El alcalde Vegara niega que trabajara en la ITV acusada de fraude fiscal y Hacienda rebaja el dinero defraudado a la mitad

Con sorpresas. Así arrancaban este viernes en el Palacio de Justicia de la Plaza de Santa Lucía las cuestiones previas a la vista oral del juicio por supuesto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil por el que la Fiscalía pide (pedía) siete años de cárcel para el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, como apoderado de la empresa Estación ITV Vega Baja, para otros tres responsables de esa empresa y para un intermediario.

Nuevo informe

La acusación de la Abogacía del Estado, que defiende los intereses de la Hacienda Pública en esta causa, aportó un nuevo informe de un inspector de Hacienda que valora y rebaja a la mitad la cuota defraudada por la mercantil a través de la adquisición fraudulenta de 100.000 agendas promocionales. Por cada una de ellas la empresa facturó 17 euros cuando su precio real era sensiblemente menor, de 1,3 euros. El objetivo del fraude, según el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, era que la empresa declarara menos beneficios durante ese ejercicio de 2005, justificando ese gasto, y eludir de ese modo el pago del impuesto de sociedades. Antes de la vista de este viernes, la cantidad que se daba por defraudada era de 917.000 euros. Ahora, sin embargo, solo se puede demostrar una pérdida para las arcas públicas de 488.000 en el Impuesto de Sociedades. El número de agendas encargadas, que excedía en muchos miles la población censada en el municipio, era totalmente desproporcionado.

La nueva cuantificación, que el Ministerio Fiscal ha aceptado, elimina de un plumazo la agravante del delito fiscal al no poder demostrarse ahora, 16 años después de realizarse la primera inspección fiscal que inició las diligencias de investigación, el fraude del IVA y los pasivos ficticios, las cuentas por pagar registradas en la contabilidad de una empresa que no representan una obligación real y se usan para cuadrar el balance de situación cuando se ingresa dinero de forma irregular y se necesita justificar su procedencia. Esta circunstancia podría reducir sustancialmente la petición de penas de cárcel en las conclusiones finales de la Fiscalía, aunque queda toda la vista oral por delante. La pena por fraude fiscal en el Impuesto de Sociedades que pedía el Ministerio Público era de cuatro años al superar los 600.000 euros, se reduciría en principio, y la de fraude del IVA -otros tres años de prisión-, ha quedado descartada.

Consejero delegado mancomunado y apoderado

La letrada defensora de Vegara, Pilar Hernández, expuso en las cuestiones previas, además, dos argumentos que podrían ser especialmente relevantes. Por una parte, aportaba el informe de vida laboral de Vegara -que figura en el escrito de acusación de la Fiscalía como miembro del consejo de administración, consejero delegado mancomunado, y además apoderado general de la empresa-, donde se indica que en el momento de ocurrir los hechos, en 2005, el ahora alcalde no estaba trabajando en la empresa Estación ITV. Algo que no impedía que pudiera tomar decisiones. De hecho, con esos cargos no es indispensable estar dado de alta en una propia empresa.

Por otra, afirmaba que las personas que el jueves a plena luz del día empapelaban con panfletos el centro de Orihuela señalando que en esta ocasión -el juicio se ha aplazado tres veces desde enero de 2025- Vegara no "se iba a escapar" son precisamente testigos de la acusación.

Identificadas

La abogada de la defensa señaló que han sido identificadas y que hay vídeos probatorios de que se trata de los testigos. Un intento de desacreditar su testimonio en la intervención que estaba prevista este viernes, aunque al alargarse las cuestiones previas su declaración tendrá lugar en la próxima sesión del juicio.

Desde que se inició el procedimiento han transcurrido 16 años: ha fallecido el inspector de Hacienda que realizó el expediente tributario, el gerente de la auditora de la firma y los responsables de las empresas de las agendas

No fueron estas de la defensa las únicas novedades de la vista. El inspector de Hacienda que llevó a cabo aquel expediente ha fallecido, de ahí que haya sido necesaria la realización de un nuevo informe por parte de otro inspector que comparezca como testigo-perito. También ha fallecido el responsable de la empresa auditora de las cuentas de la Estación ITV y los dos responsables de la mercantil proveedora de las agendas. De todos estos fallecimientos se tuvo constancia a través de las intervenciones de los abogados de los cinco acusados. El tiempo, quedó claro, no corre de la misma forma para todos.

Los abogados de la defensa alegaron que se produce nulidad de las actuaciones por prescripción "administrativa" de los delitos de fraude fiscal -se investigaron más de cuatro años después de producirse-; indefensión por el hecho de que el inspector de Hacienda incorporase nuevos informes cuando ya se había iniciado la investigación judicial o que el expediente tributario en 2017, se incorporara ocho años después de que un juzgado de Orihuela abriera las primeras diligencias.

Además, se pasó a la fase intermedia del procedimiento sin que los acusados pudieran acudir a declarar y cuando lo hicieron, justo en el arranque la causa desconocían por completo de qué se les acusaba y ejercieron su derecho a no responder a las preguntas, según los letrados.

Suspensión

Las defensas reclamaron la suspensión del juicio. Consideran que el nuevo informe del inspector de Hacienda, que revisaba el realizado inicialmente por su compañero fallecido, cambia muchos de los aspectos fundamentales de la causa. La jueza resolvió en el momento que no había motivo para la suspensión y que el nuevo informe se sometería a contradicción durante las próximas sesiones de las vistas.

Las partes personadas como defensa protestaron. Ya tienen argumento para recurrir el fallo en caso de que sea condenatorio. La Fiscalía, por su parte, defendió el cambio de testigos peritos, tanto del inspector de Hacienda como del auditor de cuentas de la empresa, estimando que tal circunstancia ya se ha dado en otros procedimientos por causa sobrevenida como el fallecimiento de quienes realizaron las periciales, que en el caso del funcionario de la Agencia Tributaria fue lo que provocó el procedimiento judicial.

La abogada de Vegara advierte que las personas identificadas como autoras de la pegada de panfletos contra el primer edil son las que figuran como testigos de la acusación

Con tantas novedades en las cuestiones previas, lo de menos fueron los acusados en esta primera jornada de la vista oral y esas 100.000 agendas de la ITV de las que nada se dijo. Aún están previstas más cuestiones previas para la siguiente sesión.

Si la entrada a los juzgados de la plaza de Santa Lucía la hacía Vegara tranquilo y se declaraba "con la serenidad y la seguridad de quien sabe que todo va a ir bien", confiado de que "la verdad saldrá adelante", su sonrisa de satisfacción a la salida ya lo decía todo: "La valoración se hace sola", comentaba el alcalde a los medios apostados en la puerta, aunque matizando que son los abogados los que deberían realizarla.

Suscríbete para seguir leyendo