El TSJ ratifica la primera multa mensual de 135.000 euros a Acciona por la mala calidad del servicio que presta en Torrevieja

Julio de 2023 fue el primer mes que la empresa especializada en inspección auditó el servicio de recogida de basura y limpieza viaria de Torrevieja de Acciona, que había arrancado un año antes. El resultado fue demoledor: 90.000 euros en acumulación de incumplimientos leves del pliego de condiciones y 45.000 en deficiencias graves, que se centraban en la falta de contratación del personal que figuraba en el pliego de condiciones. La empresa no se ha pronunciado sobre este fallo judicial.

Desde ese momento hasta a la fecha los expedientes de penalidades siguen sucediéndose mes a a mes. En menores cuantías, porque se ha resuelto una parte de las deficiencias leves y graves. La multinacional ha recurrido cada uno de los expedientes en el juzgado. El pleito del primero ya lo perdió en primera instancia en Elche. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la actuación del Ayuntamiento lo que anticipa qué va a ocurrir con los expedientes recurridos por Acciona desde entonces. Porque los ha recurrido todos.

Penalidades

Así, el tribunal valenciano ratificó en una sentencia firmada el 14 de abril pasado la imposición de penalidades por importe total de 135.003 euros a la empresa Acciona Servicios Urbanos por el cumplimiento defectuoso del contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de la costa de Torrevieja durante el mes de julio de 2023.

La resolución, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, desestima el recurso de apelación interpuesto por la compañía multinacional y confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, que ya había avalado los actos administrativos del Ayuntamiento.

Acciona Servicios Urbanos recurrió la resolución por tres motivos principales: la supuesta infracción del principio general de contratación que convierte los pliegos en norma vinculante para las partes, la vulneración de los artículos 203 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público y el incumplimiento del principio de proporcionalidad recogido en el artículo 192 de la misma norma. La mercantil cuestionaba, en esencia, la validez de las inspecciones realizadas y el procedimiento seguido para la imposición de las sanciones y señalaba que suponían un cambio en su contrato.

Frente a estos argumentos, el Ayuntamiento de Torrevieja defendió que las inspecciones se llevaron a cabo de forma semanal y con seguimiento continuo durante el periodo objeto de análisis, tal como establece el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que la empresa "nunca mostró interés" en participar en dichas actuaciones junto al representante del control de calidad, que el municipio solo puso en marcha al año de iniciarse el servicio, con un desembolso de 180.000 euros anuales.

Empresa especializada

La administración local aportó como prueba los informes mensuales emitidos por la empresa Ingeniería Quipons (ahora denominada Natur Forest Murcia) —adjudicataria del servicio de control de calidad—, así como los dictámenes técnicos de la Interventora Municipal y del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que constataron incumplimientos en la prestación del servicio.

El contrato, adjudicado en enero de 2022 por un importe anual de 24.368.664 euros con IVA incluido -aunque ya ha sido modificado al alza con los incrementos de IPC y para asumir zonas de recogida de la urbanización La Hoya y supera los 25 millones-, contempla la prestación integral de los servicios de retirada y transporte de residuos, mantenimiento de puntos de recogida, limpieza viaria, conservación de las playas y gestión del ecoparque municipal.

La magnitud del acuerdo y la relevancia del periodo estival, en el que Torrevieja registra un incremento significativo de población, fueron elementos que el tribunal tuvo en cuenta para valorar la proporcionalidad de las penalidades impuestas: 90.000 euros por incumplimientos leves y 45.003 euros por infracciones graves y muy graves. En estos últimos casos por obstrucción al trabajo de la propia auditora y, sobre todo, la constatación de que la contrata, en plena temporada alta, no dispuso del personal en aseo urbano que figuraba en el pliego de condiciones.

La penalidad apenas supone un 9% del canon mensual que recibe la empresa. Una cantidad reducida, pero que sí afecta al negocio de la empresa en Torrevieja porque se "come" su porcentaje de beneficio industrial.

La sentencia subraya que el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajustó a lo previsto en el pliego y en la legislación aplicable: incoación del expediente, trámite de audiencia con ampliación de plazo solicitada por la propia empresa, y resolución motivada por el órgano competente. Además, el tribunal recuerda que las penalidades administrativas no tienen naturaleza sancionadora en sentido estricto, sino que funcionan como una cláusula penal contractual destinada a tutelar el interés público que sustenta el contrato. Porque en paralelo a estos expedientes de penalidades -las multas- el Ayuntamiento ha llevado a cabo, mes a mes, los de minoración por los servicios no prestados por la empresa. De hecho, todas las penalidades impuestas se han hecho efectivas en las certificaciones realizadas por el Ayuntamiento mes a mes. Los recursos de Acciona buscan recuperar esas cantidades con intereses de demora.

Con esta resolución, firme en vía administrativa, Acciona Servicios Urbanos deberá asumir el importe de las penalidades, ya detraídas en su día, y las costas del recurso, fijadas en 1.800 euros.

Recurso

La sentencia admite recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJCV, para lo que la parte interesada dispone de un plazo de treinta días desde su notificación.

La supervisión municipal del servicio ha permitido que la empresa corrija buena parte de sus incumplimientos. Sin embargo, la satisfacción con la prestación de recogida de basura y limpieza viaria, que debería haber dejado huella tras la puesta en marcha del nuevo contrato, es muy desigual entre los vecinos, que además han visto cómo se elevaba el pago de la tasa de basura en un 80 %.

La recogida de basura en las áreas residenciales y urbanizaciones sigue siendo deficiente. Se han renovado los contenedores y la maquinaria, y la limpieza es más exhaustiva en el centro. El quinto contenedor de fracción orgánica, una obligación de la legislacion de residuos, que a la larga reduciría costes y "una prioridad" del contrato, sigue sin desplegarse.

Hace solo unas semanas que el Ayuntamiento de Torrevieja ha dado el visto bueno a la constitución de una Unión Temporal de Empresas en la que se mantiene Acciona con un 50 % de la participación en la empresa y un 50 % del Grupo Hozono Global, a través de una de las empresas del grupo, Actúa.

Suscríbete para seguir leyendo