San Fulgencio sufre una inédita campaña de inspecciones a pequeños comercios tras una multa municipal al jefe de la Policía autonómica de Elche

Negocios de todo tipo del pequeño casco urbano de San Fulgencio sufrieron a primeros de marzo una inédita campaña de inspección a cargo de la Unidad de la Policía Nacional de Elche, adscrita a la Policía Autonómica. Algunos de los afectados, con abultadas propuestas de sanción ahora notificada, han vinculado esta contundente actuación policial supuestamente al hecho de que el principal mando de esa unidad, Fernando Gómez, hubiera sido multado en diciembre por la Policía Local a causa de un vertido de enseres y escombros a un contenedor de residuos orgánicos y que el sancionado no tuviera éxito a la hora de recurrir la multa o que se la retirasen tras una visita con ese objetivo al Ayuntamiento, según recoge El Español y ha confirmado INFORMACIÓN. Este diario ha intentado contar con una valoración de estos hechos a través del área de la Generalitat responsable de esta unidad de la Policía Autonómica y con el mando aludido este lunes sin obtener respuesta.

Los hechos

Esta es la secuencia de los hechos: una patrulla de la Guardia Civil observó el pasado mes de diciembre cómo el inspector arrojaba escombros y muebles en un contenedor para residuos domésticos en la zona del casco urbano sanfulgentino. Supuestamente, se encontraba ayudando a un conocido en unas obras en el interior de una vivienda. La Guardia Civil dio aviso a la Policía Local, con competencias sobre materia de aseo urbano y convivencia ciudadana en el municipio, que procedió a sancionar al supuesto infractor, tras comprobar la procedencia exacta por incumplimiento de la ordenanza municipal. Los agentes le impusieron una multa leve de 120 euros. En ese momento el infractor no se habría identificado como mando policial.

El jefe policial, cuando recibió la multa a través de SUMA Gestión Tributaria, organismo autónomo que ejecuta las sanciones, acudió al Ayuntamiento de San Fulgencio a pedir explicaciones e intentar alegar la sanción con un pliego de descargo y recurso. En primer lugar, consultó a los funcionarios. Después acudió directamente al despacho del alcalde José María Ballester (PP), que además de primer edil y abogado, ha ejercido como Policía Local. En ese encuentro el mando iba a acompañado por otra persona que habría hecho valer de forma clara la condición de jefe policial del sancionado.

Ballester no se pronunció sobre estos hechos este lunes al ser preguntado. Se limitó a repetir el lema en el que ha insistido durante todo su mandato: "Estoy sujeto al imperio de la ley".

A principios del mes de marzo la Policía Nacional adscrita a la autonómica y que depende de la Generalitat, llevó a cabo una intensa campaña de inspección de locales en el casco urbano del municipio. Afectó prácticamente a todo el tejido del pequeño comercio. Desde las peluquerías a los talleres, pasando por carnicerías y panaderías.

Hasta veinte actividades

Según las mismas fuentes las inspecciones han afectado hasta quince actividades de todo tipo ajenas a la clase de negocios en el que suele centrar sus competencias de fiscalización esta unidad. Enfocadas en los preceptos que recoge la ley autonómica de Espectáculos, la Policía Nacional se encarga de controlar sobre todo establecimientos de hostelería, bares y discotecas, en especial aspectos concernientes al cumplimiento de las condiciones de licencia, accesibilidad, seguridad, aforo y contaminación acústica. Vecinos y afectados describen el importante despliegue policial llevado a cabo en el pequeño casco urbano -sin mediar solicitud previa de respaldo a la policía local-, que sorprendió a la población al contar "incluso con patrullas cruzadas en las calles".

Ahora a por las "urbas"

Las notificaciones han comenzado a llegar a los pequeños comerciantes y las quejas ahora se dirigen al Ayuntamiento, porque las multas son abultadas. Además, en esta última semana las inspecciones se han extendido también supuestamente a la zona de urbanizaciones, mucho más amplia que el casco urbano, de este municipio de diez mil habitantes.

Fuentes cercanas al equipo de gobierno se limitaron a señalar que respaldan la labor de la Policía Nacional para que se respete la legislación en todos sus ámbitos y en combate contra la economía sumergida, pero consideraron que se debe realizar en coordinación con la Policía Local. Las mismas fuentes no se pronunciaron sobre la multa y el posterior despliegue policial.

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