El Scrats acepta la sentencia pero declara la guerra política al recorte del trasvase

La derrota judicial del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) no ha rebajado la tensión política en torno al futuro del trasvase. Poco después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que avala el aumento de caudales ecológicos del Tajo y despeja el camino para un recorte progresivo del agua trasvasable, los regantes comparecieron este jueves de urgencia en su sede de Murcia con un mensaje doble: aceptación formal del fallo y ofensiva política total contra el Gobierno central.

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, compareció visiblemente serio, aunque intentando transmitir determinación. "No es un buen día hoy", reconoció al inicio de una rueda de prensa marcada por las durísimas acusaciones contra el Ejecutivo central. Pese al revés judicial, quiso dejar claro que "desánimo no hay ninguno" y que la organización seguirá "al pie del cañón en la defensa de lo que nos parece una injusticia".

Comparecencia

La comparecencia llega en un momento decisivo. El fallo del Supremo era considerado por el sector agrario del Levante como la última gran oportunidad de frenar el endurecimiento de los caudales ecológicos del Tajo, una medida que, según los cálculos del propio sector, supondrá un “hachazo” de más de 100 hectómetros cúbicos anuales al trasvase Tajo-Segura lo que supondrá aseguran, daños "incalculables".

Lejos de asumir la sentencia como un cierre definitivo del conflicto, Jiménez trató de desplazar el foco del terreno judicial al político. El presidente del Scrats insistió en que el origen del recorte no es técnico ni ambiental, sino "una decisión política" vinculada -según sostuvo- a "una promesa política" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque el dirigente agrícola aseguró que el sindicato "acepta el veredicto", introdujo inmediatamente matices y reproches tanto al contenido de la resolución como al funcionamiento institucional del Estado. Jiménez lamentó que no se haya admitido "ni una sola prueba pericial" presentada por los regantes y sostuvo que eso les ha impedido combatir técnicamente los cálculos de los caudales ecológicos realizados por el Ministerio. Incluso denunció una supuesta filtración del fallo a medios de comunicación antes de que la sentencia llegara oficialmente a su procurador, lo que, a su juicio, evidencia "el deterioro que vive la salud del Estado español en lo que a separación de poderes se refiere".

"2.950 millones de mentiras"

La intervención de Lucas Jiménez estuvo marcada por una idea recurrente: el Gobierno prometió inversiones millonarias para compensar el recorte del trasvase y esas infraestructuras, asegura, no existen."No eran 2.145 millones de mentiras, eran 2.950 millones de mentiras", afirmó, en referencia a las inversiones anunciadas tanto para la cuenca del Tajo como para la del Segura.

Según denunció, el Ejecutivo apenas ha ejecutado una pequeña parte de las actuaciones previstas y muchas de las infraestructuras clave siguen sin comenzar. "No se ha invertido un euro más allá de los 100 millones que se van a invertir en las pírricas ampliaciones de desaladoras", sostuvo.

Jiménez insistió varias veces en que la estrategia del ministerio parte de una premisa que considera irreal: sustituir el agua del trasvase por recursos desalados sin haber desarrollado previamente toda la red de impulsiones, conexiones eléctricas y plantas solares necesarios para hacer viable ese modelo.

"Si no hay agua del trasvase, no hay agua desalada", llegó a afirmar, advirtiendo de que muchas zonas agrícolas del interior de la Región de Murcia y Alicante ni siquiera tienen conexión física con las desaladoras actuales.

El presidente del Scrats enumeró una larga lista de actuaciones comprometidas -modernización de depuradoras, impulsiones, fotovoltaicas o conexiones hidráulicas-, para concluir que "no están, ni se sabe de ellas, ni se las conoce".

Del frente judicial al frente político

Aunque Jiménez reconoció que las posibilidades jurídicas se estrechan considerablemente y auguró que el recurso pendiente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena tampoco tendrá, a su juicio, "un gran final", el Scrats dejó claro que seguirá explorando posibles acciones legales.

No obstante, el núcleo de su estrategia sigue siendo política: "Esto es un tema político", repitió en varias ocasiones. Por ello, dirigió un llamamiento directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamándole que revierta el recorte previsto en el actual ciclo de planificación hidrológica. También apeló a los delegados del Gobierno en Murcia, Alicante y Almería para que presionen al Ejecutivo central y frenen la modificación de las reglas de explotación del trasvase.

La preocupación del sindicato no es gratuita. Tanto la ministra para la Transición Ecológica como la directora general del Agua habían vinculado expresamente la reforma de las reglas al desenlace judicial de los recursos pendientes. Y la sentencia conocida este jueves despeja prácticamente el camino para que el Ministerio active el nuevo marco normativo.

Cortes Generales

Jiménez aseguró que el Scrats se opondrá frontalmente a cualquier intento de aprobar las nuevas reglas de explotación sin pasar por las Cortes Generales. Según defendió, el propio CEDEX habría apuntado a la necesidad de tramitar esos cambios mediante reforma legal y no únicamente a través de un real decreto.

El dirigente agrícola deslizó además un mensaje dirigido a los partidos políticos del Levante, especialmente a los diputados nacionales de Murcia, Alicante y Almería. El sindicato advirtió que vigilará muy de cerca el comportamiento de cada formación si llega el momento de votar una reforma de las reglas del trasvase en el Congreso. Aunque no anunció protestas inmediatas, Jiménez avanzó que las movilizaciones dependerán de los pasos que dé ahora el Ministerio.

