Pepe Ríos deja la presidencia de los empresarios del polígono Casa Grande y reprocha a Dolón el incumplimiento de su contrato electoral

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Casa Grande celebró una asamblea anual marcada por las críticas al incumplimiento del Ayuntamiento de Torrevieja de sus promesas de llevar a cabo mejoras en el espacio industrial y por la salida de la presidencia de uno de los fundadores del propio colectivo, Pepe Ríos.

Durante la reunión se votó y designó la nueva junta directiva que gobernará los destinos de la entidad, que presidirá Jorge Almarcha. Este último compatibilizará esta dirección con la de la Asociación de Comerciantes de Torrevieja (Apymeco), de la que ha sido reelegido recientemente para su tercer mandato.

Son dos asociaciones que coinciden en su objetivo de fomento comercial. La Asociación del Polígono cuenta con 120 actividades asociadas. Una de las primeras medidas propuestas por Almarcha, que carece de actividad registrada en el polígono, es elevar las cuotas de asociados para poder impulsar nuevos proyectos.

Reivindicaciones históricas

El ambiente en el que se desarrolló la asamblea, según asegura la nota de prensa de la propia asociación, fue "de notable crispación y disgusto", compartida "por la mayoría de asociados debido a la falta de avances en las reivindicaciones históricas que la asociación viene presentando ante el Ayuntamiento de forma reiterada". Por ello, los miembros acordaron la elaboración de una memoria detallada con todas las necesidades de la zona industrial, documento que se decidió difundir "para dar conocimiento social de la situación que atraviesa la zona".

Entre el listado de reivindicaciones históricas incumplidas por el Ayuntamiento, destaca la mejora de señalización vial y repintado de calles, instalación de reductores de velocidad y retirada de vehículos abandonados para garantizar la seguridad; la optimización del servicio de limpieza en calles secundarias y la instalación de contenedores selectivos de residuos (vidrio, cartón, plástico), infraestructura básica ausente pese al nuevo servicio de basuras de 25 millones anuales; la reurbanización completa con restauración de asfalto y aceras, compromiso firmado por el alcalde, Eduardo Dolón, en 2023 que debería haberse ejecutado antes de finales de 2025; la instalación de paradas de autobús (dos en Avenida de las Cortes Valencianas y una en Delfina Viudes), reclamación pendiente desde 2011 que facilitaría el acceso de trabajadores y clientes reduciendo el uso del vehículo privado; y el control de negocios ilegales, especialmente talleres clandestinos de automoción que operan sin normativa y generan competencia desleal frente a empresas reguladas. Pese a la instalación de videovigilancia (única actuación completada, aunque con dudas sobre su operatividad real por falta de autorización oficial), los empresarios denuncian crispación por la falta de avances y han acordado elaborar una memoria detallada para dar conocimiento social de la situación del polígono de 360.000 m².

El contrato electoral

Punto por punto el servicio de limpieza constituye otro de los puntos críticos identificados por los empresarios, quienes denuncian graves deficiencias en algunas calles secundarias que generan una imagen deteriorada del conjunto industrial. La Asociación reclama la instalación de contenedores de residuos selectivos para vidrio, cartón, plástico y demás materiales, "una infraestructura básica que actualmente brilla por su ausencia", pese a que el Ayuntamiento estrenó nuevo servicio de recogida de basuras a mediados de 2022 con un gasto anual de 25 millones de euros, y la propia sede de la empresa adjudicataria, Acciona, se encuentra en el polígono.

Uno de los incumplimientos más señalados durante la asamblea fue el relativo a la reurbanización de la zona para restaurar el asfaltado y las aceras. Se trata de un compromiso que el alcalde, Eduardo Dolón, adquirió por escrito mediante promesa electoral. El documento, firmado en 2023, se hizo público durante la campaña electoral y las obras comprometidas por el Ayuntamiento, se deberían haber ejecutado antes de finalizar 2025 sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo.

Quince años esperando paradas de autobús

La dotación de paradas de autobús es otra de las asignaturas pendientes más antiguas. Esta reivindicación se remonta al año 2011, según recordó Ríos, que recibió en aquel momento la promesa de "un pliego del nuevo servicio" de transporte urbano que todavía hoy, en 2026, no se ha puesto en marcha. Los empresarios solicitan dos paradas en la avenida de las Cortes Valencianas y una en Delfina Viudes, para los cientos de trabajadores que se desplazan a diario a la zona industrial.

La Asociación considera que las paradas mejorarían la llegada de clientes a los negocios de la zona, pero su impacto más importante, incluido un positivo impacto medioambiental, sería el uso por parte de los trabajadores de las empresas ubicadas en el polígono, quienes evitarían tener que desplazar el coche particular y dejarían libres plazas de aparcamiento.

Ante la falta de aparcamiento es habitual la imagen de coches aparcados sobre la acera, situación que no es peor porque la parcela municipal que debería ser una zona verde situada entre el tanatorio y la avenida de Delfina Viudes, se emplea como zona de aparcamiento. En este solar permanecen también numerosos vehículos abandonados sin ser retirados.

Negocios ilegales

La falta de vigilancia por parte de las autoridades sobre los negocios ilegales instalados en las naves completa el listado de reclamaciones. Los empresarios denuncian "actividades fraudulentas que no cumplen con las normativas vigentes y suponen una competencia desleal para aquellos negocios que están bien regulados y soportan los altos costes de cumplir con la legalidad". Esta situación se produce especialmente con talleres de automoción clandestinos que operan sin control en el polígono y que "no existen" oficialmente, mientras que el resto de negocios velan por cumplir estrictamente con la legislación.

En el polígono, que se extiende sobre 360.000 metros cuadrados y que fue aprobado en 1982, se alternan todo tipo de negocios de servicios, industriales y de hostelería. Desde concesionarios a talleres mecánicos, pasando por restaurantes, gasolineras, alimentación al por mayor, una amplia zona de ocio nocturno y discotecas, sedes de inmobiliarias, tiendas de electrodomésticos y muebles, hasta actividades de reciclaje de residuos y suministradores de materiales de construcción, además de numerosas sedes de empresas vinculadas a ese mismo sector de la construcción y la vivienda.

¿Funcionan las cámaras?

Las únicas actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento durante este mandato han sido la instalación de un sistema de videovigilancia en las dos fases del polígono y la mejora parcial de señalización, presupuestadas en 400.000 euros, que ante la evidencia de su propio estado, ha dejado atrás su propuesta de denominación de Parque Industrial Casagrande. Fuentes de la Asociación aseguran, sin embargo, que el sistema de videovigilancia no estaría operativo porque el Ayuntamiento lo puso en marcha sin la preceptiva autorización de la comisión de videovigilancia de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana que certifica el cumplimiento de la legislación de la instalación. Aunque sí ha logrado un efecto disuasorio a la hora de evitar vertidos en las calles. En la última década, también se ha invertido en obras de construcción de redes de recogida de aguas pluviales para evitar las inundaciones y en 2022 se llevó una limitada renovación de alumbrado.

El presidente saliente, Pepe Ríos, agradeció a la junta la labor desarrollada durante su mandato y destacó especialmente la permanencia en la misma desde su creación de Alicia Jiménez como secretaria durante quince años, así como la labor de la tesorera, Ana López, a quien atribuyó todo el éxito en la gestión administrativa de estos años. Ambas sostienen el día a día de las peticiones y gestiones de los asociados.

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