El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que trata de salvar las casas de playa Babilonia

El Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra tres preceptos de la Ley de Costas de la Generalitat, basándose en una supuesta invasión de competencias estatales. Una normativa que podría permitir la salvación de las 80 viviendas de playa Babilonia de Guardamar del Segura a las que Costas no renovó su concesión y para las que ha ordenado su derribo.

El TC ha informado este miércoles de la aceptación del recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente Pedro Sánchez en relación a tres puntos en los que no ha habido acuerdo entre ambas administraciones. Generalitat y Gobierno central constituyeron una comisión bilateral para abordar las discrepancias y evitar que el tema llegara al Constitucional, tras advertir el ministerio dudas sobre la legalidad de 32 preceptos por invadir competencias estatales.

Así, de esta comisión surgió un acuerdo que precisamente se ha publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde se refleja el consenso y aclaración en 29 de los puntos de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que son temas más bien técnicos o de sentido común, al recordar en muchos puntos la prevalencia de la ley estatal. Pero dejaba fuera tres de ellos, para los que el Gobierno central presentó hace un mes un recurso que este miércoles también se ha conocido su aceptación a trámite.

El acuerdo en 29 puntos entre ambas administraciones dejaba fuera los dos mayores escollos, la conservación de núcleos históricos y la desafectación de espacios degradados, sobre los que tiene que dirimir el TC

En concreto el recurso afecta al artículo 17 y la disposición final primera, "en ambos casos únicamente en lo que se refiere a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales objeto de la norma impugnada en cuanto incumpla la normativa estatal en materia de costas", y la disposición adicional cuarta de protección y ordenación de la costa valenciana, según ha informado el Constitucional.

Así, el tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (26 de febrero de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros. Una medida con la que ya se contaba, dando vía libre al resto del articulado y bloqueando la aplicación de los puntos en discusión, entre ellos el que permite preservar como núcleo histórico las edificaciones de playa Babilonia.

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En la demanda, "el Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, en particular, los artículos 132, 149.1.1ª y 149.1.23ª CE, así como lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 21/1988, de Costas. También alega que serían contrarios a los principios constitucionales de separación de poderes, de reserva de jurisdicción e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", ha informado el Constitucional.

De cualquier forma, este recurso da aire a las viviendas de Babilonia, ya que se prevé que tarde un año en resolverse, tiempo en el que no se llevarían a cabo derribos.

Comisión bilateral

Sobre el acuerdo publicado por el DOGV, refleja que se han consensuado posturas en todos los puntos, salvo tres de ellos, los más polémicos y de mayor calado: dos versan sobre el mecanismo que permitiría a la Generalitat declarar "núcleos urbanos de especial valor etnológico" en dominio público marítimo-terrestre, lo que salvaría por ejemplo las construcciones de Guardamar. Y otro sobre la desafección de terrenos degradados del dominio público marítimo-terrestre.

Así, el acuerdo ha llevado implícito un recurso contra esos tres puntos, permitiendo la entrada en vigor del resto de la normativa pese a que había otros 29 donde el Gobierno alertaban que se podían invadir competencias estatales.

Pero los acuerdos son más bien aclaraciones o aspectos técnicos que se han resuelto aplicando el sentido común. Así, se especifica que la Generalitat puede actuar, pero con límites, en materia de urbanismo, medio ambiente o territorio, pero no puede cambiar las reglas del dominio público marítimo-terrestre, que es competencia estatal. Y también debe respetar la normativa estatal de biodiversidad.

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Del mismo modo la Generalitat puede clasificar las playas, pero respetando las leyes estatales ambientales. Y en cuanto a sanciones, la Generalitat solo multa en lo que es su ámbito de actuación, (autorizaciones, urbanismo, etc.), mientras que el Estado mantiene la potestad sancionadora sobre la costa estatal.

Discrepancias

En cambio, se deja fuera el polémico artículo 17 y la disposición final que permitiría preservar como núcleo histórico las más de 80 viviendas a las que Costas no prorrogó su concesión de Guardamar. Y también la disposición adicional cuarta que establece que "la conselleria con competencias en materia de ordenación del litoral llevará a cabo un inventario actualizado de aquellos terrenos que, debido a su degradación, puedan haber perdido sus características naturales propias del dominio público marítimo-terrestre, a efectos de solicitar del Estado la modificación del deslinde y su desafectación, conforme a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas".

La Generalitat defiende que la normativa es una "herramienta clave para proteger viviendas, derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral"

Esta disposición añade que "dicho inventario deberá ser aprobado como máximo en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley; y deberá actualizarse como mínimo cada seis años. El procedimiento de aprobación, y actualización del inventario incluirá el sometimiento a información pública durante, como mínimo, un mes".

Estos dos escollos en la Ley suponían una forma de tratar de evitar los llamados deslindes, el derribo de viviendas en zonas donde el mar se está "tragando" el frente litoral. En este sentido, el Ejecutivo central considera que los deslindes no son solo competencia exclusiva del Estado, sino que son líneas de protección de la costa frente a los avances del cambio climático, por lo que cuando la Generalitat busca frenar los deslindes con esta normativa, se instala en el negacionismo climático.

Respuesta

Desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación han explicado este miércoles a este medio sobre los acuerdos y el recurso ante el Constitucional que "la Generalitat reivindica que la Ley Valenciana de Costa como una herramienta clave para proteger viviendas, derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral".

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Y remarcan que "se va a defender la norma hasta el final ante el Constitucional. Núcleos costeros como los de Playa Babilonia en Guardamar del Segura o Torre la Sal en Cabanes (Castellón) necesitan del respaldo que ofrece esta ley para defender las casetas de primera línea que se ven amenazadas por la inacción del Gobierno".

La Generalitat advierte de que "los deslindes no pueden ser la solución sino actuar atajando el problema de raíz". Además desde el Consell se recuerda que el Gobierno ya llevó la ley de costas gallega al Constitucional, que dio la razón a la autonomía, y asegura que se peleará para "mantener esta figura de protección vital. La Generalitat seguirá aplicando el resto de la Ley de Costas y mantiene activa la negociación con el Gobierno para la transferencia de competencias ya que solo quedan paralizados los artículos en referencia a la figura de protección tras acordar con el Gobierno el resto de puntos conflictivos

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