Máxima tensión por el desalojo de una vivienda en Guardamar por parte de una empresa desokupa

Carmen -nombre ficticio porque prefiere mantener su anonimato para no preocupar a su familia, que vive en otra comunidad autónoma- lleva once años residiendo en una vivienda alquilada en Guardamar del Segura junto a sus dos perros. A sus 60 años, confiesa que siempre ha sido "un culo de mal asiento", pero que arrendó la casa con la intención de ya no moverse de su municipio de adopción, "a no ser que tuviera que dejarla con los pies por delante".

Por eso, cuando firmó el contrato, preguntó a los propietarios, unos ingleses que se habían afincado en Guardamar a finales de los años 90, pero que regresaron a su país en 2007, si tenían intención de vender el inmueble o que los hijos del matrimonio pudieran vivir en lo que entonces Carmen había proyectado como su futuro hogar. Le aseguraron que no.

Así, firmaron un contrato el 1 de junio de 2022 que establece que el arrendamiento sería por el plazo de un año a contar desde el 1 de marzo de 2019 con una renovación anual durante cinco años, a menos que la arrendataria notificara la renuncia con al menos 30 días de antelación.

Una vez vencido, si ninguna de las partes notificaba a la otra -al menos con cuatro meses de antelación en el caso del arrendador y al menos un mes en el caso de la inquilina- su voluntad de no renovarlo, "el contrato se prorrogaría obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más", según el documento firmado que Carmen muestra a este periódico. Es decir, está en vigor hasta 2027.

Una mujer de 60 años se niega a abandonar una casa que alquila desde hace once años con un contrato en vigor hasta 2027

La moradora pagó entonces seis mensualidades de renta más 300 euros de fianza -en total 2.100 euros-, unos 300 euros al mes que se han quedado desfasados según los desorbitados precios actuales.

El mismo contrato indica que, en caso de venta de la vivienda arrendada, el arrendador se comprometía a avisarla con una antelación mínima de un mes a la fecha de formalización de la compraventa.

Agresiones

Sin embargo, la casa, de 80 metros cuadrados, se vendió a finales del año pasado sin previo aviso. Fue el 12 de diciembre cuando el nuevo propietario la "invitó" a marcharse. Cuatro días después, el 16, Carmen recibió la visita de una empresa de desokupación, que comenzó a presionarla con agresiones verbales y hasta físicas, según denuncia.

Con el contrato en vigor y sin ninguna orden de desahucio, asegura que esa misma empresa ha ido cinco veces, aunque "solo me han agredido tres veces", comenta con un llamativo "solo" de quien vive con temor a que la violencia y el maltrato se repita.

"Me han dado palos, empujones, me han pegado y me han cogido de los pelos", relata. La última vez le rompieron la puerta y se llevaron ventanas y contraventanas, así como la carpeta con sus documentos. "Me han robado siete móviles, quedándome prácticamente incomunicada, y hasta las gafas", que -con siete dioptrías- la han dejado "medio cegata", lamenta.

A todo ello se suma que vive sin agua ni luz desde hace dos meses, con una pequeña placa para recargar la batería del móvil, sin poder salir de la vivienda: "Estoy todo el día aquí", haciendo guardia, por si no pudiera volver a entrar.

Plazo

La última vez que fueron los desokupas, tras varias horas de presión, le dijeron que dejaban "la guerra" si firmaba que se iría en 21 días. "La desesperación era tan grande", describe, que aceptó. El plazo se ha cumplido este martes, cuando han vuelto empotrando el coche contra la verja para entrar en el recinto. Esta vez ha estado acompañada de una pareja de vecinos, que han sido agredidos -con lesiones leves-, y dos miembros de la plataforma antidesahucios, que se han mantenido dentro de la casa junto a Carmen.

La tensión era tal que han llamado a la Guardia Civil, que se ha personado en el lugar. "No sé qué están esperando para llevárselos, si llego a estar sola me matan hoy", gritaba Carmen a los agentes mientras apelaba a que no abandonaría su hogar a menos que tuvieran una orden judicial, al mismo tiempo que criticaba los métodos empleados por los tres miembros de la empresa de desokupación.

Sin soluciones y sin otro sitio al que poder ir, seguirá viviendo con el miedo en el cuerpo hasta nuevo aviso, afirma.

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