La Fiscalía pide al juez que llame a declarar como investigada a la portavoz del PSOE de Orihuela por un presunto delito de revelación de secretos

La Fiscalía pide que la portavoz del PSOE de Orihuela, Carolina Gracia, sea llamada a declarar ante el juez como investigada -lo que antes era imputada- por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de una denuncia que presentó un funcionario, alto cargo directivo de libre designación del municipio oriolano, que a su vez motivó unas primeras diligencias de investigación por parte del Ministerio Fiscal que derivó en la presentación de la denuncia en el juzgado.

Los hechos se refieren a un supuesto delito por difundir información personal obtenida del acceso a un expediente de un funcionario coordinador general de área del Ayuntamiento, que luego remitió a los medios de comunicación a través de una nota de prensa.

En concreto, el técnico, funcionario de carrera perteneciente a la Administración General del Estado -ahora en comisión de servicios en el Consistorio-, había solicitado ante la Administración local, como es preceptivo en esos casos, compatibilidad para el desempeño de una segunda actividad en el ámbito universitario como profesor asociado de una universidad pública de la provincia.

El 8 de octubre la exalcaldesa y exdiputada provincial accedió, tras una solicitud realizada y autorizada por el alcalde, Pepe Vegara, al expediente de compatibilidad laboral del denunciante obteniendo datos de la misma, con información personal identificativa.

Poco después, el día 16 de ese mismo mes, Gracia los difundió a través de una nota de prensa en los medios de comunicación con referencia expresa al contenido y la finalidad de la solicitud de compatibilidad. Unos datos que, según la denuncia, son información reservada. La propia denunciada desvelaba en la nota cuál era su fuente de información, refiriéndose a que la había obtenido del expediente al que había accedido tras la autorización del primer edil.

La Fiscalía señala que todo ello podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos, por lo que Gracia se enfrenta a pena de multa de 12 a 18 meses, prisión de dos a cuatro años e inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años, según el artículo 417 del Código Penal.

La denuncia

El escrito del denunciante, que primero hizo que Gracia fuera denunciada y ahora que la Fiscalía solicite que sea llamada a declarar como investigada, señalaba que los concejales tienen derecho a acceder y conocer la información del registro de entrada de un Ayuntamiento, como ocurrió en este caso, pero mantenía que su uso debe limitarse al ejercicio legítimo de sus funciones institucionales y que la legislación establece expresamente que "queda prohibida su cesión a terceros o su utilización con fines mediáticos, partidistas o personales".

Así, la denuncia sostenía que la divulgación de datos a medios de comunicación constituye una infracción grave del deber de reserva de los cargos públicos y una "vulneración directa del derecho fundamental a la protección de datos personales", remarcando que la portavoz realizó un acceso al registro que no fue casual ni anónimo, sino un "acto deliberado de fiscalización que conllevaba la obligación legal de custodia de la información obtenida".

Filtración

También incidía en que la "información filtrada", que no debía ser divulgada por afectar a la intimidad de un tercero, no fue objeto de debate en órganos colegiados como la junta de gobierno, la comisión informativa o el pleno, algo que también limita su difusión pública porque de esos debates se deriva un acta que es de acceso público, formando parte de un expediente administrativo que "ni siquiera había iniciado su tramitación".

Además, sostenía que se produjo una supuesta manipulación informativa y daño al honor porque la filtración no se limitó a revelar la existencia de la solicitud, "lo cual ya sería delictivo", sino que se acompañó, a su juicio, de una narrativa construida sobre datos falsos o tergiversados para generar "escarnio público". Con la difusión de la nota de prensa, añadía, se destacaban datos erróneos como que no era funcionario de carrera o que cobraba 100.000 euros al año.

"Afirmaciones objetivamente falsas", según describía la propia denuncia, ya que ocupa un puesto como funcionario, por libre designación, cuyo principal requisito es ser funcionario de carrera del subgrupo A1.

Asimismo, anticipaba que la concejala alegaría que accedió a la información y la difundió por un criterio de transparencia y ejerciendo su derecho fundamental a la información. En este punto insistía en que la legislación "es clara" a la hora de señalar que los concejales tienen el deber de guardar reserva y sigilo si la "revelación resultara grave daño para la causa pública o tercero".

En este sentido, pedía, en vinculación estrecha al presunto delito de revelación de secretos, que se investigara el de injurias y calumnias, delito de carácter privado que se suele trasladar al juzgado a través de una querella, aunque de forma excepcional se persigue también cuando el afectado es un cargo público o funcionario y se da en concurso con otros supuestos delitos.

Gracia, por su parte, siempre ha sostenido que accedió a un documento de solicitud de compatibilidad -no a un expediente completo- porque la legislación le ampara para conocer el contenido de los expedientes administrativos en su labor de fiscalización y derecho fundamental a la información y que de esos documentos solo trasladó que el funcionario había solicitado una compatibilidad, sin hacer públicos datos personales, recordando que su grupo lo que anunció públicamente es que no iba a aprobar favorablemente la compatibilidad, algo que el Ayuntamiento de Orihuela delega en el pleno.

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