La Fiscalía investiga a los Marcos Brothers por un delito de falsedad documental para favorecer empadronamientos ilegales de ciudadanos extranjeros en Orihuela

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación y ha formulado denuncia ante el Tribunal de Instancia de Orihuela ante unos actos presuntamente constitutivos, entre otras infracciones, de un delito de falsedad documental por presunto favorecimiento o facilitación para la obtención de empadronamientos ilegales de ciudadanos extranjeros en el edificio situado en la calle Pintor Agrasot -número 63- por parte de la mercantil titular del inmueble -Marcos Real State-, de los Marcos Brothers, que se han dado a conocer como gurús inmobiliarios con el alquiler por habitaciones. 

Los hermanos, que presumen de haber conseguido un imperio partiendo con solo 35.000 euros -contando ya en su haber con varios edificios en propiedad y 180 habitaciones en arrendamiento- llevan a cabo unas prácticas dudosas que han levantado sospechas entre los vecinos y la propia Corporación municipal.

Tanto el área de Urbanismo como el departamento de Bienestar Social acumularon múltiples denuncias por unas viviendas se dieron a conocer como las "Pantera Rosa", al pintar sus fachadas, en pleno casco histórico oriolano, de un llamativo rosa y sus elementos de herrajes de amarillo chillón, los colores corporativos de la empresa. En total, 18 inmuebles del casco histórico, cerca de elementos protegidos de la calle San Juan, el colegio de Santo Domingo y la Casa Museo Miguel Hernández.

Tras recibir varios expedientes por infracción urbanística, la mercantil cambió la tonalidad, pero las denuncias pasaron a ser un problema social por hacinamiento e incluso se apuntó a una presunta red de explotación residencial, multiplicando el número de habitaciones disponibles para destinarlas a alquiler y llegando a alojar a hasta 30 personas en superficies de poco más de 100 metros cuadrados. Todo ello en unos inmuebles que podrían encontrarse en situación de ruina, con el consiguiente peligro.

Presuntos delitos

Fue en diciembre cuando el Ayuntamiento llevó a la Fiscalía un presunto delito que estaría cometiendo la empresa. El propio alcalde de la localidad, Pepe Vegara, firmaba el escrito que pedía al Ministerio Fiscal que investigara unos hechos que podrían ser ilícitos penalmente, como un presunto delito de falsedad documental, por cuanto se estaría obteniendo un beneficio ilegítimo a cambio de que las personas extranjeras pudieran acceder, a través del empadronamiento, a ayudas sociales o trámites de extranjería.

Asimismo, apuntaba el escrito, estas prácticas podrían constituir otros delitos tipificados en el código penal contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, realizando actos de forma fraudulenta con evidente ánimo de lucro y generando una situación de prevalimiento ante el estado de necesidad de los interesados de nacionalidad extranjera e inquilinos, además de inducir a error al Ayuntamiento para la emisión de certificados de empadronamiento.

Así, se solicitaba a la Fiscalía que abriera una investigación y la elevara al Juzgado de Instrucción competente para el enjuiciamiento de estos hechos -o los que se pudieran derivar-, de forma que si se abriese juicio la Administración local se personaría en el procedimiento judicial.

Una petición que, ahora, el Ministerio Fiscal ha llevado a cabo, admitiendo la denuncia, abriendo una investigación y dando traslado a los juzgados.

Empadronamiento

En concreto, la denuncia del Consistorio exponía que la Concejalía de Estadística venía constatando desde hace varios meses un inusitado incremento de solicitudes de empadronamientos de personas extranjeras en diversos inmuebles del municipio en los que la citada mercantil alquila habitaciones.

En este sentido, el Consistorio solicitaba que se determine si ello constituiría un fraude de ley, pudiendo estar utilizándose el contrato de arrendamiento de habitación con el fin de obtener, previo pago de precio en concepto de renta arrendaticia, el empadronamiento del posible inquilino.

Estado insalubre

La Policía Autonómica -la unidad de la Policía adscrita a la Comunidad Valenciana-, a la que el Ayuntamiento le pidió su colaboración, inspeccionó en septiembre la casa objeto de la denuncia, en la calle Pintor Agrasot, encontrándose con que en este inmueble había 16 habitaciones con unas zonas comunes que se hallaban en un estado insalubre y una instalación eléctrica en pésimas condiciones.

