ORIHUELA "CASO BRUGAL"
Anticorrupción pide cinco años de cárcel a los Fenoll en el caso de los enterramientos de basuras en Orihuela visto para sentencia
Las defensas reclaman la absolución, señalan que el impacto ambiental del vertido de un millón de toneladas de residuos no se ha acreditado y piden que el tribunal anule la prueba de las escuchas telefónicas a los acusados
Matías Segarra
El juicio que desde octubre pasado se ha seguido en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial con sede en Elche por el enterramiento ilegal de un millón de toneladas de basuras en fincas agrícolas de La Murada (Orihuela), ha quedado visto para sentencia tras la última sesión de la vista oral, celebrada este martes. Los acusados son tres miembros de la familia Fenoll, ligados al vertedero clausurado de La Murada, y los empresarios Francisco Poveda, José Vera López y el exconcejal del PP de Albatera, Javier Bru.
Informes
El Ministerio Público presentó sus conclusiones definitivas para solicitar penas de prisión de cinco años y un día, multa de 25 meses con cuota diaria de doce euros, e inhabilitación especial durante tres años y un día para ejercer cualquier profesión relacionada con la recogida y tratamiento de residuos para los acusados de verter y enterrar residuos urbanos en parcelas agrícolas de Orihuela y Abanilla (Murcia) entre 2005 y 2011. La Fiscalía considera que en la trama participaron Ángel Fenoll Pérez, propietario y administrador de Proambiente S.L -cuya acusación se ha archivado por enfermedad-, y quienes se han sentado en el banquillo: su hermano Francisco Fenoll y su sobrino Ángel Javier Fenoll, a quienes Anticorrupción atribuye la organización y ejecución de las cargas, descargas y excavaciones para el enterramiento de la basura. Mientras que su hijo Antonio Ángel Fenoll Campillo asumía funciones "de contacto" con concejales del Ayuntamiento de Orihuela -en ese periodo gobernado por el Partido Popular-, "para favorecer" la continuidad de los vertidos.
Protesta a principios de la década pasada por la aparición de lixiviados en fincas agrícolas en la zonas donde se enterró basura / TONY SEVILLA
La red contaba también con la connivencia de Francisco Poveda Poveda, administrador y dueño de las mercantiles Agrícola de Orihuela y SAT 974 Virgen del Camino, y propietario de diversas fincas donde se realizaron los vertidos; Francisco Javier Bru García, administrador de Ambiental Elements S.L, y exconcejal de Albatera, que remitía la basura desde el entonces centro de tratamiento de Residuos del Baix Vinalopó; y José Vera López, cuya empresa Transformaciones Vera S.L participaba en el movimiento de tierras necesario para ocultar los residuos. De ellos, solo Francisco Poveda, que en la actualidad tiene 90 años, ejerció su derecho a última palabra.
A la petición de la Fiscalía se adhirieron las acusaciones del Ayuntamiento de Orihuela, representado por el letrado Federico Ros, que además reclama dos millones de euros de responsabilidad civil por los daños morales, y la abogacía de la Generalitat, cuyo papel en el juicio oral ha pasado casi inadvertido.
Catas de la Guardia Civil en las que se hallaron varios metros de bancales rellenados con basura sin tratar en fincas agrícolas. Al fondo, el pico del Agudo.Imagen de 2011 /
Absolución
Las defensas pidieron la libre absolución de los acusados señalando que la autoría no está acreditada y tampoco las consecuencias ambientales de los vertidos, porque las administraciones competentes como la Confederación Hidrográfica del Segura, y en especial la Generalitat, no han hecho prácticamente nada para estudiar la supuesta toxicidad y la potencial gravedad del posterior impacto del vertido, ni han prohibido el cultivo agrícola en superficie.
Los abogados se emplearon a fondo en pedir que el tribunal no contemplara las intervenciones telefónicas como prueba, ya que fueron recogidas en el marco de la Operación Brugal y los investigadores se encontraron con estos hechos mientras investigaban otros. Los letrados de la defensa sostienen que para los acusados no está claro cómo se autorizaron, desde cuándo y si estaban avaladas por las prórrogas del secreto de sumario. Estas grabaciones estaban protagonizadas por Ángel Fenoll padre y en una de ellas se escucha a Poveda advertir: "Si nos pillan (por los enterramientos) vamos todos esposados a la cárcel".
Imprecisiones
Mauricio Fernández, letrado defensor de Francisco Fenoll y de Ángel Javier Fenoll, reprochó la falta de concreción de las acusaciones al atribuir a todos los implicados el mismo papel en los hechos sin matices. Sostiene que sus defendidos eran meros trabajadores que recibían órdenes, en especial del empresario Ángel Fenoll -cuyo procedimiento ha sido sobreseído por su situación físico-psíquica sobrevenida-, como según este letrado, ratificó el principal testigo, un extrabajador de Proambiente, en su declaración. Las defensas, en especial el abogado Manuel Almarcha, han insistido durante las quince sesiones en las que se ha prolongado la vista oral, en asimilar los vertidos como compost agrícola.
Residuos sanitarios en los bancales agrícolas que colmataron un tramo de la rambla Salada / Tony Sevilla
En su relato la Fiscalía señala que las cientos de miles de toneladas de residuos enterradas generaron y generan grave riesgo de contaminación de acuíferos a causa de la producción de lixiviados, sustancias líquidas que migran por gravedad contaminando el suelo y el agua. También ha hecho referencia a la contaminación atmosférica generada por la descomposición incontrolada de materia orgánica (gas de vertedero), en especial metano y dióxido de carbono, pero también sulfuros, amoniaco, monóxido de carbono y otros gases tóxicos como benceno, tolueno o cloruro de vinilo cuya acumulación ante la ausencia de toberas de ventilación presenta elevado riesgo de incendio o explosión.
