Un excontable de la ITV corrobora en el juicio que el alcalde Vegara tenía poder de decisión cuando se produjo el supuesto fraude fiscal

Un exadministrador y exjefe de contabilidad de la estación ITV Vega Baja declaró este viernes ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela que los tres administradores mancomunados, entre ellos Pepe Vegara, actual alcalde de Orihuela, tenían el principal poder de decisión en la mercantil. Vegara formaba parte en 2005 del consejo de administración de la empresa junto a otros dos socios cuando ocurrieron los hechos. Mucho antes de que el también delegado de Hacienda del Ayuntamiento oriolano, juzgado ahora por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, entrara en política. En sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide para Vegara, junto a otros tres acusados de la empresa y un intermediario, siete años de cárcel.

Calificación

Esta petición, no obstante, podría rebajarse cuando las conclusiones del Ministerio Público y la Abogacía del Estado se eleven a definitivas, después de que un nuevo informe de la Inspección de Hacienda haya recalculado las cuotas supuestamente defraudadas al no poder determinarse el delito vinculado con pasivos ficticios: facturaciones por servicios no prestados. Además, habrá que considerar las dilaciones indebidas que esgrimirán las defensas por un procedimento que se juzga 16 años después de iniciarse la investigación.

El fiscal advirtió que esta recalculación de la cuantía no "va a modificar" sustancialmente, a falta de dos sesiones de la vista oral, más allá de las penas, la calificación de los hechos.

La acusación de la Abogacía del Estado, defensora de los intereses de la Hacienda Pública en esta causa, aportó en la primera sesión un nuevo informe de un inspector de Hacienda que recalculaba y rebaja a la mitad la cuota defraudada por la mercantil a través de la adquisición supuestamente fraudulenta de 100.000 agendas promocionales. Por cada una de ellas la empresa facturó 17 euros cuando su precio real era sensiblemente menor. Cada una valía poco más de un euro.

El objetivo del fraude, según el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, era que la empresa declarara menos beneficios durante ese ejercicio de 2005, justificándolo con el gasto de las agencias promocionales, y eludir de ese modo el pago del impuesto de sociedades.

Rebaja

Antes de iniciarse el juicio, la cantidad que se daba por defraudada era de 917.000 euros. Ahora, sin embargo, solo se puede demostrar una pérdida para las arcas públicas de 488.000 en el Impuesto de Sociedades. El número de agendas encargadas, que excedía en muchos miles la población total censada en el municipio, era totalmente desproporcionado.

La declaración de quien fuera jefe de administración de la empresa entre principios de los años 2000 y 2007 centró la segunda sesión de la vista oral que se sigue en el Palacio de Justicia de la plaza de Santa Lucía. Señaló que era ese consejo de administración mancomunado el que, entre otras cuestiones esenciales de la empresa, proponía acciones promocionales para atraer clientes a la ITV Vega Baja.

Según su declaración, la estación, ubicada en el barrio de San Carlos y ahora gestionada por la Generalitat, mantenía una fuerte competencia con centros de inspección técnica de vehículos de la Región de Murcia y con la ITV de San Bartolomé. Entre las campañas anuales de regalos citó la adquisición de agendas, agendas telefónicas, chalecos reflectores y parasoles, que tuvieron mucho éxito para atraer nuevos clientes. Fueron parte de las actuaciones promocionales que pedía el consejo de administración en el que situó con claridad, a preguntas de las acusaciones, a Vegara. Y al contrario del testimonio realizado por una trabajadora de la empresa, hermana de uno de los acusados, señaló que él en su día responsable de los servicios jurídicos de la mercantil y el fundador de la empresa, podían proponer asuntos y opinar, pero quien "decidía y se peleaba en el consejo de administración" eran el propio Vegara y el resto de administradores. Un testimonio importante para la vista que ya pasó a dilucidar no tanto la veracidad del delito fiscal sino su autoría.

Testimonios erráticos

En la sesión iban a comparecer también testigos propuestos por la Abogacía del Estado. Uno de ellos señaló que el responsable de los servicios jurídicos de la ITV, fallecido en 2025, fue quien "le creo" una empresa. Esta declaración derivó en una secuencia corta y surrealista en la que el testigo insistía en que a él "le crearon" una empresa a cambio de dinero al objeto de que facturara a nombre de esa mercantil. "A mí me crearon la empresa esa y al final me enteré de que me hicieron facturas, un empleado que había allí me dijo que me había hecho facturas y me fui a la Agencia Tributaria de Alicante y denuncié". Pero los pasivos ficticios, que eran parte del procedimiento, se han "expurgado" de la causa y no son cuestión de debate, por lo que el interrogatorio se aligeró.

A través de su testimonio se evidenció que la formación de este testigo no encajaba con la que se podría esperar de un gerente de empresa. El abogado del Estado renunció al testimonio de otro testigo con un perfil similar en el momento en que entraba a la sala de vistas.

Cuestiones previas

La Fiscalía y la Abogacía del Estado pusieron el énfasis detallado y exhaustivo en rebatir las cuestiones previas planteadas en el arranque del juicio por las direcciones letradas de los acusados. Las acusaciones defendieron la validez de toda la instrucción, iniciada a partir de una inspección de Hacienda en 2010 que fue elevada a la Fiscalía por la gravedad de los supuestos delitos fiscales detectados. El Ministerio Público rechazó las cuestiones previas de las defensas al sostener que no se han vulnerado derechos fundamentales de los acusados, que no existe prescripción de los delitos porque un auto y una providencia "suficientemente motivados" en enero de 2011 interrumpieron los plazos de prescripción que se iniciaron en 2005, y que sí hubo prescripción administrativa del primer trimestre de 2005 pero no penal.

Uno de los puntos sobre los que Fiscalía y Abogacía del Estado insistieron fue la supuesta indefensión y causa de nulidad generada a los acusados por la inexistencia durante toda la instrucción del expediente documental de Hacienda por los que se les imputaba los delitos. En este sentido el fiscal especialista en delitos económicos y el letrado del Estado precisaron que el expediente completo con la inspección figuraba en el folio 12 del primer tomo de la causa.

En un CD en el que figuraban los 120 documentos relacionados con la investigación. La ausencia de esa documentación había motivado la petición de suspensión y anulación del procedimiento por parte de las defensas. La jueza Sacramento Ruiz Bosch señaló que sería en todo caso en el momento de la sentencia cuando se valorarían las cuestiones previas, algo que protestaron los abogados de los cinco acusados. Uno de ellos aseguró que esas cuestiones previas deberían haber suspendido la vista oral.

Los problemas de agenda de los testigos y peritos pendientes han obligado a suspender la nueva sesión prevista para el próximo viernes. El juicio queda señalado ahora para continuar con la tercera sesión el próximo 12 de junio y una última sesión el 2 de julio.

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