El TSJ falla que la adjudicataria del mantenimiento de viales de Orihuela Costa cumplió con el contrato

Nuevo giro judicial en la contrata del mantenimiento de los viales de Orihuela Costa, un servicio que después el bipartito de PP y Vox ha decidido prestar a través de la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha estimado parcialmente el recurso de apelación de la adjudicataria Construcciones Zaplana Caselles contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Elche, que fallaba que había incumplido el contrato porque nunca aportó al servicio una nave industrial, de 1.174 metros cuadrados, que fue clave para que ganara la licitación, dado que la oferta de esa construcción le dio precisamente la diferencia de solo 0,72 puntos frente a la licitadora que quedó en segundo, por lo que fue un punto decisivo.

En concreto, la mercantil ofertó una parcela en la calle Diamante de Lomas de Cabo Roig, con una instalación fija destinada a almacén de vehículos y maquinaria, oficinas, vestuarios y aseos, a menos de dos kilómetros del Ayuntamiento de Orihuela Costa, en una localización estratégica para una correcta operatividad del servicio y rapidez de actuación. En su lugar, proporcionó un terreno en la calle Nicolás de Bussi en Playa Flamenca, lo que llevó al concejal de Infraestructuras, entonces Ángel Noguera (Ciudadanos), a negarse a pagar las facturas, argumentando que la maquinaria estaba expuesta a robos y deterioro por estar a la intemperie, lo que a su vez provocó trifulcas en las juntas de gobierno ante sus socios del PP, que eran partidarios de abonarlas, ya que los servicios se habían prestado.

La propia sentencia reconocía que ese incumplimiento era causa de rescisión del contrato, según establecía el pliego de condiciones.

Sin embargo, el TSJ dice ahora que el Ayuntamiento, que tardó más de dos años en adjudicar, cuando adjudicó sabía que no estaba la nave, por lo que podía haber adjudicado al segundo licitador. Además, corrobora que el acta de comprobación del servicio y su puesta en marcha tenía el informe favorable de los técnicos, así como que las facturas se pagaron también con el beneplácito de los técnicos y que el servicio se había prestado en los mismos términos que se adjudicó, fallando que ahora no se puede decir que hubiese incumplimiento porque vulnera el principio de confianza legítima.

Cumplió con los pliegos

Así, la sala dictamina que no procedía estimar que existió incumplimiento por parte de la adjudicataria. En primer lugar, por la tardanza en el procedimiento de adjudicación y ejecución del contrato, por lo que "resulta más que verosímil la versión de la empresa", en alusión a que la licitación se publicó en 2017 y se adjudicó en 2019, mientras que el acta de inicio del servicio tuvo lugar en febrero de 2020 y la Concejalía de Infraestructuras incoa expediente de incumplimiento en julio de 2022 con resolución un año después.

En este punto, la mercantil alegó que el compromiso de alquiler o reserva de local hasta que se adjudicase el contrato puede resultar inviable para una licitadora que desconoce que será adjudicataria y al mismo tiempo señalaba que llamaba la atención que ante tan evidente y manifiesto incumplimiento se le dejase iniciar la ejecución durante más de dos años hasta que se inicia el expediente.

En segundo lugar, prosigue el tribunal, la Administración estimó adecuada la sustitución de la instalación, en lugar de, ante una omisión tan evidente, dejar sin efecto la adjudicación y pasar al siguiente adjudicatario.

Por ello, entiende que se ha vulnerado el principio de confianza legítima, con el que el Consistorio debe dar garantías conforme a las normas aplicables.

La única cuestión pendiente, apunta el TSJ, era si la adjudicación se ajustaba a los pliegos, resolviendo que "no tenemos dudas, ya que los mismos técnicos del Ayuntamiento que informan desfavorablemente reconocen que la nueva ubicación no es tan buena como la ofertada, aunque se ajusta a los pliegos".

Es decir, desde 2020 hasta 2023 los técnicos responsables del contrato mostraban su conformidad con la instalación fija, en una ubicación que, según la empresa, se eligió por instrucciones del propio Noguera y que el Ayuntamiento ha estado usando hasta el fin del contrato.

Asimismo, la junta de gobierno aprobaba el pago de las facturas, e Intervención procedía al abono de las facturas sin reparo.

Denuncias

La sentencia, ahora revocada parcialmente por el TSJ, le valió a Ciudadanos para manifestar que la mercantil incumplió el contrato desde el mismo inicio de la prestación del servicio y hasta su finalización, incluso posteriormente en la prórroga que el Ayuntamiento, ya en manos de PP y Vox, le concedió entre marzo de 2024 y febrero de 2025, aun a sabiendas de esos incumplimientos.

Para la formación naranja, el fallo judicial acreditaba "el gran fraude que se ha cometido contra los intereses municipales", advirtiendo de que llegaría hasta el final en lo que denominó como el "caso viales", en lo que se ha convertido en una guerra abierta, incluso presentando una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Orihuela por un posible delito de prevaricación, malversación y falsificación en documento administrativo, en el marco de un presunto fraude en la contratación por parte del Ayuntamiento de este servicio que, según sostiene, se habría llevado a cabo de manera continuada desde marzo de 2023 hasta febrero de 2025, contra varios cargos del PP -dos de ellos en el actual mandato- y un funcionario municipal, acusándolos de beneficiar con más de 3,5 millones de euros en cinco años a la empresa.

El juzgado, por su parte, pidió en diciembre información documental al Ayuntamiento y acordó la apertura de diligencias previas, algo a lo que pocos días después la concejala de Contratación, Mónica Pastor, restó importancia, asegurando que era una fase inicial de investigación judicial destinada a la recopilación de información y documentación, aún sin citación judicial ni acusación formal.

También se mostró segura de que la denuncia sería archivada, y apuntó que quienes tratan de generar "alarma pública" son los mismos que "han utilizado reiteradamente la vía judicial como instrumento político para justificar" la actuación de su exconcejal, Ángel Noguera, que, aseguraba, "es la única persona que, a día de hoy, se encuentra con juicio oral abierto y una petición de inhabilitación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

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