El alcalde, Antonio Pérez, obligado a emplear su voto de calidad para evitar ser reprobado por la gestión de las escuelas deportivas de Rojales

El alcalde de Rojales, Antonio Pérez (PSOE), tuvo que emplear su voto de calidad para rechazar la reprobación a su gestión de las escuelas deportivas propuesta en un pleno extraordinario por el Partido Popular, y secundada por la oposición de Ciudadanos y Pader. Las tres formaciones se hacían eco de las conclusiones de una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) que sostiene la existencia de incumplimientos del pliego de condiciones e irregularidades en el despliegue del contrato de gestión de las escuelas deportivas municipales, tal y como ha recogido INFORMACIÓN. La reprobación también se dirigía contra los concejales socialistas de Deportes, Pedro Llopis y el de Hacienda, Fernando Suria

El grupo municipal socialista se quedó con el mismo número de concejales que la oposición -ocho- por la ausencia al encontrarse de baja de una edil socialista, de ahí que el alcalde tuviera que hacer valer ese voto de calidad para desempatar en tres ocasiones en la misma sesión.

Falta de control

Para el Partido Popular el pleno extraordinario evidencia la falta de control del gobierno municipal del PSOE ante las irregularidades señaladas por la AVAF y que "lejos de corregir errores, el nuevo contrato se ha licitado teniendo en cuenta un número de usuarios alejado de la realidad, por lo que seguiremos pagando importes innecesarios".

El PP señala que "lo ocurrido durante la sesión plenaria pone de manifiesto, una vez más, la falta de control, de explicaciones claras y de asunción de responsabilidades por parte del equipo de gobierno, en relación con unos hechos que la propia AVAF considera irregulares en la gestión del contrato".

A juicio de la oposición, "lejos de ofrecer aclaraciones convincentes" el gobierno municipal evidenció una "preocupante falta de seguimiento del servicio, reconociendo aspectos como la ausencia de control efectivo sobre la ejecución del contrato o la falta de verificación de datos fundamentales vinculados al mismo".

Especialmente grave

Para los populares "especialmente grave resulta que, pese a las advertencias realizadas previamente en sede municipal, no se adoptaran medidas para corregir la situación, permitiendo que se mantuvieran prácticas que posteriormente han sido cuestionadas por la propia Agencia Valenciana Antifraude".

El desarrollo del pleno, a su juicio, estuvo marcado por intervenciones que, "en lugar de aportar transparencia, contribuyeron a generar aún más dudas entre los vecinos, dando una imagen que consideramos impropia de una gestión responsable de los recursos públicos".

El pleno ha sido un ejercicio "necesario de control democrático, pero también un reflejo del modo en que se ha gestionado este asunto: sin la diligencia ni el rigor que exige la administración de fondos públicos" por lo que la oposición reclama responsabilidades políticas "ante unos hechos que afectan directamente a la gestión municipal y al uso del dinero de todos los rojaleros".

La principal irregularidad detectada por la AVAF es el hecho de que el proveedor del contrato haya estado cobrando mensualmente la misma cantidad económica por parte del Ayuntamiento de Rojales (17.454 habitantes) cuando el pliego de condiciones dice que debía depender del número de alumnos matriculados. También cuestiona que el servicio se haya prestado sin contrato durante meses.

El adjudicatario aclaró a INFORMACIÓN que ha facturado los servicios como los técnicos municipales le indicaron que debía hacerlo y que se ve "inmerso en una disputa política" con la que no tiene nada que ver.

Para Antifraude la justificación del Ayuntamiento sobre que el pago fijo y prorroteado "se acordó y consensuó después de la adjudicación, contraviniendo lo dispuesto en los pliegos que rigieron la licitación y en el propio contrato formalizado con el adjudicatario", en una decisión que, además, el equipo de gobierno -y los técnicos municipales que la tramitaron y aceptaron- no han documentado.

Alegaciones

Las principales alegaciones fueron realizadas por una funcionaria municipal auxiliar administrativo responsable del contrato que además de señalar aspectos técnicos cuestionaba el carácter "político" de la denuncia. En este sentido el concejal de Hacienda, Fernando Suria, especialmente molesto por el hecho de que la informe, que puede trasladarse al ámbito judicial, desvele supuestas ilegalidades, arremetió contra la Agencia Valenciana Antifraude, un organismo independiente de la Generalitat creado por el Consell del Botànic, por su supuesta falta de independencia -ahora, no antes, cuando gobernaba el PSOE- bajo el mandato del PP en la Generalitat, pese a que el núcleo principal de los funcionarios especializados que lo integran sigue siendo el mismo que cuando se creó.

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