Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja ha ordenado la suspensión inmediata de las obras ejecutadas sin licencia en el edificio Montegira, situado en la avenida Daneses 1, sobre la arena de la playa de La Mata, tras constatar que las actuaciones se desarrollan en suelo de dominio público marítimo-terrestre sin la autorización de Costas. Fue precisamente el servicio territorial de Costas el que alertó al Ayuntamiento del desarrollo de estas obras. El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica remitió la comunicación al municipio en abril después de que la propiedad comenzara las obras a finales de 2025. La fiscalización de Costas del cumplimiento de la legislación del dominio público del litoral no deja de ser polémica en este caso. Sobre el inmueble recae una sentencia firme de demolición desde hace más de una década sin que, en contraste con otras resoluciones similares en Torrevieja y Guardamar, la haya hecho ejecutar o la haya asumido de forma subsidiaria al no responder los responsables por el derribo.

Resolución

La resolución municipal afecta a la comunidad de propietarios -hay nueve viviendas- y a varios particulares denunciados por realizar trabajos de rehabilitación estructural y reforma interior "sin título habilitante válido". De hecho, una solicitud previa de licencia para rehabilitación de estructura y fachada ya fue denegada en noviembre de 2025 por la misma circunstancia: la falta de informe favorable del servicio territorial de Costas. Tal petición había sido realizada por la comunidad después de que una cubierta del interior de un restaurante -ya cerrado- se viniera abajo el verano pasado y provocara varios heridos.

Obras

El informe técnico municipal constata que las obras, valoradas en 90.588 euros, se encuentran ejecutadas en un 40% y carecen tanto de licencia de obra mayor como de declaración responsable válida, incumpliendo varios artículos del Plan General de Ordenación Urbana. A ello se suma que las actuaciones detectadas exceden el ámbito de un expediente previo de medidas de seguridad, lo que agrava la situación de ilegalidad urbanística.

Urbanismo

La Concejalía Delegada de Gestión Urbanística ha dispuesto la paralización inmediata de los trabajos, con apercibimiento de multas coercitivas de entre 200 y 2.000 euros cada diez días, hasta un máximo de diez sanciones, sin perjuicio de las que pudieran derivarse del procedimiento sancionador principal. Este diario ha podido constatar que las obras están paradas, aunque los negocios siguen en marcha y no hay precintos.

Para lograr la paralización recuerda también el Ayuntamiento que el incumplimiento de la orden de suspensión puede ser comunicada al Ministerio Fiscal por posible comisión de un delito de desobediencia grave.

El decreto

La resolución establece que, si las obras resultaran incompatibles con la ordenación vigente, se decretará su demolición a costa del interesado, junto con el cese de suministros básicos y la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad. Contra el acuerdo de suspensión cabe interponer recurso potestativo de reposición en plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche en dos meses.

Las obras, que comenzaron a finales de 2025 y se centraban en reparar la propia estructura y renovar las viviendas, se han paralizado cuando estaban al 40 % de ejecución

Agravio

Este diario consultó con la concejalía de Aperturas del Ayuntamiento si los negocios que siguen en marcha, al menos tres tiendas de alimentación y artículos de playa, cuentan con licencia municipal de apertura. Circunstancia que sería irregular porque la edificación se encuentra sobre dominio público marítimo-terrestre, lo que supondría un agravio con respecto a los negocios de hostelería -los chiringuitos- que han optado al uso del dominio público a través de un concurso municipal y pagan un canon al Estado por ese uso.

En el caso improbable que obtuvieran autorización para abrir - dado que el edificio cuenta con una resolución judicial de demolición-, debería llegar de la mano de Costas, a través de una concesión. Desde que se produjo una primera paralización de las obras en septiembre de 2025 algunos negocios han echado el cierre.

Edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición en firme desde 2003 en la playa de La Mata de Torrevieja

Club

Fuentes vecinales de La Mata atribuyen, sin embargo, la celeridad municipal a la hora de paralizar las obras, a que en la zona de viviendas se estaba adaptando supuestamente la apertura de un club nocturno, cuestión que el Ayuntamiento no ha confirmado.

Pese a la orden de demolición, Costas habría autorizado que la renovación de la senda peatonal municipal con elementos desmontables, que ocupa la servidumbre de tránsito del deslinde de Costas en Torrevieja, tenga continuidad también en este tramo situado al sur del casco urbano de La Mata.

Antecedentes

El edificio se encuentra en la confluencia de la avenida de los Daneses con la playa de La Mata, en Torrevieja, se levantó y terminó en 1995. Cuenta con superficie de planta baja y una altura sobre 1.759 metros cuadrados con viviendas turísticas y locales comerciales en terrenos que, según la Administración del Estado, tenían la condición de playa. En aquel momento el promotor logró licencia del Ayuntamiento de Torrevieja pese a que la ley de Costas ya estaba vigente y se encontraba en tramitación en esos momentos el deslinde de Costas en ese tramo. Estos apartamentos y locales no solo carecen de concesión sobre la superficie de dominio público-marítimo, sino que nunca la han tenido.

Pese a ello durante más de dos décadas ha acogido sin interrupción actividades comerciales, de restauración y vivienda sobre la arena de la playa, también de terraza exterior.

El expediente sancionador iniciado por este organismo con resolución de demolición del inmueble, fue ratificado por orden judicial el 9 de abril de 2003, hace 22 años. El deslinde, con la parcela incluida en dominio público, fue confirmado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005. El 16 de enero de 2008 la Audiencia Nacional falló que esa orden de demolición era firme y que el deslinde marítimo-terrestre afectaba a los 1.700 metros cuadrados de esta edificación para intentar preservar lo que queda del antiguo cordón dunar al sur del casco urbano tradicional de La Mata. El 29 de junio de 2011 el Tribunal Supremo tumbó el recurso de casación de la empresa contra la resolución de la Audiencia Nacional.

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