Los regantes piden diálogo para rescatar el proyecto de Vertido Cero mientras la Generalitat acusa a Sánchez de dejar perder los fondos europeos

Las comunidades de regantes convocadas este lunes por la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial señalaron que el proyecto de modernización de depuradoras de la ciudad de Alicante y reutilización de sus aguas es "inviable" si el Gobierno español no lo financia. Pidieron, además, a las administraciones estatal y autonómica, que se sienten a negociar para retomar el proyecto, después de que los fondos europeos destinados desde 2022 a la iniciativa, valorada en más de 300 millones de euros, se hayan perdido. El plazo para, al menos, haber iniciado el proyecto, termina el próximo mes de junio; sin embargo, no se ha licitado, ni adjudicado, ni cuenta con evaluación ambiental favorable. Desde hace meses los reproches entre la Generalitat y el PSOE sobre la responsabilidad de la pérdida de los fondos son constantes, mientras, como se comprobó este lunes, el proyecto sigue en el mismo sitio.

Objetivos

Vertido Cero contempla un ambicioso proceso de modernización de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León para evitar el vertido de 27 hm³ a la bahía de Alicante y reaprovechar este caudal para regadío y usos urbanos como riego de jardines y baldeo de calles. Prevé sistemas muy avanzados de depuración, incluida la desalinización, y una eficiencia energética mediante plantas solares y generación de suministro por gravedad para destinar el agua a unas 20.000 hectáreas, repartidas entre las comunidades de regantes de Riegos de Levante Margen Izquierda situadas en la demarcación del Júcar, y las comunidades de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó más cercanas a Alicante ciudad, como Aspe, Agost y Monforte del Cid, además de la comarca de l'Alacantí. El carácter ambiental de la iniciativa es relevante porque el agua que se vierte, aunque depurada, es procesada por unas depuradoras obsoletas y que deben cumplir con una exigente normativa europea de aguas regeneradas en vigor desde octubre de 2024.

Reunión

La Generalitat y la Diputación de Alicante volvieron a convocar a los regantes potenciales usuarios del proyecto e insistieron, de nuevo, en que el único responsable es el Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigieron que asuma la financiación y dejar claro, otra vez, que el plazo para recibir los fondos Next Generation se ha pasado por culpa del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

El conseller Miguel Barrachina oficializó con sus declaraciones posteriores a la reunión lo que ya era evidente desde hace semanas: que al menos la mitad de los fondos europeos Next Generation de los 300 millones que cuesta el proyecto, se han perdido, culpando al Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en algo en lo que coinciden los regantes, no cree en la iniciativa. Barrachina, señaló que “somos plenamente conscientes de que se trata de actuaciones fundamentales para mejorar la calidad de las aguas de las playas de la Bahía de Alicante, pero también para garantizar recursos hídricos para nuestros regantes. No podemos permitir que el Gobierno de España recorte el agua destinada a nuestros campos y, al mismo tiempo, niegue las inversiones necesarias para generar más recursos”.

Consecuencias jurídicas

“Son proyectos cuyo impulso recae, en exclusiva, bajo la responsabilidad de la Administración General del Estado y sobre un aspecto ambiental de su competencia”, señaló, por su parte, el presidente de la Diputación, Toni Pérez. Y añadió: “Las consecuencias que se puedan derivar del incumplimiento de la Directiva Marco del Agua, por la no ejecución de las medidas aprobadas en el plan hidrológico y, como consecuencia, no alcanzar los objetivos ambientales de la masa de agua costera, así como las consecuencias jurídicas (quizás penales) por la no eliminación del vertido conforme a la autorización otorgada, lo que solo se puede lograr mediante la reutilización de las aguas depuradas, será imputable al Estado”.

Roque Bru: "Hay que poner en sintonía a la Generalitat, la Diputación -que ven claro el proyecto- y, por supuesto, los regantes con el Gobierno para limar esas cosas que ellos parecen que no ven claras"

Por su parte el grupo socialista en la Diputación responsabilizó a la Generalitat por no entregar a tiempo el proyecto de ejecución y presentar una documentación que no podía superar la evaluación ambiental del Miteco. Barrachina confirmó que el Consell del Botànic "a sabiendas de cómo trabaja el Gobierno" asumió la elaboración de los anteproyectos, proyecto básico y de ejecución, lo que, según aseguró, tuvo continuidad con el actual Consell y remitió para su evaluación ambiental el proyecto definitivo en 2023. Sostuvo, además, que ha sido el Ministerio el que no validó el proceso, perdiendo el dinero y debiendo buscar nuevas formas de financiación.

Barrachina incluyó a los propios regantes entre estas posibilidades de financiación, pero las comunidades no están dispuestas a amortizar obra alguna. De hecho, cuando reciben agua desalada o del trasvase Júcar Vinalopó llega subvencionada por el Estado, mientras que la del trasvase del Tajo es asequible porque la infraestructura está pagada. "Si tenemos que asumir el coste de la obra en el precio del agua no podremos pagarla", recordó el presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda, Roque Bru, para volver a pedir la implicación del Gobierno español. Bru destacó, además, el interés de las asociaciones vecinales de Alicante por llevar a buen término el proyecto. "La Generalitat ha delimitado a los regantes lo que ha hecho y la pelota está en el tejado del Gobierno", señaló, que "tiene que creer en el proyecto". "Hay que poner en sintonía a la Generalitat, la Diputación -que ven claro el proyecto- y, por supuesto, los regantes con el Gobierno para limar esas cosas que ellos parecen que no ven claras".

Por su parte, el presidente de la Junta Central, Ángel Urbina, señaló que hay que retomar el proyecto porque además debe ser referencia en todo el Mediterráneo a la hora de recuperar el agua que ahora no se reutiliza y se vierte al mar en muchas ciudades costeras y evitar el impacto ambiental de ese vertido, con una normativa de calidad mucho más exigente desde octubre de 2024.

Ayuntamiento

En la reunión también estaba presente el concejal del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Villar, quien, sin embargo, no compareció con Barrachina y Toni Pérez, y la nueva directora general del agua de la Generalitat, Lourdes Pérez ante los medios de comunicación.

El Ayuntamiento también tiene su papel en esta iniciativa. Más allá de este proyecto, la Generalitat es la competente para financiar la mejora de las depuradoras y su mantenimiento a través de la Entidad de Saneamiento (EPSAR), pero los municipios son los responsables de la red de saneamiento. Por ejemplo, de dotar a la ciudad de una red separativa de aguas pluviales que impida que los caudales sin depurar y de lluvia se viertan al mar cada vez que se producen precipitaciones torrenciales. Algo que ocurre en la mayor parte del litoral de la Comunidad Valenciana.

La reunión contó también con la asistencia de la vicepresidenta de la Diputación, Ana Serna, el director territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de Alicante, Juan Planelles, así como los alcaldes de Agost y Mutxamel, Juan José Castelló y Rafael García Berenguer, respectivamente, y representantes de otros ayuntamientos y comunidades de regantes.

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