Contra el intrusismo de los VTC: un control de la Policía Local de Orihuela se salda con 21 vehículos inspeccionados, dos detenidos, un coche al depósito y varias denuncias

La Policía Local de Orihuela está llevando a cabo una campaña de vigilancia y regulación contra el intrusismo en el transporte de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) -que gestionan plataformas como Uber o Cabify- que afecta al sector del taxi. En concreto, los agentes están reforzando la seguridad ciudadana con nuevas jornadas de formación y control de este tipo de vehículos con el objetivo de garantizar que cada trayecto sea legal y seguro, al mismo tiempo que cumpla con la normativa vigente.

De momento, ha realizado un control y está previsto otro en los próximos días. Esta primera jornada se ha saldado con 21 vehículos inspeccionados, dos detenidos por falsedad documental, un coche retirado al depósito y varias denuncias por infracciones administrativas.

Lo que básicamente comprueban los agentes en este tipo de controles es que tenga la licencia en vigor, contando con la autorización administrativa correspondiente, así como la verificación del tiempo mínimo de reserva -que es obligatorio en la Comunitat Valenciana-, las hojas de ruta con el registro digital correcto de cada servicio y un seguro específico con cobertura especial para el transporte de viajeros.

La importancia radica en que el uso de servicios piratas o fraudulentos implica viajar sin las coberturas de seguro necesarias y fomenta la competencia desleal frente a profesionales que cumplen con la ley (taxis y VTC legales).

Descontrol

Fuentes del sector aseguran que "es insuficiente", porque "no hay ningún tipo de control, y los efectivos policiales son escasos". En el municipio oriolano, "los ánimos están caldeados con peleas a diario" ante el aumento de los VTC, que están operando cada vez con más frecuencia en la Costa, donde hay escasez de taxis y "saben que en el litoral pueden hacer negocio; es una mina de oro".

Las mismas fuentes indican que cargan clientes en la misma parada de taxis, algo que está prohibido, además de hacer captación de clientela ofreciéndose -sobre todo a turistas- como un servicio de taxi, una práctica que está sancionada con 6.000 euros de multa.

Así, denuncian que hay una empresa de VTC, en Villamartín, que opera sin autorización para servicio urbano. Además, Orihuela no cuenta con una ordenanza del servicio de taxi. Al no estar regulado, "poco se puede hacer", lamentan las mismas fuentes, que aseguran que el Ayuntamiento ha prometido que va a poner más policías para aumentar el control.

Quejas

Entre las principales quejas, los taxistas afirman que la mayoría de VTC incumple la ley al realizar trayectos urbanos, cuando solo unos pocos tienen licencia para poder hacerlo, mientras el resto debería limitarse a viajes interurbanos.

Además, sostienen que las propias plataformas que gestionan estos servicios operan de forma irregular, actuando como "centros de distribución de servicios -el equivalente a las asociaciones de taxis- sin poder hacerlo", ya que no están registrados como tales.

Así, reclaman mayor contundencia por parte de la Generalitat y de los ayuntamientos para que las empresas de VTC cumplan la legislación, poniendo sobre la mesa al mismo tiempo el perjuicio económico que sufren los alrededor de 1.440 taxis con licencia que existen en la provincia.

Protestas

El hartazgo es tal que las asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana han avanzado que realizarán protestas semanales de forma indefinida en Alicante, Valencia y Castellón hasta que la Administración les dé una solución "con fecha" para acabar con "el intrusismo" de los VTC.

Las movilizaciones se harán este jueves y el viernes 15 de mayo en las tres capitales de provincia. Después, volverán a reunirse para decidir "el siguiente paso" hasta que la Administración les presente una solución.

En este sentido, el presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana, Fernando del Molino, ha exigido al vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, que les presente un borrador del decreto de movilidad "con fecha de publicación".

De esta forma, ha apuntado que "no confían demasiado" en que este mes de mayo haya novedades, porque "en primavera de 2025 nos dijo que estaría antes del verano, luego que después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca, luego para Navidad, en febrero que era cuestión de días, luego que para después de Fallas y más tarde para después de Semana Santa y seguimos sin fecha de publicación".

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