Además, en vista del informe policial y como medida de control para evitar una posible práctica irregular en el padrón, la Administración municipal solicitó a la Policía Local la comprobación técnica y verificación de residencia en cuanto a una de las solicitudes presentadas.

Hacinados

Así, los agentes se desplazaron a principios de noviembre a este mismo edificio, y lo que se encontraron fue dantesco: unas 30 personas malviviendo en unas condiciones deplorables. El informe incluía fotografías que mostraban una vivienda sin condiciones de habitabilidad, sino más bien de hacinamiento, teniendo en cuenta el número de inquilinos y el escaso y deficiente espacio. 

Según el escrito que llegó a Fiscalía, la mercantil estaría aprovechando la situación de vulnerabilidad de extranjeros, que carecen, la mayoría de ellos, de las necesidades más básicas, para formalizar supuestos contratos de arrendamiento de viviendas al objeto de obtener la correspondiente inscripción en el padrón municipal, lucrándose con ello y ubicando a estas personas en habitaciones en deplorables condiciones que ponen en riesgo su integridad física, al presentar un nivel de insalubridad inaceptable y un deterioro de instalaciones que suponen una merma de la seguridad de los residentes.

Derrumbe

Poco después de remitirse la denuncia a la Fiscalía, se produjo el derrumbe del techo de otro de los inmuebles, en la calle Flores, causando heridas en uno de los residentes, de 50 años.

El desplome se produjo como consecuencia del colapso del falso techo de la vivienda, teniendo que acudir también una dotación de bomberos del parque del municipio, que centró sus labores en el saneamiento de la zona y la retirada de elementos que pudieran acarrear algún peligro.

Los agentes, que inspeccionaron el exterior de la finca, observaron diversas grietas. En cuanto al interior del inmueble, los efectivos solo pudieron acceder a la planta baja, que estaba compuesta por un total de siete habitáculos destinados como viviendas y dos zonas comunes que compartían un único baño y cocina.

Detenciones

Dos de los tres hermanos han sido detenidos en Orihuela en dos ocasiones en medio año. La más reciente se produjo en febrero, cuando efectivos policiales acudieron a un piso "patera" de calle Adolfo Clavarana tras recibir un aviso por una reyerta. En ese momento había cinco personas en la vivienda.

Los dos arrestados se presentaron presuntamente en el inmueble y se dirigieron a una de las habitaciones que tienen alquiladas, donde estaba durmiendo la víctima, a la que tiraron del colchón al suelo y comenzaron a propinarle golpes y empujones hasta el punto de que tuvo que ser trasladada a un centro de salud por fracturas en varias costillas.

Fueron acusados de presuntos delitos de coacciones, allanamiento de morada, robo con violencia y lesiones, mientras alegaron que el inquilino les debía 700 euros.

Dos de los tres hermanos, de 26 y 29 años, fueron detenidos, aunque en los hechos también habría participado el tercero y dos personas más. Posteriormente, el juzgado decretó su puesta en libertad.

En julio, también fueron detenidos por un presunto delito de coacciones a sus inquilinos, un argelino y su madre que estaban alquilando desde febrero una habitación con derecho a baño y cocina por 500 euros al mes. Hasta ese momento, habían pagado 300 euros de fianza y dos mensualidades, por lo que debían unos 2.500 euros.

El hombre denunció que estaba recibiendo por parte de los propietarios presiones con métodos "poco ortodoxos" para que abonara los pagos pendientes. Además, puso en conocimiento de la policía que le pedían mil euros por empadronarle a él y a su madre (500 euros por cada uno).

Poco después, al volver del trabajo, lo esperaban en su casa los dos detenidos, que lo sujetaron del cuello con la técnica del Mataleón, provocándole lesiones leves con erosiones y contusiones en la espalda, abdomen, brazo y costado.

Mientras, The Marcos Brothers, con más de 12.400 seguidores en Instagram, se presentan como "tres hermanos creando un imperio de habitaciones, trabajando, aportando valor y creando oportunidades", haciendo hincapié en que lo que hacen es "legal, transparente y honesto".

Así, ofrecen trucos sobre "cómo las casas empiezan a trabajar por ti" y hasta cursos online para enseñar a otras personas su modelo de negocio, al que llaman "Rent to bro", de compra de inmuebles, reforma y arrendamiento por habitaciones, además de dar curiosos consejos para cobrar el alquiler, con métodos similares a los de empresas de desocupación para cobrar los impagos.

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