El juzgado archiva la causa contra cuatro exconcejales y dos ediles del PP por el "caso Viales" de Orihuela Costa

El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha archivado la causa por presunta prevaricación administrativa por el "caso viales" de la Costa a raíz de una denuncia de Ciudadanos contra cuatro exconcejales y dos ediles actuales del PP, así como un funcionario, la empresa adjudicataria y su gerente en la que se planteaban posibles delitos relacionados con el contrato de mantenimiento de viales en la Costa, incluyendo malversación o falsedad documental.

El juez estima que no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito que ha motivado la causa, por lo que ha acordado su sobreseimiento provisional, que será firme una vez pase el plazo para presentar recurso.

El juzgado había pedido información documental al Ayuntamiento a raíz de una denuncia del actual portavoz de la formación naranja, José Aix, por lo que ha denominado como "caso Viales", por un posible delito de prevaricación, malversación y falsificación en documento administrativo, en el marco de un presunto fraude en la contratación por parte del Consistorio de este servicio que se habría llevado a cabo de manera continuada desde marzo de 2023 hasta febrero de este año.

Una supuesta trama que desde la formación naranja siempre se ha denunciado como "un gran fraude" a las arcas municipales oriolanas, dado que la empresa adjudicataria del contrato, que se inició en marzo de 2020, no aportó las instalaciones fijas (nave industrial con oficinas, dependencias y aparcamiento y espacio para maquinaria) comprometidas en su oferta, sin que el técnico municipal aceptara las indicaciones del entonces concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Cs), para informar expresamente sobre ese incumplimiento, además de otros que, posteriormente, sí han sido declarados como ciertos y reales no solo por otros técnicos municipales, sino por la propia justicia, dado que un juez de Elche, en junio del año pasado, así lo dejaba claro en una sentencia en el ámbito contencioso-administrativo, llegando a señalar la resolución judicial que esos incumplimientos debieron llevar a la terminación del contrato.

En concreto, todos los exediles denunciados eran del PP en el anterior mandato de 2019-2023, miembros por ese partido de la junta de gobierno local durante el tiempo que los populares estaban en el poder hasta ser desbancados por una moción de censura de PSOE, Cambiemos y Ciudadanos, que hasta ese momento gobernaba en coalición con los populares. 

Se da la circunstancia de que también había dos concejales del presente mandato, con Pepe Vegara, en el bipartito de PP y Vox.

El llamado "caso Viales" tomó forma judicial tras las numerosas denuncias públicas por parte de Cs, cuyos ediles ya identificaron este caso como la causa principal de ruptura con el PP por las evidencias de incumplimientos contractuales de la adjudicataria y la complicidad de técnico y políticos del PP en tapar el asunto.

Ahora, la resolución judicial indica que las diligencias practicadas no permiten acreditar debidamente indicios de la presunta comisión del ilícito que se ha investigado, archivando las actuaciones. Además, coincide con el criterio del Ministerio Fiscal, que ha considerado igualmente que no existen elementos suficientes para sostener una infracción penal, posicionándose a favor del archivo de la causa.

Carpetazo judicial

El grupo popular ha celebrado que la Justicia haya dejado sin base las acusaciones de Ciudadanos: "Del 'caso de corrupción' al archivo por inexistencia de indicios". En este sentido, recuerdan los populares que durante la tramitación del caso desde Ciudadanos se llegó a calificar públicamente la situación como una supuesta "trama de fraude y corrupción", además de solicitar la creación de una comisión de investigación en el ámbito municipal.

Así, el PP ha subrayado que "la justicia ha sido clara, y coincide con la Fiscalía en que no existe delito alguno", destacando que la causa "se ha cerrado sin que se haya podido acreditar ninguna de las acusaciones planteadas".

La evolución judicial del caso, ha insistido, ha descartado tanto la existencia de incumplimiento contractual, tal y como ha establecido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, como cualquier relevancia penal de los hechos, tras el archivo de la causa.

En este sentido, uno de los principales argumentos sostenidos públicamente por el portavoz de Ciudadanos, José Aix, relativo a la supuesta inexistencia de la nave y al incumplimiento del contrato por parte de la adjudicataria, ha quedado igualmente desmentido -apuntan los populares- tras la sentencia del TSJ, que concluye que la solución adoptada se ajustaba a los pliegos y fue validada por la propia Administración.

Juicio oral

Sin embargo, han puesto de relieve los populares, resulta significativo que, en paralelo a este procedimiento ya archivado, la única causa con recorrido judicial en relación con este contrato es la que afecta al exconcejal de Ciudadanos, Ángel Noguera, para quien se ha abierto juicio oral por un presunto delito de prevaricación vinculado a la gestión del mismo servicio.

Asimismo, el PP ha recordado que ya advirtieron desde el inicio del procedimiento que la apertura de diligencias no implicaba la existencia de responsabilidades penales, y ha lamentado el impacto generado en la opinión pública: "Se han realizado acusaciones de extrema gravedad que finalmente no han tenido ningún recorrido en sede judicial", utilizando "la sospecha como herramienta de desgaste político" con "un relato basado en la existencia de graves irregularidades, vinculando el contrato a prácticas de corrupción e incluso insinuando la existencia de estructuras de carácter delictivo en torno a su gestión".

Perjuicios

En esta línea, ha sido especialmente crítico con el efecto de estas acusaciones, asegurando que "no se puede trasladar a la ciudadanía un relato de corrupción sin pruebas y sostenerlo durante meses", y han advertido del "grave daño causado a la imagen de Orihuela y a la honorabilidad de las personas señaladas". De hecho, los denunciados se reservan el ejercicio de las acciones legales que correspondan frente a quienes impulsaron estas acusaciones, por el perjuicio ocasionado a su reputación personal y social.

Por ello, ha reclamado que "quienes impulsaron estas afirmaciones se pronuncien públicamente y den explicaciones a la ciudadanía tras conocerse el archivo judicial", porque "no se puede intentar conseguir en los juzgados lo que no se logra en las urnas, y hoy la realidad judicial obliga a algunos a explicar lo que durante meses afirmaron sin respaldo en los tribunales".

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