Los recortes del Tajo-Segura abren la puerta a indemnizaciones millonarias

La posibilidad de que los recortes en el Trasvase Tajo-Segura acaben derivando en reclamaciones millonarias contra el Estado ha irrumpido como uno de los elementos más novedosos del debate hídrico. La advertencia lanzada este lunes por el catedrático Andrés Molina sobre el derecho de los usuarios a exigir indemnizaciones en caso de daños económicos coincide con el diagnóstico de los regantes, que ya sufren los efectos de las nuevas medidas.

El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, centró buena parte de su intervención en la Comisión Especial del Trasvase Tajo-Segura, en la Asamblea Regional, en las posibles consecuencias legales de los cambios normativos. Según explicó, si la reducción de caudales acaba generando perjuicios económicos, los usuarios del trasvase "tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración indemnizaciones", siempre que se acrediten daños efectivos. A su juicio, estos usuarios han actuado bajo una "confianza legítima" en la continuidad del sistema, realizando inversiones que ahora podrían quedar comprometidas.

"Los usuarios han hecho inversiones bajo una confianza legítima en la continuidad del sistema", explica Andrés Molina

Molina advirtió además de una "importante inseguridad jurídica" histórica y de un proceso actual de "desnaturalización por vía reglamentaria" del trasvase. En su análisis, la infraestructura pierde peso por varias vías, entre ellas la interpretación restrictiva de las reglas de explotación y, especialmente, la subida de los caudales ecológicos.

Sobre este punto, alertó de que a partir de 2027 podría producirse una merma media de 105 hectómetros cúbicos anuales para regadío, con efectos directos sobre el 16% de la superficie regada —unas 27.400 hectáreas—, pérdidas económicas estimadas en 5.300 millones de euros y la destrucción de más de 15.000 empleos. "No puede ser que un cambio normativo deje a los usuarios sin alternativa", subrayó, insistiendo en que el trasvase es "irrenunciable e insustituible", mientras que la desalación o la reutilización deben ser solo complementarias.

El hachazo generará perdidas de 5.300 milllones y destruirá 15.000 empleos

También cuestionó la base técnica de los nuevos caudales ecológicos y denunció la falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura, señalando una “contradicción interna” al haberse aprobado medidas compensatorias que aún no se han materializado.

Regantes: dependencia total e incertidumbre creciente

En la misma línea crítica, el presidente de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, Roque Luis Bru, advirtió de que el aumento del caudal ecológico "ya está suponiendo unos 70 hectómetros menos de agua" para los usuarios. Durante su comparecencia, describió una dependencia "total" del trasvase en el sur de Alicante, donde su comunidad agrupa a 22.000 comuneros y unas 25.000 hectáreas de cultivo.

Bru recordó que la llegada del acueducto transformó el modelo agrícola hacia producciones de mayor valor añadido y defendió que la desalación, aunque necesaria, "no puede sustituir" al trasvase por su elevado coste. A su juicio, la reducción de recursos añade incertidumbre a un sector ya tensionado y carece de un análisis riguroso de impacto económico y social. "Lo único que queremos los agricultores es poder seguir trabajando", resumió, al tiempo que reclamó a los diputados que actúen "sobre todo en Madrid" para garantizar la continuidad del sistema.

Choque político: entre el 'mix hidrológico' y la "violencia hídrica"

El debate político reflejó posiciones enfrentadas. Desde el PSOE, Fernando Moreno reiteró que el trasvase es "irrenunciable", pero defendió la necesidad de complementarlo con desalación, reutilización y recursos propios en un 'mix hidrológico'. Moreno rechazó las críticas de la oposición y aseguró que el Gobierno busca "garantizar agua para siempre" frente a lo que calificó de "demagogia".

En cambio, el diputado del PP Jesús Cano denunció que no existe "evidencia científica" de beneficios por la subida de caudales ecológicos "excepto Portugal" y criticó la "grave incoherencia" entre los planes del Tajo y del Segura. A su juicio, el Ministerio actúa sin diálogo y está perjudicando al Levante, insistiendo en que "defender el trasvase no es una opción política, es una obligación de Estado".

Desde Vox, Antonio Martínez fue más contundente al calificar la situación de "violencia hídrica" contra el sureste español y alertar de que los recortes comprometen la seguridad hídrica de los regadíos. Por ello, reclamó una respuesta firme frente a lo que considera un "hachazo" injustificado.

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto José Luis Álvarez-Castellanos introdujo una visión más estructural, vinculando el problema a la escasez de recursos, el cambio climático y el modelo agrointensivo. En este sentido, planteó la necesidad de "redimensionar" el sistema productivo para adaptarlo a la disponibilidad real de agua.

La Comisión deja así un escenario abierto, con advertencias jurídicas sobre posibles indemnizaciones, un sector agrícola en alerta y un debate político que anticipa nuevas tensiones en torno a una infraestructura clave para el sureste español.

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