El Gobierno admite que el anuncio de la obra para un centro de migrantes en Torrevieja es un error y remarca que está descartado

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aclaró este sábado a INFORMACIÓN que la publicación de la adjudicación por 3,6 millones de euros de las obras para un centro de migrantes en Torrevieja a favor de la empresa pública Tragsa "es un error" y el proyecto ya se descartó a finales de 2024, según señaló la oficina de comunicación del Ministerio que figura como adjudicatario en el anuncio.

La empresa pública Tragsa ya se había desvinculado de esa publicación oficial a media tarde del propio viernes, para señalar que no le constaba encargo alguno y remitía, a su vez al Ministerio de Inclusión, dirigido por Elma Saiz. Este, por su parte, señaló a la propia plataforma como responsable del error, una herramienta, eficaz y habitualmente muy eficiente gestionada por el Ministerio de Hacienda que da validez y transparencia a cualquier procedimiento de licitación.

Es un error, pero ninguna de las tres administraciones del mismo Gobierno implicadas se lo atribuye. Mientras que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, que ya se mostró en contra del proyecto hace dos años, indicó el jueves que consideraba que era un error material, pero que la Administración debería haberlo enmendado y aclarado, algo que ha hecho ahora aunque sin que el anuncio se haya retirado del portal.

Desistimiento en 2024

La misma fuente del Ministerio de Inclusión señala que el propio anuncio alude a un procedimiento de adjudicación de 2024. El Ministerio daba cuenta esta semana en el portal de Contratación del Sector Público de la adjudicación a la empresa pública Tragsa de un contrato de obras para poner en marcha un Centro de Recepción de Migrantes en Torrevieja con un presupuesto de 3,6 millones de euros en módulos prefabricados situados en el entorno del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, en el barrio del Acequión. La segunda planta de este inmueble ya acoge uno de los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (Creade) que existen en España.

La Secretaría de Estado de Migraciones, que figura como entidad adjudicataria, comenzó a desplegar la actividad administrativa necesaria para poner en pie un Centro de Acogida de Personas Migrantes en situación de vulnerabilidad en Torrevieja con capacidad para alojar entre 300 y 400 personas en noviembre de 2024, según dejaban constancia los contratos impulsados por el Gobierno para acelerar la apertura. Pero semanas después, ante la reacción de rechazo del Ayuntamiento, desistió de la iniciativa suspendiendo algunas de las contrataciones cuando ya estaban con propuesta de adjudicación.

A la falta de información por parte del mismo ministerio, que nunca se pronunció oficialmente sobre el proyecto, se unió el rechazo del Gobierno municipal del Partido Popular a otorgar las licencias de obras necesarias porque modificaban el objeto de la licencia de actividad del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social y la habitual campaña de desinformación de la ultraderecha en contra de este tipo de instalaciones que asumen migrantes en busca de asilo. El desistimiento del propio Ministerio a varios contratos ligados al proyecto, aunque sin pronunciarse oficialmente sobre el futuro del proyecto, solo añadieron más confusión a la iniciativa.

Acto de firma de la creación de la Casa de Ucrania en España con sede en Torrevieja con el viceprimer ministro ucraniano y la ministra de Migraciones

Transparencia

Lo cierto es que la publicación en el Portal alimentaba más tal confusión. Como ocurre con la práctica totalidad de los contratos adjudicados directamente a Tragsa, que trabaja fundamentalmente para las administraciones central y autonómicas -independientemente del signo político- a través de encargos directos, la documentación del expediente es mínima y opaca. Da por hecho, por ejemplo, que el contrato se está ejecutando en la actualidad, cuando no es así en Torrevieja, e incluso señala que recibió el encargo millonario de forma "verbal". La resolución dice textualmente: "El presente acuerdo de adjudicación se dicta con posterioridad al inicio de la prestación (sic), tras haberse autorizado esta de manera verbal (sic) con Tragsa, previamente, en el contexto de una crisis migratoria y en el marco de la contratación de emergencia".

La admisión del error por parte del Gobierno ha llegado cuando, según Dolón, algunos vecinos de la zona ya habían comenzado a movilizarse para rechazar el proyecto, como hicieron en su día, cuando INFORMACIÓN avanzó el proyecto. Los vecinos y asociaciones no han expresado esa misma preocupación por las instalaciones de acogida -en este caso exclusivamente administrativas, no de alojamiento-, para los refugiados ucranianos, que se desarrollan en el mismo edificio.

En noviembre de 2024 el mismo Ministerio desistió del contrato a Plataforma Femar para el servicio de alimentación para un máximo de 400 comensales diarios valorado -para varios ejercicios- en cinco millones de euros, cuando estaba prácticamente adjudicado. También se renunció al servicio de limpieza para el mismo recinto con nueve operarios en total, con el objetivo de alcanzar un "óptimo nivel de limpieza e higienización del centro que ayude a la labor de convivencia", y un importe de adjudicación de 521.000 euros y que se había adjudicado Servicios Auxiliares de Mantenimiento.

Fuera del edificio, dentro del recinto

Los requisitos técnicos de las adjudicaciones planteadas a finales de 2024 señalaban que se ubicarían dentro del recinto de la Tesorería de la Seguridad Social de Torrevieja, en la avenida Urbano Arregui, pero fuera del edificio principal en unos bloques prefabricados. Tendrían carácter temporal. Concretaban una distribución para dos bloques de alojamiento e higiene, otro de lavandería, uno de comedor cocina, otro de control de acceso y el último de seguridad, además de dos áreas de enfermería y lavandería. Todo ubicado en la zona del patio posterior del edificio, que recae a la Nacional-332 y no se visualiza desde el casco urbano. En total 7.000 metros cuadrados.

En los últimos años, se han tenido que improvisar alternativas para la distribución de migrantes llegados a Canarias, desde Senegal o Malí, por falta de capacidad de las islas para acoger el flujo migratorio con la reubicación en establecimientos hoteleros. Opciones de alojamiento, también habilitadas en la provincia, y bien recibidas por la propiedad de los hoteles, pero no exentas de polémica, como en el caso de Guardamar.