Vox cuela en el pleno de Orihuela la "prioridad nacional" frente a migrantes

Vox cuela en el pleno de Orihuela una moción que marca la "prioridad nacional" frente a los migrantes, una polémica medida que obligará a que su socio de gobierno, el PP, se tenga que posicionar, marcando el inicio de lo que para algunos es una ruptura.

Una iniciativa de la ultraderecha que, como se ha pactado en Extremadura, pretende extender la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas en el territorial nacional, algo que también sobrevuela ya en el seno del Consell valenciano, entrando en la negociación de los presupuestos de la Generalitat, al igual que ocurre en la capital de la Vega Baja, donde se están "ultimando" -sin llegar a cuajar- las nuevas cuentas de 2026.

El documento que han presentado los de Manuel Mestre para que se debata en la próxima sesión plenaria, al que ha tenido acceso este periódico, pretende insta a las administraciones competentes a llevar a cabo ocho medidas, como "establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda", así como "repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal", de los que afirma que "erosionan el Estado de Bienestar de los españoles por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional".

El texto se explaya en materia de vivienda, donde pide priorizar a los españoles para acceder a una vivienda social y protegida y a bonificaciones fiscales diferenciadas.

En cuanto al sistema sanitario, Vox solicita que se impida el acceso a los inmigrantes ilegales, salvo en casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia.

Asimismo, propone derogar el Real Decreto 180/2026, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

Igualmente, pretende dejar sin efecto aquellas normativas sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, "poniendo fin al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal".

También quiere promover modificaciones legales en el sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones públicas y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles.

Por último, aboga por que en el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los extranjeros, se determine la insuficiencia de recursos económicos atendiendo no solo a los ingresos del solicitante en España, sino también a su patrimonio y rentas radicadas en el extranjero, especialmente en su país de origen, y que en cualquier caso no se les preste asistencia jurídica gratuita en los asuntos relacionados con procesos de expulsión de territorio nacional.

Colapso

Todo este paquete de medidas llega no sin antes hacer una amplia exposición en la que Vox afirma que el Estado de Bienestar, "fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que, con su trabajo y sacrificio, han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos", se encuentra "sometido a una profunda crisis" como consecuencia directa de la deficiente gestión de los sucesivos gobiernos, pese a "la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles".

Más allá de eso, atribuye "el colapso de esos servicios públicos" a "la inmigración masiva y descontrolada", que ha provocado "una profunda alteración demográfica que no responde al crecimiento natural de la población española", que ha registrado una disminución superior a 750.000 personas desde el año 2020, mientras que el país ha recibido cerca de tres millones de personas extranjeras, "superándose por primera vez el umbral de 10 millones de residentes de esta naturaleza".

La formación sostiene que ese mismo año, en el que se aprobó la Ley de Extranjería, la población de origen extranjero no alcanzaba el 4 % del total, situándose ya en 2026 por encima del 20 %: "Este cambio no responde a una evolución natural, sino a una transformación profunda y deliberada de la sociedad española, impulsada por los sucesivos gobiernos, que han optado no ya por tolerar, sino por fomentar un proceso de inmigración masiva".

Criminalidad

Una "deriva", añade el texto, que tiene "consecuencias tan evidentes como alarmantes", tensionando hasta "extremos insostenibles los servicios públicos", y además -argumenta- "ha sido el factor determinante del deterioro de la seguridad ciudadana y de la quiebra de las condiciones básicas de orden y convivencia", relacionando el aumento de la criminalidad desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno: el tráfico de drogas se ha incrementado en un 60,9 %, las agresiones sexuales con penetración en un 215,2 %, los delitos contra la libertad sexual en un 56,7 %, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa en un 77,2 % y los delitos graves o menos graves de lesiones y riña tumultuaria en un 72,4 %.

En este sentido, la moción sostiene que en 2024 la tasa de condenados totales extranjeros fue del doble que la de los españoles, una proporción que se cumple en los tipos delictivos más graves como el homicidio e incluso aumenta al triple para delitos sexuales o robos.

Identidad

En suma, concluye el grupo municipal, las "políticas de puertas abiertas" conllevan "una sustitución progresiva de la población de España" que provoca "la desaparición de la identidad de nuestros barrios, alterando sus formas de vida". A su vez, los españoles "han sido injustamente igualados, cuando no postergados, en el acceso a unos servicios públicos que sufragan con su esfuerzo".

Por todo ello, finaliza, "la preferencia de los nacionales en el acceso a ayudas públicas no solo es legítima, sino que responde a un principio elemental de responsabilidad política", porque "no se trata de arbitrariedad ni exclusión caprichosa, sino de afirmar un criterio de justicia retributiva vinculado al deber primario de todo gobierno: atender antes a quienes sostienen y conforman la propia comunidad nacional".

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