El Gobierno da aire a las casas de playa Babilonia de Guardamar con su recurso contra el Consell ante el Constitucional

El verano de 2025 no habrá sido el último para las casas de Babilonia de Guardamar del Segura. Tampoco, con toda probabilidad, lo será el de 2026. El Gobierno español se ha inclinado finalmente por presentar un recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley Valenciana de Costas ante el Tribunal Constitucional (TC), frente a la primera opción de plantear un conflicto de competencias ante el mismo.

El último día para hacerlo era el 26 de febrero, con el aval de un informe preceptivo favorable del Consejo de Estado -con algunas dudas legales planteadas por la propia entidad consultiva-. Paradójicamente, el recurso de la Administración central que impulsa desde 2018 el derribo de las viviendas para las que el Estado fijó una fecha límite de demolición del 15 de septiembre de 2025, hará que continúen en pie, al menos, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, lo cual previsiblemente no se producirá -como muy pronto-, hasta dentro de un año, plazo mínimo estimado que emplea el Alto Tribunal a la hora de resolver las causas. Según el tipo de recurso pueden en dirimirse en dos, tres años, e incluso consumir más tiempo.

Competencias

El recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) se centra en el artículo 17 y la disposición final primera de la Ley de Costas Valenciana aprobada en mayo de 2025, en los que se crea la figura de los "núcleos urbanos de especial valor etnológico" que podrían incluir edificaciones situadas en dominio público marítimo-terrestre, competencia exclusiva del Estado según el artículo 132 de la Constitución.

Antes de recurrir, Gobierno y Generalitat abordaron en la comisión bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat Valenciana las discrepancias sobre 30 preceptos de la norma autonómica. La administración autonómica contempla en el texto asumir competencias estatales, que la Administración central no va a delegar porque figuran en la ley de Costas de 1988.

Solo el empeño y la pelea de los vecinos residentes en estas casas de Babilonia, construidas a principios del siglo XX sobre la misma arena, ha generado este recurso validado con la firma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de una hilera de aproximadamente 80 viviendas de planta baja levantadas en primera línea -paralelas a la actual Avenida Ingeniero Codorniu- y sobre la playa de Babilonia de Guardamar del Segura. Sus típicos porches al mar constituyen su principal seña de identidad y son ejemplo de lo que podría considerarse el primer turismo residencial del municipio guardamarenco a comienzos del pasado siglo. En septiembre de 2019, sin embargo, la Dirección General de la Costa y el Mar denegó la prórroga de las concesiones de ocupación de la playa, declarando su extinción por vencimiento del plazo máximo de treinta años y acordando su demolición. Los vecinos recuerdan que Costas no las denegó expresamente y tuvieron que buscar un pronunciamiento explícito ante la Audiencia Nacional, que les dio más tiempo, pero rechazó todas las prórrogas.

"¡De las casas de Babilonia no nos moverán!": cientos de personas marchan contra el derribo de las casas de la playa en Guardamar

Informes

Los informes técnicos justificaron la decisión de no prorrogar en el impacto paisajístico y ambiental sobre un ecosistema dunar declarado Lugar de Importancia Comunitaria de la RED Natura 2000, en el que las viviendas, según los científicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), ejercen de barrera y aceleran la regresión de la playa. También subrayan el riesgo de inseguridad para las personas que habitan las casas ante episodios de temporales marítimos, tal y como ocurrió con los temporales de levante de finales de 2016 y en 2017.

Impacto

Los afectados, agrupados en la Asociación de Vecinos de Babilonia, recuerdan que las prórrogas de las concesiones de dominio público sí se están validando para edificaciones con un gran impacto. Es el caso de la mole del edificio Luz Mar en Torrevieja, en la playa de Los Locos, que impide la llegada de sedimentos a la playa, o el edificio Montegira, sobre la arena de la playa de La Mata en Torrevieja, con orden judicial de demolición desde hace un par de décadas. Los residentes mantienen su teoría de que la regresión litoral se debe a la deficiente configuración del dique de poniente de la desembocadura del Segura, en una tesis que, aseguran, está avalada en informes técnicos.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmaron la legalidad de las resoluciones de Costas mediante sentencias firmes en marzo y mayo de 2023. Sin embargo, el 6 de julio de 2025, la asociación vecinal solicitó la declaración del conjunto residencial como núcleo urbano con especiales valores etnológicos al amparo de la nueva Ley valenciana. Lo hicieron con fecha fijada para los derribos y cuando ya habían negociado con Costas que se harían cargo de los mismos para evitar posibles sobrecostes si se realiza a cuenta de Costas. La Generalitat admitió la solicitud a trámite el 21 de julio y decretó la suspensión cautelar de toda intervención el 5 de septiembre, días antes de la fecha fijada para la demolición.

Vecinos de Babilonia se concentran para reivindicar que se mantengan en pie las casas con un chapuzón reivindicativo en Guardamar

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha optado por el recurso de inconstitucionalidad en lugar del conflicto positivo de competencias que era la opción que anunció la ministra portavoz del Gobierno a finales de 2025. El Consejo de Estado señala que esta decisión de recurrir el texto de la Ley "no se ajusta plenamente" a la jurisprudencia constitucional, que permite impugnar actos de trámite mediante conflictos de competencias. No obstante, el alto organismo consultivo considera finalmente que anular articulado de la Ley valenciana es procedente.

Sobre el procedimiento

La suspensión automática de ese articulado de la Ley, que se produciría tras la interposición del recurso, impediría la continuación del procedimiento administrativo de declaración de las edificaciones como núcleo de valor etnológico. Sin embargo, el dictamen advierte que podrían plantearse problemas procesales sobre si esta suspensión puede extenderse a acuerdos adoptados con anterioridad a la interposición del recurso.

Trámite de protección del núcleo histórico, al que la Generalitat, por otra parte, no ha dado el traslado obligado al Ayuntamiento de Guardamar, que entiende que el procedimento está paralizado por la presentación del recurso del Gobierno central. El Ayuntamiento asegura, además, que al menos diez propietarios quieren hacer efectivo el derribo para que su coste sea menor que el que finalmente entienden que asumirán porque consideran que el TC avalará la decisión de Costas.

Los vecinos de Babilonia en Guardamar pintan corazones rotos para protestar contra los derribos de sus casas

Ver galería

Para el Consejo de Estado la Ley valenciana de ordenación del litoral vulnera la competencia exclusiva del Estado para establecer el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre, reconocida por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional al amparo de la Constitución. La regulación autonómica contravendría la protección de los bienes de interés cultural en dominio público marítimo-terrestre porque ya está prevista en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1988 de Costas. Eso sí, para edificaciones con concesión. Lo que lleva a los afectados al mismo lugar: el derribo porque carecen de ella.

Modificar la ley de Costas

El propio dictamen reconoce que existen iniciativas en las Cortes Generales entre marzo de 2024 y abril de 2025 de proposiciones de ley para modificar la Ley de Costas y permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada hasta la fecha presentada por el Partido Popular.

Corazones rotos como protesta contra los derribos de las casas de la playa de Babilonia en Guardamar

De prosperar el recurso, el TC deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de los preceptos de la Ley, lo que determinará el futuro de las edificaciones afectadas y establecerá jurisprudencia sobre los límites de las competencias autonómicas en materia de costa.

Los vecinos también confían en los plazos electorales y un cambio de Gobierno porque, en función de las promesas realizadas por el PP a la hora de modificar la Ley de Costas estatal si llega al Gobierno, sus casas se salvarían.