, con la paradoja de que quien resuelve el recurso es el mismo organismo que lo emite. Así, los recursos fueron rechazados, dejando como única vía acudir al contencioso-administrativo.

Así, Orihuela seguirá teniendo una tarifa de las más caras de la provincia. Por ejemplo, en la comarca Almoradí establece 146,24 euros para el casco urbano y 131,45 en diseminado y pedanías; en Benejúzar, 157,05 y 86,56; en Albatera, 155,76 y 142,08; en Cox, 135,40 y 128,81; en Benferri, 145,78 y 130,84, y en Torrevieja 80,42 y 131,88 (en urbanizaciones va desde los 111,86 hasta los 131,86 euros).

Servicio

Todo ello, sin que los ciudadanos perciban aún una mejora en el servicio, a pesar de haberse aprobado el Plan Local de Residuos, que contempla una inversión de 20 millones en seis años, con más personal y medios materiales acordes con las necesidades actuales, y al cambio de gestión del servicio a través de la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental (SGM), cuyo gerente es Dámaso Aparicio, asesor y exconcejal del PP, que estaba previsto que comenzara en el último trimestre de 2025, pero que aún no ha arrancado.

Bonificaciones

La subida de la tasa salió adelante con la abstención de Vox, la aposición de Cambiemos y Ciudadanos y el voto a favor de PP y PSOE después de que ambas formaciones llegaran a un acuerdo a última hora, minutos antes del pleno con una enmienda conjunta para introducir bonificaciones económicas a colectivos vulnerables de hasta un 70%, algo que supuso un nuevo roce entre PP y Vox.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recordado a los vecinos que estas ayudas no se aplican automáticamente, debiendo solicitar antes del 31 de diciembre las reducciones en la tasa del 20%, 50% y 70%, en función de los ingresos y de las circunstancias sociales de la unidad familiar. El mayor descuento está destinado a las situaciones de mayor vulnerabilidad, como beneficiarios de la Renta Valenciana de Inclusión, Ingreso Mínimo Vital, pensiones no contributivas u otras prestaciones sociales.

El Consistorio calcula que miles de familias oriolanas pueden beneficiarse de estas reducciones, entre ellas monoparentales y numerosas, además de personas dependientes o con discapacidad, hogares beneficiarios de prestaciones sociales o víctimas de violencia de género, aunque no han trascendido datos sobre el número de beneficiarios en 2025.

Las solicitudes pueden tramitarse a través de las oficinas de SUMA, situadas en la calle Mancebería, número 13, donde se ha habilitado información específica sobre este procedimiento.

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