Orihuela despliega el servicio regulado de alquiler de patinetes en la Costa a través de una única empresa

Orihuela está implantando estos días de forma progresiva el servicio de alquiler de patinetes eléctricos en la Costa mediante la señalización de las zonas de estacionamiento y la adaptación de la flota que operará en el municipio.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre la explotación de vehículos de movilidad personal a MGC Clean Energy por un periodo de explotación de cuatro años y 164.800 euros, con un canon anual de 41.200 euros que la empresa debe abonar al Consistorio por el uso del dominio público municipal, una cifra superior a la que se contemplaba en la licitación, que era de 34.366 euros.

La empresa adjudicataria ha comenzado ya el servicio, que cuenta con una flota de patinetes homologada adaptada a la normativa vigente, su identificación con el escudo institucional del Ayuntamiento -lo que permite identificarlos fácilmente dentro del sistema regulado- y la señalización de las zonas habilitadas para su estacionamiento en distintos puntos del litoral.

En total, se están habilitando casi 190 puntos de estacionamiento -en un principio iban a ser 120-, con el objetivo de que los usuarios dispongan de espacios identificados donde dejar los vehículos al finalizar su uso, evitando así que queden estacionados de forma desordenada en aceras, calzadas o espacios públicos, lo que provocaba continuas quejas vecinales.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Mónica Pastor, ha explicado que la puesta en marcha de este servicio responde a la necesidad de ordenar una actividad que se desarrollaba sin una regulación específica. "Hasta ahora había diferentes empresas operando en Orihuela Costa sin un marco concesional que regulara el uso del espacio público", ha manifestado la edil, subrayando que "con esta licitación hemos establecido unas condiciones claras para garantizar un servicio ordenado, seguro y respetuoso con peatones y vecinos".

Obligaciones

Por eso, se han definido puntos concretos donde deberán estacionarse al finalizar cada trayecto. En caso contrario, se agotará toda la recarga. Además, la adjudicataria debe asegurar el cumplimiento de las condiciones de estacionamiento durante toda la jornada operativa del servicio.

A lo largo del día, la empresa está obligada a recoger los que hayan sido incorrectamente estacionados por los usuarios -identificados a través de una aplicación-, debiendo asegurarse de que sean ubicados en los puntos establecidos.

Así, la responsabilidad por el correcto aparcamiento recae en la mercantil, independientemente de su relación contractual con los usuarios y de las sanciones o recargos que la empresa pueda imponerles por este motivo.

Las infracciones a las normativas de estacionamiento y circulación darán lugar a la aplicación de penalidades, así como a las sanciones correspondientes por incumplimientos relacionados con circulación, tráfico y seguridad vial.

Asimismo, la empresa deberá contar con una póliza de seguro, con una cobertura mínima de 500.000 euros, que cubra de manera integral todos los posibles daños, extendiéndose tanto a los usuarios como a otros transeúntes en la vía pública y terceros en general, incluyendo bienes públicos o privados.

Además, estará obligada a cumplir con estrictas medidas de mantenimiento, revisión, recarga (deberá ser por la noche), reparación, sustitución y desarrollo de la aplicación móvil.

Flota

El pliego establece un total de 750 patinetes, ampliable hasta 1.200 previa justificación en función de la demanda, y los vehículos -con una edad inferior a dos años- revertirán a la Administración local al finalizar el periodo de concesión, que tendrá una duración de cuatro años, pasando a ser propiedad municipal una vez concluido el servicio.

Durante el proceso de licitación se presentaron varias empresas. Tras la valoración técnica y económica de las ofertas conforme a los criterios establecidos en los pliegos, la primera propuesta inicialmente clasificada no pudo continuar en el procedimiento al no cumplir con la normativa de contratación pública en cuanto a la presentación de su oferta, por lo que la adjudicación recayó finalmente en la siguiente oferta mejor valorada que cumplía íntegramente con las condiciones establecidas.

En este sentido, Pastor ha recordado que los procedimientos de contratación pública garantizan la igualdad entre empresas, la transparencia del proceso y la correcta utilización del dominio público.

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