Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó presentará propuestas al esquema de temas importantes del nuevo ciclo del plan de cuenca del Segura 2028-2032, documento previo al definitivo del plan que debe aprobarse antes del 31 de diciembre de 2027. Entre las iniciativas de los regantes figura su valoración sobre la posibilidad de trasvasar 15 hm3 del Júcar-Vinalopó a la Región de Murcia. Miles de regantes del Vinalopó, desde Villena a Albatera, pasando por Caudete (Albacete) Sax, Elda, Novelda, Agost, Monforte, Aspe, Crevillent o el noroeste de Elche, son los usuarios de ese trasvase, cuyas aguas solo comenzaron a llegar en volumen suficiente y a precio asequible a finales de 2023.

La estimación de necesidades con cargo a la transferencia del Júcar para paliar las situaciones de sobreexplotación en los acuíferos compartidos entre el Júcar y el Segura se sitúan en torno a los 15 hm³/año, de los que unos 7 hm³ deberían ir destinados al acuífero de Jumilla-Villena, 5 hm³ al de Serral-Salinas y otros 3 hm³ para atender desde la cuenca del Júcar los regadíos que dependen de la masa de agua subterránea de la Sierra de Crevillent. La propuesta no es nueva. Ya se contemplaba en anteriores planes hidrológicos pero es ahora cuando se expresa de forma más clara y contundente.

Esquema de temas importantes

Así figura textualmente en el documento que prepara la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El presidente de la Junta Central, Ángel Urbina, señaló que las sugerencias o aportaciones -el plazo culmina a finales de este mes de mayo-, siempre se harán desde el punto de vista técnico y considerando que la competencia para realizar un trasvase entre demarcaciones hidrográficas es del Estado.

Urbina enfatizó que sin la reparación efectiva de la balsa de San Diego y la garantía de llegada de todos los caudales disponibles a los usuarios del trasvase del Júcar al Vinalopó «es muy difícil» que esa iniciativa salga adelante.

Este reservorio con capacidad para 20 hm³ no funciona desde que se terminó en 2010 debido a deficiencias que producen importantes filtraciones del agua por su solera y que no han sido resueltas en quince años. San Diego debería ser el embalse regulador de los caudales que llegan del Júcar captados en el Azud de La Marquesa en Cullera (Valencia).

Ochenta hectómetros

La legislación que ordena este trasvase dispone un caudal anual de 80 hm³ aunque los aportes están regulados por una senda de explotación que culmina en 2032 con 34 hectómetros anuales mínimos trasvasables. En 2025 se trasvasaron 37, en un aumento muy sustancial con respecto a los dos ejercicios anteriores.

La ineficacia de este embalse regulador se encuentra en el centro de los problemas de distribución de agua a los usuarios en los valles del Vinalopó, que deben saltarse el embalse y almacenar el agua en balsas del postrasvase.El pasado invierno, por ejemplo, tuvieron que solicitar que se dejara de trasvasar porque no había capacidad para reservar el agua.

Las reparaciones en este reservorio dependen del Ministerio para la Transición Ecológica. Pendientes de ejecución se encuentra también buena parte de las obras del postrasvase del Vinalopó, margen izquierda, que financia y ejecuta la Generalitat, no sin dificultades financieras para proyectar nuevos tramos tras la DANA. Antes de la catástrofe comprometió y adjudicó obras por valor de 30 millones en el postrasvase margen izquierda.

Altiplano

Los principales beneficiarios del Júcar-Vinalopó serían los empresarios agrícolas del Altiplano murciano, junto a otras zonas que pese a carecer de recursos del Tajo-Segura o desalinizados se transformaron al regadío con la explotación de unos pozos cuya fecha de caducidad -por la sobreexplotación de los acuíferos-, está fijada para 2027. Murcia y Alicante comparten varios acuíferos.

