SAN FULGENCIO
La Fiscalía señala como "arbitrario" y "sin lógica" el recurso del alcalde de San Fulgencio contra la obligación de tramitar la moción de censura del PSOE
El Ministerio Público se opone al recurso ante la Audiencia impulsado por el primer edil popular José María Ballester y advierte que tiene fines "dilatorios" para "perpetuar a un alcalde-presidente que no tiene la mayoría legal"

Suspenden la moción de censura del PSOE contra el PP en San Fulgencio / Áxel Álvarez
Nuevo capítulo en la batalla legal abierta entre el PSOE y el PP a cuenta de la fallida moción de censura de San Fulgencio, paralizada por la mesa de edad el 18 de junio de 2025 La Fiscalía de Elche ha ratificado su respaldo legal a la moción de censura, firmada por el PSOE y un concejal independiente, en el Ayuntamiento de San Fulgencio para desalojar al PP del gobierno, calificando la negativa del Consistorio -el recurso de apelación ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) está presentado por el municipio como Administración local- "como una decisión totalmente arbitraria y carente de la más mínima lógica jurídica".
El Ministerio Fiscal se opone frontalmente al recurso de apelación del equipo de gobierno local, respaldando así la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que ya había reconocido la vulneración del derecho a la participación política y validado la tramitación de la moción que se paralizó en el momento mismo de la sesión cuando la Corporación se disponía a votarla, por la mesa de edad, constituida por dos ediles del PP, el de mayor edad y la más joven. Ambos levantaron la sesión pese a que el secretario señaló que sí se daban las condiciones legales para celebrar el plenario.

José María Ballester, alcalde de San Fulgencio / Matías Segarra
Fines dilatorios
El fiscal señala que el recurso municipal responde a fines dilatorios que buscan una vía de hecho inconstitucional: la perpetuación en el cargo de un alcalde y un equipo de gobierno que no cuentan con la mayoría legal necesaria. Ante esta situación, el Ministerio Fiscal, dentro del plazo que le ha dado el TSJCV para pronunciarse sobre este asunto - tribunal que es el que debe resolver- pide que se confirme la resolución que anuló la negativa de la mesa de edad "a la mayor brevedad posible", para restituir los derechos fundamentales de la oposición y los ciudadanos de San Fulgencio. Textualmente el Ministerio Público señala que "el presente recurso únicamente tiene fines dilatorios, dando lugar a una vía de hecho consistente en la perpetuación de un equipo municipal y de un Alcalde Presidente que no cuenta la mayoría legal y necesaria a tal efecto".

extracto de la resolucíon de la fiscalía / INFORMACIÓN
Argumentos
El escrito fiscal desmenuza la defensa del Ayuntamiento, señalando que la Mesa de Edad recurrió a una argumentación confusa, basada en una llamativa omisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Según el informe, el consistorio intentó vincular de forma forzada el estatuto de los miembros de la Corporación con los requisitos de la moción, apoyándose en una confusa mezcla de dictámenes y sentencias antiguas, de hasta 1982 y 1984 —anteriores incluso a la ley electoral vigente de 1985— para justificar sus actos. La Fiscalía subraya que no existe ningún precepto que avalara la postura municipal, que se basaba en la falta de requisitos para votar la moción y en el papel decisorio que la ley le da a la mesa de edad en un pleno de moción de censura, tildando la insistencia del equipo de gobierno gestionado por el alcalde José María Ballester, de "carente de fundamento legal alguno".

José Sampere poco después de desistir de que continuara la sesión deja el pleno de San Fulgencio / AXEL ÁLVAREZ
En el pleno
El PSOE está intentando otros caminos para hacer valer su postura. En el último pleno ordinario impuso la nueva mayoría para instar al Ayuntamiento a retirar el recurso de apelación y además reclamó al secretario que convocara el pleno de moción de censura. Ganó las dos votaciones. La primera va a ser impugnada por el alcadle porque considera que las competencias para representar al municipio en los juzgados son de Alcaldía. La segunda tiene una validez muy limitada porque el fedatario, que respaldó que la moción cumplía la legalidad, advierte ahora que el asunto está ahora bajo procedimiento judicial y la inciativa de moción no se puede abordar mientras esté el procedimiento judicial abierto.
Aunque el procedimiento judicial está quemando etapas de una forma inusualmente rápida para los tiempos de la justicia española, porque están en juego derechos fundamentales, lo cierto es que cuando la Audiencia resuelva y lo haga a favor, como lo ha hecho el juzgado ordinario, de la petición del PSOE -que incluso vio fustrado un segundo intento de moción ante la falta de respuesta inicial del juzgado-, el mandato habrá entrado en su recta final, casi en precampaña electoral. Eso si el equipo de gobierno del PP, que presenta sus recursos en nombre del Ayuntamiento, no recurre de nuevo la sentencia. Porque el alcalde José María Ballester ya advirtió hace meses, y lo ha cumplido, que sin una sentencia en firme ni él, ni los suyos van a moverse del sitio.
Quién y para qué
El PP en las pasadas elecciones municipales de mayo de 2023 obtuvo cinco concejales y consiguió formar gobierno con los dos ediles del Partido Internacional por las Nacionalidades (PIPN), con dos concejales. El PSOE, con sus seis concejales y José Sampere a la cabeza, que fue alcalde en el anterior mandato, junto con el edil no adscrito Alain Vandenbergen, que dejó las filas del PIPN, son los que impulsan la moción. El PP se mantiene en el gobierno local con esos concejales y el respaldo de la concejala que se mantiene en el PIPN, Charo Mejías. Quien ha dado argumentos más claros y vinculados a la gestión municipal para liderar la moción ha sido el propio edil independiente, ingeniero belga jubilado, en especial a la hora de valorar la gestión municipal en las urbanizaciones. El PSOE apela a que tiene mayoría y la supuesta falta de transparencia del PP.
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