El TSJ valida el convenio entre los regantes y el Estado para el trasvase del Júcar al Vinalopó hasta 2032

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado la vigencia del convenio de 26 de marzo de 2007 entre los regantes de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Acuamed para la financiación y explotación del trasvase Júcar-Vinalopó, así como su adenda n.º 1 suscrita el 27 de octubre de 2023 y que es la que regula actualmente la llegada de caudales.

Ese acuerdo permite que los recursos hídricos lleguen ahora a las tierras del Vinalopó a precio asequible para los regantes -subvencionado por el Gobierno central- y regenerar los acuíferos subterráneos que abastecen de agua de consumo humano a más de una veintena de municipios de los valles del Vinalopó.

Recurso

La Asociación Xúquer Viu presentó un recurso ante ese convenio en el que solicitaba su extinción al considerar que había superado el plazo máximo de cuatro años previsto en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El tribunal razona que los convenios para ejecución, financiación o explotación de obras hidráulicas concertados por Acuamed están afectados en la excepción de la legislación, que permite plazos superiores cuando así lo prevea la normativa sectorial.

En este caso, el texto refundido de la Ley de Aguas y el principio de recuperación de costes justifican una duración extensa, dado el elevado importe de las infraestructuras -330 millones de euros según recoge el texto del convenio de 2023- y la necesidad de amortizarlas en condiciones viables.

Continuidad

El TSJCV rechaza que la adenda de 2023 constituya un nuevo convenio, calificándola como una renovación del texto original centrada en la modificación de la cláusula sexta relativa al pago de tarifas, con la incorporación de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó como sujeto obligado durante un periodo transitorio de diez años.

En segundo término, la sentencia sí anula las dos resoluciones de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 12 y 16 de febrero de 2024, que autorizaron la derivación de aguas superficiales del río Júcar en el azud de la Marquesa (Cullera) a través de la conducción Júcar-Vinalopó hacia el sistema Vinalopó-Alacantí. Fueron 15,6 hectómetros cúbicos.

Las reglas de explotación ya están aprobadas

El tribunal aprecia vulneración del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar, al no haberse aprobado con carácter previo el preceptivo plan anual de explotación -las reglas de explotación con la senda de suministro-. Dicho plan fue finalmente aprobado, como recogió INFORMACIÓN, por resolución del presidente de la CHJ el 26 de febrero de 2025.

No tiene efectos retroactivos

La propia sentencia reconoce implícitamente que esta anulación carece de efectos prácticos retroactivos, toda vez que las transferencias de agua autorizadas en febrero de 2024 ya se ejecutaron en su momento -fueron algo más de 15 hectómetros. La estimación del recurso se limita a la declaración de nulidad formal de los actos administrativos, sin incidencia sobre los volúmenes ya trasvasados.

La resolución no impone costas procesales a ninguna de las partes, al estimar el recurso solo parcialmente. Cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.

Lo que defiende Xúquer Viu

Xúquer Viu solicitó la anulación de este convenio del trasvase al Vinalopó y de su plan de explotación porque considera que el acuerdo a diez años entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y los usuarios del Vinalopó "hipoteca el futuro del Júcar y la Albufera".

Para la asociación ecologistas, que integra a numerosos municipios de la zona, la recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó "se haría a costa de incrementar la sobreexplotación del Júcar" y lamentan que "ahora también pretenden llevarse el agua del Júcar a Murcia, como si se tratara del Misisipi".

El colectivo pide el trasvase que se realice "a sobrantes", es decir, que la cantidad a trasvasar dependa de los excedentes del Júcar, "siempre que las necesidades ambientales y de riego estén cubiertas" y "estos sobrantes no pueden prefijarse en un convenio a diez años, sino que deben establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, en función de la situación del río".

La entidad ha iniciado una campaña de recaudación para sufragar los costes de sus recursos y es probable que apele la sentencia del TSJCV en casación ante el Tribunal Supremo.

Excedentes

La toma que se emplea para captar los excedentes se sitúa a escasos kilómetros del mar. De hecho, el Azud de la Marquesa se construyó para evitar la intrusión de agua del mar al río.

Los regantes del Vinalopó defienden, por su parte, que se trata de excedentes, durante todo el año muy por encima del mínimo de caudales ecológicos, que la cuenca emisora nunca va a emplear para riego y que van directos al mar. También recuerdan que la toma inicial se realizaba en Cortes de Pallás y se modificó por la actual, lo que impide que el agua que se trasvasa se pueda emplear para abastecimiento.

Qué es el trasvase Júcar-Vinalopó

La conducción Júcar-Vinalopó es una infraestructura declarada de interés general del Estado terminada en 2010 cuyo objetivo principal es la transferencia de caudales excedentes desde el río Júcar (hasta un máximo de 80 hm³/año) hasta la cabecera de la cuenca del Vinalopó, en el embalse de San Diego, a caballo entre el término municipal de Villena y Fontanars dels Alforins (València). Estos caudales permiten, sobre todo desde que ha alcanzado un nivel de trasvase superior a los 25 hectómetros anuales, paliar la "grave sobreexplotación de los acuíferos de las comarcas alicantinas del Alto, Medio y Bajo Vinalopó, incluido el noroeste de Elche, así como de zonas l’Alacantí, conforme a las previsiones del Plan Hidrológico del Júcar. También alcanza al acuífero de la Sierra de Crevillent, con Crevillent y Albatera (en la Vega Baja) y Caudete, en Castilla-La Mancha.

Este es el embalse de San Diego del trasvase del Júcar en Villena, vacío y sin uso desde que se terminó en 2010, porque el agua se filtra por el subsuelo

La Infraestructura tiene una longitud aproximada de 95 kilómetros. Incluye dos grandes túneles en Corbera (2.800 metros) y Barxeta (3.900); tuberías de transporte, con diámetros de 1.800 y 1.900 milímetros; cuatro estaciones de bombeo, con un total de 45 MW de potencia instalada para superar el desnivel de 600 metros entre Cullera y Villena; tres balsas intermedias de regulación, con un volumen total de 300.000 m³ y una enorme balsa final de 20 hm³ de capacidad, denominada San Diego, con categoría A de gran presa, para almacenar y regular los excedentes impulsados.

El uso de esta última está descartado porque el agua se filtra en el subsuelo y hay que repararla. Además, está prevista la construcción de tres plantas solares en la provincia de Valencia, que deberían estar operativas en 2027, para reducir el coste energético -y que el precio subvenciona de la Administración sobre el precio fijado por el agua a los regantes sea sostenible.

El coste total de la infraestructura supera los 335 millones de euros. Los regantes pagan 0,24 euros por metro cúbico. En 2025 fueron 37 hectómetros: 8.140.000 euros.

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