El alcalde de Orihuela se sienta en el banquillo acusado de supuesto fraude fiscal con una petición de 7 años de cárcel

El Juzgado de Lo Penal 1 de Orihuela inicia este viernes el juicio por fraude fiscal por el que está acusado el alcalde de Orihuela, José Vegara, y cuatro empresarios más. La vista oral ha sido aplazada en tres ocasiones anteriores, en primer lugar, en enero de 2025 por la imposibilidad del letrado del primer edil de acudir a la cita judicial y después, en noviembre de 2025 y en dos ocasiones en el mismo mes, por un problema médico de la propia magistrada, que finalmente pospuso el señalamiento seis meses. La nueva cita judicial, a día de hoy, se mantiene.

Petición del Ministerio Público

La Fiscalía pide a Vegara, como empresario, consejero delegado y apoderado de ITV Vega Baja, junto a otros tres encausados -dos de ellos de la misma mercantil ITV-, una pena de siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades

Según el escrito de acusación, Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las "maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos", de la que Vegara sigue siendo uno de sus responsables: 760.539 euros del impuesto de sociedades y otros 157.396 euros de IVA.

Los hechos ya investigados que van a juicio tuvieron lugar en 2005, antes de que Vegara estuviera vinculado a la política local y se conoció, ya el auto de enjuiciamiento, en el momento de conocerse su candidatura a las elecciones municipales de 2023 -sin que el ahora primer edil, que gobierna con el apoyo de Vox, hiciera público antes esta causa pendiente con la justicia-.

Agendas

Todo a través de un supuesto plan mediante el cual la empresa presentaba supuestas facturas falsas ante Hacienda por la compra a un proveedor de 100.000 agendas publicitarias a fin de repartirlas entre los clientes de la ITV y con el objetivo de deducir impuestos. En el escrito de acusación del Ministerio Fiscal se señala que Vegara, junto al resto de acusados, "movidos por la común intención de ocasionar perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública, urdieron y orquestaron" supuestamente un plan "ilícito" a través de un contrato para la compra de 100.000 agendas telefónicas publicitarias y la generación de facturas por esa adquisición, a fin de crear unos gastos deducibles a favor de la ITV en el ejercicio de 2005 para el caso del impuesto de sociedades y unas cuotas de IVA "ficticias y falaces".

La acusación pública afirma que el precio de las agendas aparecía sobreincrementado "mendaz y artificiosamente" y no se correspondía con el real del mercado. Tenían un valor real de 1,31 euros cada una, pero el de venta con el proveedor se pactó por 17 euros la unidad. Las agendas fueron distribuidas efectivamente a forma de regalo a los clientes de la ITV.

La Estación ITV, a través de los acusados, presentó en la declaración y liquidación del impuesto de sociedades un importe de gastos deducibles procedentes de las facturas "falsarias", según la Fiscalía, de 1.463.123 euros y una cuota deducible de IVA de 157.000 euros más.

Sin acuerdo de conformidad

El alcalde descartó antes y en el mismo momento del aplazamiento, cualquier acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Según fuentes consultadas se habrían producido algunos intentos en el mismo sentido durante estos últimos meses, pero la Fiscalía no puede aceptar ningún tipo de acuerdo sin que los acusados admitan el delito, algo que Vegara descarta por completo. El Partido Popular aseguró días antes de la comparecencia de Vegara en el juzgado en enero de 2025, que le había abierto un expediente disciplinario una vez que se conoció el señalamiento de juicio. Una decisión de trámite que figura en los estatutos del partido.

Fuera del foco

Durante el año en el que el jefe del Consell, Carlos Mazón, estuvo en la cuerda floja por su gestión de la dana de València el foco sobre el caso pendiente del juicio de Vegara se difuminó. Era Mazón y su entorno quien tenía que decidir por el futuro político de Vegara. Ese contexto cambió con la dimisión de Mazón.

Uno de los principales avales de Vegara para presentar su candidatura como alcalde era su escasa dependencia del cargo público como empresario. Cuando se conoció a finales de abril de 2023, en plena campaña de las elecciones municipales, la apertura del juicio oral Vegara llegó a sostener que el procedimiento judicial se había archivado en 2015.

Fuera de la gestión municipal

Fuentes del equipo de gobierno de coalición del PP y Vox siguen insistiendo en que el juicio al alcalde de Orihuela es un asunto ajeno al Ayuntamiento porque los hechos que se van a juzgar ocurrieron hace dos décadas, en el marco de la actividad empresarial de Vegara y mucho antes de que entrara en política y fuera elegido primer edil.

Se considera un asunto privado. La principal línea de defensa del primer edil -lo fue durante la instrucción- va a ser su estado de salud durante el periodo en el que se produjeron los hechos.

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