La alcaldesa de Almoradí valida la petición de expulsión a no adscritos de la mitad de concejales del grupo municipal del PSOE

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez (PP), ha asumido la comunicación de expulsión de los concejales Rosario Ana Martínez Caracena y Joaquín Barraquel Selva del grupo municipal socialista y los considera, desde esta resolución, concejales no adscritos. La decisión figura en un decreto del Ayuntamiento como un cambio en la organización municipal para este mandato. El grupo socialista queda conformado únicamente por Ruth Navarrate y Antonio Fernando Sabino Rueda.

La paradoja es que el grupo municipal socialista de Almoradí acordó expulsar a Rosario Ana Martínez Caracena y Joaquín Barraquel Selva, una decisión impulsada por su portavoz, Ruth Navarrete, y respaldada por la entonces ejecutiva local socialista; después, el PSOE comarcal, provincial y autonómico reaccionó liquidando esa dirección local por la misma decisión. Pero el Ayuntamiento de Almoradí, gobernado por el PP, ha dado validez administrativa a la expulsión al tomar conocimiento del acuerdo interno y considerar a ambos ediles concejales no adscritos

Resolución

La resolución parte de un escrito presentado el 8 de mayo por Ruth Navarrete Barberá, portavoz del grupo municipal socialista, en el que comunica al Ayuntamiento que, por acuerdo interno del grupo, se había acordado la expulsión de ambos ediles. El decreto no entra a revisar el fondo político de esa decisión -desde el punto de vista de la Alcaldía es una mera tramitación-. Recuerda que los grupos municipales tienen naturaleza asociativa y no son órganos del Ayuntamiento, por lo que sus acuerdos deben ajustarse a su propia normativa interna, sin que la institución municipal tenga competencia de supervisión o control.

Gómez se limita a tomar conocimiento de la expulsión, considerar a Martínez Caracena y Barraquel Selva como concejales no adscritos, dar cuenta al pleno en la siguiente sesión ordinaria, que se celebra el viernes y notificar la resolución a los interesados. El decreto también subraya que las comunicaciones de un grupo político municipal al Ayuntamiento deben realizarse por escrito a través de su portavoz.

Presiones

Antes de que se diera cuenta del decreto de la alcaldesa el equipo de gobierno ha recibido presiones de cargos orgánicos socialistas para que no se hiciera efectivo, a través del secretario de organización del PSOE provincial, Alejandro Luengo, que señala que la decisión de expulsión ha sido adoptada por la portavoz sin un expediente previo contra los ediles que lo justificara. En concreto, la misiva de Luengo señala que el acuerdo interno del grupo municipal "no resulta suficiente para fundamentar el pase de los citados concejales a la condición de no adscritos, al no existir resolución orgánica válida adoptada conforme a la normativa interna del PSOE, por lo que se procede a dejar sin efecto el acuerdo adoptado, no pudiendo producir efectos disciplinarios ni organizativos respecto de los concejales afectados", y señala que se reserva el derecho de emprender acciones judiciales.

El PSOE provinicial ha trasladado que la decisión de la primera edil sería supuestamente irregular, con escaso éxito a la hora de lograr su objetivo de que los concejales que van a no adscritos, y que últimamente habían respaldado con su voto acuerdos del PP, en contra del criterio de la ejecutiva local -ahora disuelta-, terminen en no adscritos.

División interna

La resolución forma parte de un nuevo capítulo de la división interna por la que atraviesa la agrupación socialista local y el grupo municipal. La decisión de expulsión, ahora validada por la Corporación y que se hará efectiva el viernes. Esta decisión del grupo municipal, que está formado por dos concejales fue el detonante de la disolución de la ejecutiva local de Ricardo Rodríguez Hurtado y la imposición de una gestora, avanzada por INFORMACIÓN. Los miembros de la ejecutiva disuelta no han recibido el documento del acuerdo por el que se crea la gestora, solo la decisión de su suspensión, sin el informe textual de la dirección del PSOE que valida esa decisión con la justificación de cumplir la normativa de protección de datos.

Suspendida

La comisión ejecutiva federal del PSOE ha suspendido en sus funciones a la ejecutiva local de Almoradí, que dirigía como secretario general local Ricardo Rodríguez Hurtado, y ha designado una comisión gestora encargada de convocar y celebrar, en un plazo máximo de noventa días, la asamblea para la elección del nuevo órgano de dirección local.

La medida de poner en marcha una gestora, adoptada el pasado viernes, responde a la necesidad "de recuperar la estabilidad orgánica, restablecer los cauces de diálogo y garantizar el normal funcionamiento de la agrupación tras un grave conflicto político-orgánico" que ha deteriorado "la convivencia interna, la coordinación política y la capacidad de acción conjunta en el municipio", según ha podido confirmar INFORMACIÓN que ha tenido acceso a la resolución.

La Federal del PSOE dispone la suspensión en sus funciones del órgano ejecutivo de la agrupación municipal de Almoradí y la designación de una gestora compuesta por Pilar Gay Bódalo, concejala de Guardamar y secretaria de organización comarcal en la presidencia, y como vocales, Jesús Martínez Sanz y María Sandra Martín Pérez.

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