"Una muy mala noticia"

Por su parte, Roque Bru, presidente de la comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura y vicepresidente del SCRATS, calificó la resolución como "una muy mala noticia" para la agricultura del Levante español. «Acatamos la sentencia, aunque no la compartimos», añadió, para lamentar que el fallo se haya filtrado a los medios con discrepancias incluso en la numeración de páginas respecto al documento oficial, "lo que considera una vergüenza que refleja hasta dónde ha llegado el país".

«No se tiene en cuenta el principio de solidaridad a la hora de fijar la sentencia», denunció, «ni lo que tenían que aportar nuestros peritos en cuanto a la fijación arbitraria de los caudales ecológicos». Según explicó, el tribunal únicamente ha valorado el informe del presidente de la Confederación del Tajo, "sin que ni siquiera se trate de un documento institucional de la propia Confederación. Vuelven a hacer referencia a la sentencia de la Comunidad Valenciana, una sentencia mal planteada en su momento que sirvió para marcar el camino en contra del trasvase en las posteriores sentencias, al igual que en esta" y tildó la decisión "de una verdadera aberración". Reiteró que, como viene advirtiendo desde hace años, se trata de una medida política; por ello, instó al presidente del Gobierno a que revierta por esa misma vía lo que considera una «sentencia de muerte para el trasvase Tajo-Segura». «De todas formas, tenemos que estudiar a fondo la sentencia y ver qué camino podemos tomar», remarcó.

Asaja

José Vicente Andreu, presidente de Asaja Alicante valoró el fallo y señaló que la organización agraria albergaba "alguna esperanza de que alguna de las peticiones formuladas al tribunal fueren contempladas. Pero no. No ha sido así". El Alto tribunal, indicó, no ha entrado a valorar los informes presentados por los regantes. No entra en el fondo del asunto, tan solo valora el cumplimiento de la ley en cuanto a la necesidad de establecer los caudales ecológicos, no la cuantía de los mismos".

También tiene "esperanza" Asaja de que "cuando llegue la cordura a La Moncloa, las cosas volverán al campo de la técnica, y los caudales ecológicos se establezcan con criterio ambiental y técnico, no político". "Es tema es sencillo, solo hay que propiciar que la cordura vuelva al gobierno de España. Por el bien de todas y todos", aseguró.

La diputación

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, manifestó su discrepancia ante el fallo judicial entender que esta resolución afecta negativamente a los intereses económicos, sociales y medioambientales de Alicante. Según señaló, el fallo judicial confirma una línea de actuación en materia hídrica por parte del Gobierno central que, a su juicio, resulta perjudicial para el territorio y coloca al trasvase Tajo-Segura en una situación de extrema fragilidad, ante la posibilidad de una reducción del 50% en sus volúmenes, lo que pondría en riesgo la actividad de miles de familias y uno de los sectores productivos clave de la provincia.

Serna urgió al Ejecutivo estatal a abandonar enfoques ideológicos y a fomentar el diálogo y el consenso en la gestión del agua, priorizando criterios técnicos, científicos y de solidaridad territorial. En este contexto, reconoció la labor del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y reiteró el compromiso de la Diputación de Alicante, en coordinación con la Generalitat Valenciana, para defender la continuidad del trasvase. Asimismo, ha advertido que una disminución drástica de los caudales transferidos podría derivar en la pérdida de miles de hectáreas de regadío, millones de árboles y más de 100.000 empleos directos e indirectos, con consecuencias irreversibles para la economía de las comarcas del Levante español.

García-Page y la "batalla" más importante

En representación de la cuenca cedente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigió este jueves que se cumplan las sentencias relacionadas con el Tajo, ya que, aseguró, es "casi acomplejante tener que estar años y años ganando sentencias en el Supremo y ver cómo ni siquiera se ejecutan".

En declaraciones a Efe se mostró "enormemente contento y orgulloso" de la comunidad autónoma que "defiende sus planteamientos a ultranza", después de que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del Plan Hidrológico (parte española) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y la fijación de los caudales ecológicos mínimos.

El presidente castellanomanchego rescató el lenguaje bélico habitual:"Acabamos de ganar la más importante batalla en materia de agua después de décadas peleando en los tribunales", subrayó, y tras la que a su entender es "la última", pidió "por favor, por favor" que se ejecuten las sentencias.

Municipios ribereños: toca actuar

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro, considera que la sentencia resuelta por el Supremo dada a conocer este jueves es la más dura para "el Levante" y debería ser ya inapelable. "Deja una cosa definitiva y absolutamente clara, que los caudales ecológicos del Tajo son obligatorios y que están por encima del trasvase". La principal derivación del fallo del Alto Tribunal es evidente para los municipios ribereños : "De por sí ya tiene una consecuencia inmediata: hay que cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura". Sostiene que ahora es el Ministerio el que no puede retrasar más tiempo el cambio normativo de la explotación: "ya no tiene más excusas ni margen para poder seguir demorándolo. Esta era la gran batalla judicial y el Supremo, además, ha consolidado una doctrina clarísima. Ahora toca actuar".

Para ello los municipios exigen que se convoque de inmediato la mesa de trabajo "y que se presenten unas nuevas reglas adaptadas a la realidad legal y ambiental actual". Castro recordó que en la Cuenca del Segura la situación actual de las reservas es positiva, con unos 280 hectómetros almacenados, tras unos meses de bonanza hídrica. "Ya no estamos hablando de debates políticos, ya no hay excusas políticas. Estamos hablando de cumplir la ley", indicó.

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