Vecinos de la Carretera de Arneva en Orihuela estallan contra una empresa de cítricos: constantes ruidos a escasos cuatro metros de sus viviendas

Los vecinos de la Carretera de Arneva, en Orihuela, estallan ante lo que consideran una situación de "indefensión y desamparo institucional". Desde hace un año y medio soportan ruidos y numerosas molestias por parte de una empresa de cítricos que se ha instalado a escasos cuatro metros de sus viviendas.

En todo este tiempo acumulan dos carpetas repletas de quejas al Ayuntamiento y avisos a la Policía Local. Ahora exigen al Consistorio que actúe, después de que la Generalitat Valenciana haya denegado la Declaración de Interés Comunitario (DIC) necesaria para la actividad, "una actividad industrial ilegal que continúa operando con total impunidad", lamentan.

Así, denuncian que "la empresa opera en una nave autorizada únicamente para actividad inocua, cuando la realidad es una logística pesada de cítricos con tráfico constante de tráileres de gran tonelaje que colapsan calles residenciales".

Además, añaden, la jornada comienza a las 6 de la mañana -sin importar fines de semana ni festivos- con motores de camiones a pie de ventana.

Entretanto, la tensión ha ido escalando con altercados que han acabado incluso en una agresión física -que fue denunciada- y hasta en “bloqueos deliberados” de salidas de garajes particulares con vehículos de la mercantil, según manifiestan.

A todo ello suman que cada vez son más los vecinos afectados, ya que "han convertido un terreno rústico anexo en parking logístico sin respetar retranqueos ni contar con licencias de obra o actividad, para la flota de camiones, que permanecen arrancados 25 minutos antes de sacarlos", sostienen.

Incumplimiento de la normativa

La conselleria ha rechazado la solicitud de la empresa para el uso de industria hortofrutícola, en terrenos calificados como suelo no urbanizable común, según la resolución de finales de enero.

El promotor pidió en julio del año pasado la DIC para regularizar la actividad en una parcela de 2.040 metros cuadrados, adjuntando el proyecto técnico, la memoria, planos y un estudio de integración paisajística. Sin embargo, la Generalitat comunicó al promotor que se incumple la ley de ordenación de territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP), puesto que no justifica que la actividad industrial fuera existente y estuviera en funcionamiento antes de la entrada en vigor del decreto de 2014, tal y como se establece para la regularización de actividades industriales y terciarias en suelo no urbanizable. De hecho, añade la resolución, en el propio proyecto se dice literalmente que la actividad "está en funcionamiento, de forma continuada, desde 27 de diciembre de 2024".

Alegaciones

Después, en noviembre, dentro del plazo de alegaciones, el empresario alegó que la Administración había interpretado mal que la actividad se desarrolle desde diciembre de 2024, justificando que lo que marca esa fecha es el cambio de titularidad, tratando de justificar que en realidad la actividad hortofrutícola "ha estado en funcionamiento de manera ininterrumpida durante más de 15 años". Asimismo, aportaba documentación del titular anterior, como tarjeta de identificación fiscal, la factura de suministro eléctrico, etc.

Pese a su empeño por tratar de justificar que ya se realizaba esa misma actividad antes, la conselleria respondió que ningún documento sobre el titular anterior describía el tipo de actividad que desarrollaba, a lo que añadía que "en las imágenes históricas que se obtienen por Google Maps se aprecia que, al menos desde agosto de 2012 y hasta octubre de 202, el rótulo de la fachada era "Parques infantiles, mobiliario urbano"; es decir, un tipo de actividad totalmente diferente y que ni siquiera era industria, sino comercio". Por tanto, se resolvía rechazar la DIC.

Licencia

Mientras, los vecinos se preguntan por qué no hacen cumplir la normativa vigente sobre contaminación acústica, al tiempo que recuerdan que "las actividades que puedan generar ruido, vibraciones, emisiones, vertidos o molestias requieren un procedimiento de declaración responsable ambiental o licencia ambiental municipal". Además, prosiguen, debe comprobarse antes de la apertura la compatibilidad urbanística, por ejemplo, actividad industrial en zona residencial". Sin ello, "no se puede otorgar licencia y no se puede ejercer", insisten.

Por eso, acusan al Ayuntamiento de "mirar para otro lado", al "ignorar el cierre de una industria citrícola ilegal en una zona residencial pese a la denegación de la DIC por la Generalitat", reclamándole a la vez "decretar el cierre dado el perjuicio a los ciudadanos e imponer una sanción contundente por las infracciones urbanísticas en suelo rústico".

Por su parte, fuentes municipales explican a este periódico que la mercantil presentó recurso de alzada ante la conselleria competente tras la inadmisión a trámite de la DIC, encontrándose actualmente este procedimiento pendiente de resolución administrativa: "El expediente continúa en tramitación en el ámbito autonómico y será una vez recaiga resolución definitiva cuando el Ayuntamiento de Orihuela adopte las actuaciones que correspondan".

Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, sin obtener respuesta.

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