La exposición final de la Fiscalía el pasado viernes determina que los enterramientos en las fincas agrícolas se derivaron de la situación de colapso estructural del vertedero de Proambiente S.L, propiedad de la familia Fenoll y situado a caballo entre Abanilla (Murcia) y Orihuela. Pese a ello, sus responsables decidieron continuar aceptando basura urbana que excedía la capacidad de la instalación, disponiendo su vertido y enterramiento en fincas privadas próximas sin autorización.
La práctica permitió además un margen de beneficio mayor, puesto que el tratamiento de las basuras era mínimo o nulo, según la Fiscalía y en función del relato de Policía Nacional, Guardia Civil, técnicos de la Confederación Hidrográfica y peritos de la Generalitat. Los testimonios confirmaron la presencia no solo de residuos domésticos, también biosanitarios, plásticos, además de la generación de lixiviados.
La acusación ejercida por el Ayuntamiento de Orihuela reclama dos millones de euros en caso de condena a los acusados por daños morales
Quizá, mejor no tocarlos
Respecto a la restauración de los terrenos, sin cuantificar la responsabilidad civil, el fiscal solicita, en caso de condena, que en fase de ejecución de sentencia se emitan dictámenes periciales para confrontar los riesgos derivados del mantenimiento de los residuos en cada finca respecto a los que pueda producir su retirada.
En caso de que la extracción sea viable, señala, los acusados deberán asumir la retirada y traslado por gestor autorizado de todos los residuos. Pero si su retirada representa un mayor riesgo para el medio ambiente, los acusados deberán indemnizar a los propietarios de las parcelas afectadas por los daños que ocasione el mantenimiento continuado de la basura enterrada. Esta consideración se deriva del testimonio del ecotoxicólogo de la Generalitat que informó sobre los vertidos en 2012 y 2013, e indicó que el coste no solo económico, sino sobre todo ambiental, de actuar para retirar los vertidos podría ser mayor que el de dejarlos donde están. No se hace referencia a las explotaciones agrarias en plena producción sobre las parcelas.
Dónde y cómo se ubican los enterramientos
Parcelas
Las investigaciones han identificado seis parcelas donde continúan enterrados los residuos. En tres de ellas ha sido posible cuantificar el volumen mediante catas y análisis de muestras. Cuatro conocidas como finca "Los Sigüenzas", acumulan al menos 104.400 toneladas. Otra más situada en el paraje de Los Corrales, concentra 283.500 toneladas. Y en Los Vives otras cuatro más esconden bajo tierra 468.076 toneladas adicionales. La suma total alcanza las 855.976 toneladas de basura urbana enterrada a profundidades que oscilan entre uno y más de seis metros, cubierta con capas de tierra vegetal y sobre el terreno, en buena parte de los bancales resultantes, existe producción intensiva de cítricos, que cuentan además con certificaciones de calidad. Todos los enterramientos están ubicados al norte, noreste y noroeste de la población oriolana de La Murada, a las faldas de la Sierra del Agudo. Y allí siguen. La cifra estimada de basuras enterradas supera el millón porque para el caso de al menos dos fincas más se ha constado presencia de un volumen importante sin cuantificar. En total la superficie afectada suma medio millón de metros, con mayor o menor afectación de los terrenos.La colmatación con basura de un tramo de la rambla Salada, en el límite con Albatera, no se ha podido demostrar.
En mayo de 2012 se materializó, según los testimonios de propietarios de fincas adyacentes, uno de estos riesgos cuando los lixiviados afloraron en parcelas colindantes del Paraje Los Vives, situadas en un plano inferior a la zona en la que se habían realizado enterramientos. El terreno experimentó incremento notable de conductividad por sales disueltas y elevados niveles de metales pesados como cromo total, cobre, mercurio y níquel. Esta contaminación afectó a cultivos frutales y especies arbóreas, obligando a su retirada. Aquel afloramiento tuvo una repercusión pública relevante y la Consellería de Medio Ambiente asumió los gastos de limpieza, que ascendieron a 19.538 euros, cantidad que la Fiscalía reclama ahora a los acusados de forma conjunta y solidaria.
Parte de los terrenos afectados, en el caso de las parcelas de Los Vives, están enclavadas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de las Sierras del Sur de Alicante, un espacio protegido por la presencia de aves nidificantes como el cernícalo trompetero, el águila culebrera europea, el águila-azor perdicera, el halcón peregrino y el búho real. Los barrancos adyacentes están considerados hábitats de interés comunitario debido a la presencia de matorrales halonitrófilos protegidos por la normativa europea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya se pueden aplicar las deducciones por el gimnasio o las gafas en la declaración de la renta
- El suegro de Rocío Gómez, entre los ocho dueños de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante que incumplen los requisitos
- Toda la información de Santa Faz 2026: novedades, previsión del tiempo, horarios del transporte, consejos y recomendaciones
- La Santa Faz de Alicante afloja el ritmo de récord a las puertas de su protección
- Un atún rojo de 280 kilos abre en Benidorm diez días de sabor y tradición
- El diésel más caro de España está en una gasolinera de Alicante
- Eliminar paseos marítimos para salvar las playas: la estrategia alternativa a las costosas regeneraciones de arena
- Las abejas “invaden” Alicante en cuestión de minutos: qué está pasando realmente y qué debes hacer
