Familias del colegio Azorín de Catral se oponen a la supresión del transporte escolar: "A la Generalitat no le importa nada, solo los números"

Madres y padres del colegio Azorín de Catral llevan escuchando desde hace tres años que la Generalitat va a suprimir el transporte escolar, aunque al final la Administración siempre se ha echado para atrás. Sin embargo, en esta ocasión, según les ha trasladado la inspección educativa, se va a materializar en septiembre con el inicio del próximo curso.

Para algunas familias se trata de un servicio esencial, y por eso ven con preocupación una medida que obstaculiza el derecho a la educación, un pilar fundamental, que no solo se garantiza con la existencia de centros educativos, sino asegurando por parte de los poderes públicos que el acceso sea real y efectivo para todos los menores, abarcando también el desplazamiento necesario para hacerlo efectivo.

Tanto es así que el AMPA y el equipo directivo del colegio, así como representantes de distintos grupos de la Corporación municipal, han remitido un escrito, aún sin contestación, a la conselleria para que se mantenga el autobús que presta servicio desde hace varias décadas.

La situación se agrava aún más cuando afecta a menores con necesidades educativas especiales, como es el caso de Safae Hamidi y Ema Vasileva Lyutkova, dos niñas de 12 años que se desplazan cada día desde que tenían tres años desde Rojales y Ciudad Quesada hasta el aula específica del colegio de Catral.

Ante la incertidumbre y la angustia, sus padres están moviendo cielo y tierra para que se mantenga un servicio esencial, ya que debido a su condición no pueden utilizar otros medios de transporte de forma autónoma ni asumir trayectos alternativos que supongan un riesgo o una sobrecarga para sus familias.

Ema tiene parálisis cerebral y no puede andar. Usa esta ruta de transporte a través de un minibús adaptado. Tampoco habla -se comunica a través de su comunicador-, pero le ha pedido a su madre, Dilyana Velinova Nikolova, que traslade su deseo de seguir como hasta ahora.

"A la conselleria no le importa nada, solo los números", lamenta Dilyana, porque la justificación para suprimir un servicio que cuesta 80.000 euros es "la falta de número" al no llegar al mínimo exigido de 15 alumnos que cumplan con las condiciones para ser beneficiarios, entre ellas que el colegio y el lugar de residencia esté a más de 3 kilómetros en línea recta.

Trayecto

Si bien, con carácter excepcional, la normativa contempla los casos en los que el acceso al centro docente es dificultoso por la peligrosidad de las vías o del tiempo de acceso. Es el caso de niños residentes en el barrio de los Dolores del término municipal de Catral. Este alumnado, con la supresión del servicio, se vería avocado a caminar durante al menos tres cuartos de hora en un trayecto de aproximadamente tres kilómetros que además tiene peligrosidad, ya que en algunos tramos no hay alumbrado público ni acera.

"No es humano ni comprensible que niños en edad escolar se vean en la necesidad de sufrirlo, ni tampoco es justo que los padres y madres deban renunciar a sus obligaciones laborales para poder solucionarlo", explica Dilyana, que insiste en que "no son meros expedientes administrativos".

En el caso de Ema y Safae, además, hay necesidades especiales que requieren una atención individualizada y sobre todo estabilidad. "Modificar sus costumbres y su modo de vida de forma abrupta supone un retroceso en todo el trabajo realizado hasta ahora", incide Dilyana, porque en el centro que cursa está totalmente integrada, ha construido vínculos afectivos y educativos sólidos y ha logrado avances significativos gracias a un entorno habitual que les proporciona seguridad, sin olvidar que los docentes ya conocen sus necesidades específicas.

Alternativas

La alternativa que les han ofrecido es un aula más cercana en el colegio Heredades de Almoradí, un centro en el que también se ha suprimido el transporte escolar. Para sus padres, cambiarlas de colegio después de tantos años no es una opción. "Ema no es un objeto", ataja su madre, que añade que "la medida no es un simple cambio logístico, sino un ataque directo a la estabilidad emocional y educativa de un grupo de menores que lleva muchos años compartiendo su vida escolar".

Porque para las familias afectadas no son simples usuarios de un autobús, sino un grupo que ha crecido desde los 3 años, compartiendo el camino al colegio, las conversaciones, los nervios antes de un examen y las risas a la vuelta. El autobús es, para ellos, una extensión del aula y del patio. "Para muchos de estos niños, este centro es su segunda casa y sus compañeros su segunda familia", prosigue Dilyana.

Los padres, por su parte, han organizado su vida laboral y personal durante casi una década en torno a esta ruta, de forma que la conselleria "está poniendo en riesgo la escolarización de menores por un ajuste burocrático", insiste.

Las ayudas económicas individuales al transporte que contempla la normativa tampoco solucionan el problema, puesto que las limitaciones que presentan están relacionadas con cuestiones como no disponer de vehículo propio, la incompatibilidad de horarios por falta de conciliación laboral o la inexistencia de rutas de transporte alternativas. 

"No estamos pidiendo un favor. Estamos pidiendo que no se rompa lo que ha tardado años en construirse: la comunidad educativa de nuestros hijos", concluye Dilyana.

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