CALLOSA DE SEGURA
Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Callosa de Segura a implantar la carrera profesional en su plantilla
El SPPLB logra una sentencia favorable que condena al consistorio por su "inactividad reglamentaria" a iniciar los trámites en seis meses
D. Pamies
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche ha estimado un recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en relación con la implantación del sistema de carrera profesional para los empleados públicos del Ayuntamiento de Callosa de Segura. La sentencia declara contraria a derecho la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada para que el Consistorio desarrollara reglamentariamente este sistema previsto en la normativa de función pública. Como consecuencia, el juzgado condena al Ayuntamiento a que, en el plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia, inicie los trámites oportunos y apruebe las normas necesarias para establecer los grados de desarrollo profesional, con sus requisitos de acceso y retribuciones, imponiéndole además las costas procesales.
Resolución
La resolución judicial califica el supuesto como un caso de "inactividad reglamentaria de la Administración", al no haberse culminado la aprobación de la normativa que haga efectivo un derecho reconocido en la legislación vigente. El sindicato recuerda que, antes de acudir a la vía judicial, se dirigió al Ayuntamiento en numerosas ocasiones mediante escritos y solicitudes formales para que se iniciaran los trámites necesarios. Sin embargo, estas peticiones no obtuvieron respuesta efectiva por parte del actual equipo de gobierno municipal, formado por un tripartito integrado por los partidos PSOE, UCIN e EU, lo que obligó finalmente a judicializar el asunto para hacer valer un derecho reconocido por la ley.
A esta situación se suma una circunstancia relevante señalada por el SPPLB: según la versión del sindicato, la propia alcaldesa afirmó en sesión plenaria que la carrera profesional se había incluido en los Presupuestos municipales del año 2026. Para el sindicato, esta manifestación evidencia una incoherencia difícil de justificar, pues resulta contradictorio reconocer públicamente su previsión presupuestaria mientras se mantiene en la práctica una negativa efectiva a impulsar su regulación.
Cumplimiento de la legalidad
Pese a todo, el SPPLB subraya que su objetivo "no es la confrontación institucional", sino el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los derechos de los trabajadores públicos. Por ello, manifiesta su disposición a negociar con la alcaldesa y el equipo de gobierno la aplicación de la sentencia con seriedad, calendario y compromisos concretos, entendiendo que esta resolución debe impulsar definitivamente el desarrollo del sistema y garantizar el reconocimiento profesional y retributivo conforme a la normativa.
¿Qué es la carrera profesional?
La carrera profesional es el sistema ordenado de oportunidades de progreso dentro de la administración pública que permite a los funcionarios avanzar en su desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto básico. Este mecanismo posibilita el ascenso en grados o categorías superiores mediante la evaluación objetiva del mérito, la capacidad, la formación y la experiencia acumulada por el empleado. Su principal finalidad es reconocer y recompensar la trayectoria y el esfuerzo del trabajador, vinculando directamente esta evolución profesional a una mejora en sus condiciones retributivas y laborales, tal como establece la legislación de función pública, aunque en muchos casos se ha visto reducido a una reivindicación para mejorar las retribuciones de los funcionarios. Además, en algunos aspectos se solapa con el reglamento de productividad, en el caso de los ayuntamientos que tienen regulada esa compensación.
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