La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) ha iniciado el expediente para derribar el chalé ilegal de más de 360 metros cuadrados situado sobre el Cabezo Mortero, en San Miguel de Salinas, una de las lomas más elevadas de los montes Alcores, localizado en suelo forestal en pleno corazón del Paisaje Protegido y futuro Parque Natural de Sierra Escalona. La edificación es visible desde varios kilómetros a la redonda.

Su construcción, con licencia municipal de 2005, finalizó en 2007. La asociación vecinal “San Miguel Arcángel” llevó la infracción a los juzgados por considerar, sin embargo, que la licencia no se ajustaba a derecho. La autorización del Consistorio fue anulada por sentencia de la sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en 2008.

A pesar de la ilegalización de la vivienda, el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, fiel a una laxitud convertida en práctica habitual para asuntos urbanísticos independientemente de las siglas que gobiernen en la población, nunca promovió expediente alguno de restauración de la legalidad urbanística. Un expediente restauración que, a juicio de la asociación vecinal, procedía realizar tras el dictamen del tribunal y "no ejerció su obligación, como Administración competente, de incoar expediente para la restauración de la legalidad urbanística infringida y realidad física alterada".

Obras anexas

Con el tiempo en la parcela donde fue edificado el chalé se han llevado a cabo una serie de obras conexas, como un almacén, el vallado de la propiedad, una piscina y el adoquinado del camino de acceso de más de cien metros de longitud y cuatro de ancho, para este último empleando suelos de otros propietarios. La mayoría de ellas, excepto la piscina, se han realizado sin contar con licencia municipal, pero, de nuevo, el Ayuntamiento no ha incoado "proceso alguno de restauración de la legalidad infringida", afirma la Asociación vecinal.

La piscina se construyó en 2017, nueve años después de la sentencia que declaraba ilegal la vivienda, y doce después de la licencia municipal ad hoc, que se otorgó en 2005. Es, de hecho, la única construcción que no figura ahora incluida en el expediente de demolición con lo que se podría dar la paradoja del derribo de la mayoría de las edificaciones con el mantenimiento de la piscina en lo alto de la loma.

Denuncia

Sin embargo, en 2019, la Asociación "San Miguel Arcángel", volvió a la carga. Denunció en el Ayuntamiento y Generalitat la construcción de las obras realizadas en la parcela de la edificación ilegal. En 2020 la AVPT abrió un expediente de restauración de la legalidad urbanística que se ha mantenido hasta la resolución, en la que se reclama un proyecto de restauración con el derribo y se advierte de que en caso contrario los propietarios, ahora extranjeros comunitarios, se enfrentarán a multas coercitivas consecutivas de 6.000 euros.

Solo después de un año y dos requerimientos informativos por parte de la misma Agencia, tras sucesivos aplazamientos de la respuesta por parte de los técnicos del área de Urbanismo, contestó el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, gobernado por el PSOE en 2021. En su respuesta señaló, en defensa del infractor, que la piscina contaba con licencia desde 2005 aunque se construyó mucho después, en 2017, y dio traslado de un certificado técnico emitido en junio de 2018 solicitado por la propietaria, en la que pedía que se señalara prescripción de la infracción al haberse superado el plazo para que el municipio actuara. Para los técnicos de urbanismo sanmigueleros las licencias nunca caducan pero las infracciones sí. Porque en su contestación el Ayuntamiento obviaba un matiz: las construcciones ilegales en suelo protegido no urbanizable son ilegalizables y no prescriben.

Las infracciones urbanísticas en suelo protegido no prescriben

La AVPT, creada por el Gobierno del Botànic, con sede en Elche y que ejerce las competencias de infracción urbanística en suelo no urbanizable de la mayor parte de municipios de la Comunidad Valenciana -incluido San Miguel de Salinas, que pidió delegar sus competencias en esa materia-, no quiso quedarse en la investigación de la denuncia por las últimas infracciones. Y decidió ir más allá. Ante la evidencia de las infracciones cometidas a través del visor de la Generalitat y de informes de los técnicos medioambientales, incoó un segundo expediente. En 2024 el director de la entidad pública reclamó al municipio que respondiera a seis cuestiones en referencia a la mansión rústica.

Una de las principales preguntas se refiere a la calificación del suelo donde se ubica la vivienda que, siempre, ha sido suelo no urbanizable de protección forestal según las normas urbanísticas municipales de 1988 (punto central en la resolución de la Sentencia del TSJ en 2008). La AVPT aclaró que “no existe plazo de caducidad de la acción administrativa en materia de restauración urbanística” en esos suelos, ni por la Ley urbanística valenciana de 2005 ni por la vigente, por lo tanto, sigue en vigor el dictamen de la sentencia del TSJCV, que declaraba ilegal e ilegalizable la vivienda y del que el Ayuntamiento se desentendió.

Finalmente, en diciembre de 2025, la misma Agencia decidió abrir el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, que debe concluir con la demolición de la vivienda, el almacén y los caminos de acceso a la misma para restituir el terreno a su situación original. El plazo límite para la resolución del expediente es de un año.

Ajustándose a la legislación urbanística, el expediente señala que la piscina es legalizable por contar con licencia municipal, y además, no estaba incluida en la denuncia al ser construida después del procedimiento judicial, a lo que ha presentado alegaciones la asociación. También, abre otros dos expedientes de restauración segregados del principal porque el camino de acceso alterado, que transcurre por las parcelas colindantes, pertenece a propietarios distintos a los de la parcela de la vivienda.

Incoherencia

La Asociación califica de "incoherente la posición del ayuntamiento en este asunto" que contrasta con la publicidad institucional en la que vende los valores ambientales del Paisaje Protegido de Escalona. Manifiestan, además, "la poca diligencia y nula voluntad por la preservación del Paisaje Protegido y, por tanto, de nuestro rico patrimonio natural, mostrada en este caso". De hecho, la única ruta senderista del Paisaje Protegido en San Miguel de Salinas habilitada por la Generalitat, en coordinación con el Ayuntamiento, es la del camino de Los Alcores, que termina en un mirador junto a la parcela de Cabezo Mortero.

Suscríbete para seguir leyendo