La llegada regulada del trasvase del Júcar desde finales de 2023 ha permitido cerrar parte de los pozos a los agricultores alicantinos. Ese suministro no es solo vital para mantener la actividad agrícolas de miles de hectáreas. El cierre de los aforos para uso agrícola no solo tiene como objetivo su mejora ambiental: más de una veintena de municipios garantiza su abastecimiento urbano de esos acuíferos, porque el agua del Júcar es válida para el riego pero no para el consumo humano. Y el descenso de las extracciones ya ha supuesto un moderado aumento o estabilización de los niveles y una mejora en la calidad del agua. Esa misma mejora, ya beneficia a los municipios murcianos que comparten acuíferos paso ya beneficia a los murcianos del Altiplano, como Jumilla y Yecla, a los que tampoco llega el agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla ni la desalada.

Trasvase cerrado ahora

Urbina matiza además que se está produciendo un problema relevante en el trasvase Júcar -Vinalopo. Desde hace un mes, como recogió INFORMACIÓN se están llevando a cabo obras de reparación en los túneles de la infraestructura que cuenta con 90 kilómetros de longitud y que impulsa el agua desde el azud del río Júcar en Cullera hasta San Diego superando un desnivel de unos 600 metros.

En este caso se está actuando en el túnel de Barxeta, de casi tres kilómetros de longitud. "No se pondrá en marcha hasta, en principio el 18 de mayo. Al no tener agua almacenada en San Diego, hay un déficit que la Junta Central está gestionando con la Confederación Hidrográfica del Júcar para poder extraer un poco más agua de los acuíferos afectados con el objetivo de que a los regantes no les falte agua del plan de explotación aprobado para este año Hidrológico".

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, recuerda que la competencia reguladora recae en el Ejecutivo central y que el plazo para definir medidas comienza a contar desde la publicación del documento el pasado 15 de abril.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene ahora un plazo de seis meses para determinar las actuaciones necesarias sobre las masas de agua subterránea compartidas entre demarcaciones hidrográficas, tras la publicación oficial del catálogo correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Masas compartidas

En referencia a las masas de agua subterráneas compartidas entre las cuencas del Segura y el Júcar, Urbina, reiteró que la competencia a la hora de regular este ámbito corresponde exclusivamente al Gobierno de España, en aplicación de lo establecido en los planes hidrológicos aprobados en enero de 2023. Y avanzó que el pasado 15 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el catálogo de acuíferos compartidos. El documento identifica un total de 27 acuíferos compartidos entre distintas demarcaciones hidrográficas de Espeña, entre los que figuran masas relevantes para el ámbito del Vinalopó y Villena, como esos sistemas Jumilla-Villena, Serral-Salinas, Sierra de Crevillent y Quibas, compartidos entre las demarcaciones del Segura y del Júcar.

Según explicó Urbina, la aprobación de este catálogo, pendiente desde la aprobación de los planes hidrológicos vigentes en 2023, era "muy importante" y un paso preceptivo para avanzar en la coordinación de la gestión hídrica de ambas demarcaciones. El texto publicado establece que el catálogo servirá de referencia técnica para la futura actualización de los planes hidrológicas deberán adaptarse a sus previsiones, además de la actualización del Plan Hidrológico Nacional.

El Ministerio, por tanto, cuenta con un plazo máximo de seis meses para proponer las medidas de gestión, planificación o coordinación que considere necesarias en cada una de las masas incluidas en el catálogo. "Ahora, cuando ya se ha determinado oficialmente y técnicamente cuáles son y cuál es su superficie le toca al Gobierno decidir cómo se regulan", señaló.

El catálogo incluye la delimitación cartográfica de cada acuífero compartido, la identificación de las masas de agua subterránea que lo integran y su adscripción a las demarcaciones hidrográficas correspondientes. Su elaboración ha contado con el apoyo técnico del Instituto Geológico y Minero de España y ha sido informada favorablemente por el Consejo Nacional del Agua, con participación de administraciones autonómicas, entidades locales y representantes de usuarios.

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