La polémica cámara que caza a los conductores que se pasan el semáforo en rojo en San Isidro

El "foto rojo" da mucho que hablar en San Isidro. La concejala portavoz del Partido Popular en San Isidro, Nadiana Moya, ha reclamado al equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento que revise las sanciones impuestas por el dispositivo foto-rojo instalado en la ronda de la Estación y que cese su actividad sancionadora en ese punto mientras "no exista una habilitación expresa para hacerlo".

El alcalde de este Ayuntamiento, Manuel Gil, ordenó a mediados de 2021 la instalación de ese dispositivo de control de semáforo en rojo en la esquina de la calle Tierno Galván con la CV-909. El sistema está formado por una cámara de lectura de matrículas y otra de entorno para captar vídeo. Su finalidad es, según el decreto del primer edil que validó el sistema era "vigilar, regular y controlar el tráfico", además de reforzar "la disciplina viaria en ese punto concreto del municipio".

Diputación Provincial

Moya aseguró que las multas se están tramitando sobre un tramo de la CV-909, una carretera que, según expone, no es de titularidad municipal: es de la Diputación Provincial de Alicante y defiende que el hecho de que ese tramo tenga una denominación urbana o atraviese el casco urbano no cambia su naturaleza jurídica.

Moya señaló que la empresa externa que presta este servicio, Vialine, no lo debía tener muy claro cuando solicitó a la Policía Local que aclarara la competencia. El informe de la Policía Local señala que un tramo que no es de competencia municipal se puede delegar en el Ayuntamiento pero, según la oposición, no existe un convenio formal en ese sentido entre la Diputación y el Ayuntamiento.

El alcalde Manuel Gil asegura que el número de accidentes ha bajado de forma sustancial y no recuerda cuántas multas se imponen ni cuánto ingresa el municipio por las multas

Reunión

En este sentido, el regidor Manuel Gil aseguró a INFORMACIÓN que en su día, en el anterior mandato municipal, antes de ubicar el dispositivo, se reunió con el diputado provincial del área y el ingeniero adscrito de la institución provincial y aseguraron que aunque la titularidad era de la Diputación el Ayuntamiento podía sancionar. El primer edil matizó que de aquella reunión no hay una documentación específica. "Nosotros no tenemos por qué dudar del criterio de la Diputación", señaló en referencia a la ausencia de un convenio.

Sin embargo, la concejala Moya, que compareció para ofrecer una rueda de prensa este lunes, también documentó que la Dirección General de Tráfico habría indicado que la potestad sancionadora en ese tramo corresponde a la Jefatura Provincial de Tráfico, con vigilancia de la Guardia Civil de Tráfico. Por eso considera que el Ayuntamiento carece de competencia para imponer sanciones con este dispositivo.

Revisión de sanciones

Moya reclamó que se inicie de oficio la revisión de las sanciones ya impuestas, que se paralice la actividad sancionadora del foto-rojo y que se restituyan los derechos de las personas afectadas, incluida, en su caso, la devolución de las cantidades cobradas con los intereses correspondientes. Según las mismas fuentes algunos conductores sancionados que han alegado esta condición de la vía como competencia de la DGT, ante el Ayuntamiento han visto cómo se les indicaba que "no pagaran".

La carretera atraviesa el casco urbano y conecta la autopista AP-7 Alicante-Cartagena por el interior de la comarca con el polígono La Granadina, además de otro polígono local, Albatera y la autovía A-7. Pese a su carácter secundario puede llegar a superar un paso diario de 5.000 vehículos con un 24 % de vehículos pesados.

El PP lamenta que la información que se ha reclamado sobre el número de sanciones y la recaudación municipal -son 200 euros por multa- no aparece ni se le facilita. Ni tan siquiera se puede consultar la repercusión de este ingreso en las cuentas municipales porque este Ayuntamiento, según los populares, no difunde los documentos sobre los presupuestos municipales, como es su obligación legal. En este sentido el alcalde Manuel Gil replicó que el PP ha aprobado la cuenta general y por lo tanto tiene constancia de esas cuentas, aunque luego no pudo precisar el número de sanciones impuestas ni lo que se recauda anualmente. "Es algo que se puede ver en las cuentas", señaló. En la web municipal las últimas cuentas que se pueden consultar son de 2017.

Accidentes

También concretó que antes de que se instalara el semáforo se producía, según aseguró, un accidente cada dos semanas en ese punto, y que ahora apenas se registra uno al año. Y también quiso recordar que el semáforo es municipal,y por lo tanto,el Ayuntamiento asume su mantenimiento y algo que consideró muy importante: "Se sanciona a los conductores que se pasan un semáforo en rojo. No es una tontería".

Resolución

La resolución que justificó en su día la medida por el “considerable tráfico de vehículos” que soporta San Isidro y el hecho de que los métodos tradicionales de regulación presencial resultaran "insuficientes para el volumen de circulación actual y que por eso se incorpora apoyo tecnológico a las funciones de la Policía Local".

El Ayuntamiento también ordenó colocar carteles informativos en la zona videovigilada para advertir a los ciudadanos de que las cámaras se usan para el control del tráfico. La jefatura de tráfico es la encargada de custodiar las grabaciones y de resolver las solicitudes de acceso o cancelación. La resolución añade que las imágenes deberán protegerse y que las grabaciones se destruirán en el plazo máximo de un mes desde su captación.

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