Todas las puertas cerradas en San Isidro: el alcalde, el juez de paz y el cura niegan ayuda a una mujer y su hijo desahuciados

Desde el pasado 28 de mayo la vida de Antonia Gutiérrez Vicente, de 63 años, transcurre en la calle. Día y noche. Su vida, más que modesta, y la de su hijo Jesús, de 40 años, sufrió uno de esos giros que vienen mal dados porque ese día, el 28 de mayo, fueron desahuciados del piso en el que vivían en San Isidro. Desde entonces, esta mujer que sabe por experiencia que las desgracias nunca llegan solas, vive y duerme en la calle en un circuito itinerante que los lleva de los parques del polígono industrial San Fernando de Cox al de San Carlos de Redován. A su hijo Jesús, enfermo, le ha podido pagar alguna noche en un hostal con lo poco que le permite su pensión de viudedad, pero tienen también que comer y no se puede estirar más. Duermen los dos a la intemperie, en zonas discretas, porque la vergüenza pesa más que las piernas cansadas de caminar los kilómetros que separan Cox de Redován y Redován de San Isidro.

Intentó aguantar el tirón a cobijo en el trastero que alquiló para guardar todas sus pertenencias hasta encontrar techo, pero el propietario no podía asumir la responsabilidad de que se alojaran dos personas allí. Antonia lo explica con naturalidad, igual que explica su situación, igual que dice que ya no sabe a quién acudir. A eso se dedica esta mujer desde el pasado 28 de mayo, a solicitar ayuda en San Isidro que le permita conseguir un alojamiento temporal hasta el próximo 1 de julio. Ese día podrá entrar en el piso que ha podido alquilar en Orihuela con un poco de dinero que le han prestado y la paga doble de la pensión. Qué dinero tendrán después para comer no lo sabe. Al menos, dice, tendrán un sitio donde estar. Convincente, asegura que el cura -hace unos meses-, el alcalde y el juez de paz, uno detrás de otro, se la han negado. Fue después de que familiares y algún conocido también le dieran la espalda, que no están los tiempos para meter a sin techo en el garaje.

El cura

Fueron los servicios de asistencia social del Hospital de la Vega Baja y de Cruz Roja, tras pasar por allí con una urgencia de su hijo, los que le indicaron que es el Ayuntamiento del municipio donde reside el que tiene la obligación de buscar alguna alternativa para evitar que hicieran noche en los parques. Fue entonces, el verano pasado, cuando preguntó al cura de la parroquia de San Isidro Labrador. El párroco de entonces, no el actual, aclara Antonia, le dijo que la Iglesia "está para recibir donaciones no para dar ayudas económicas".

El alcalde

Preguntó en el Ayuntamiento. El alcalde, Manuel Gil Gómez (PSOE), asegura, no quiso recibirla. A INFORMACIÓN aclaró el primer edil que desde 2019 son los Servicios Sociales municipales los que deben resolver esos casos y que no podía meterse con la autonomía de los funcionarios. "Desconozco el caso concreto", insistió al ser preguntado sin querer hacer más declaraciones. Con apenas 2.400 almas, Gómez gobierna una de las poblaciones más pequeñas de la comarca. Tener a dos de sus vecinos viviendo en la calle no debe ser situación tan habitual como para desconocer el caso de Antonia y su hijo.

Como es un ayuntamiento pequeño, los Servicios Sociales están mancomunados. La funcionaria de la Mancomunidad de Servicios Sociales solo atiende los miércoles y los jueves. "Tenemos medios limitados", señala el primer edil que dota de todos los servicios esenciales a uno de los polígonos industriales más importantes de la provincia, donde se encuentra la sede logística de Mercadona para Alicante.

Sin trabajo

Antonia se quedó viuda hace un par de años tras fallecer su marido, camionero de profesión, de cáncer de páncreas. Ella, natural de Granja de Rocamora, estuvo cuidándolo cinco años. Él era de Cox. Después consiguió trabajo en una de las empresas envasadoras de ajos de Benejúzar, que combinaba también los fines de semana con distintas faenas en un restaurante próximo. Pero sus 60 años la convirtieron en candidata perfecta en la reducción de plantilla de la empresa. Lo del restaurante era ocasional. Se quedó sin trabajo. Su hijo ha trabajado en la agricultura de la huerta de forma temporal hasta que enfermó. Tiene también una hija que vive con su suegra, tres hijos y su marido en paro.

A pie

Desde el 28 de mayo Antonia recorre todas las distancias a pie entre el que es su lugar de descanso y el municipio que considera que le puede prestar alguna ayuda, San Isidro. Diez kilómetros de distancia de ida y dos horas de camino. Luego la vuelta. No le importan los kilos que ha perdido, ni el calor, ni esas piernas hinchadas de dormir en un banco. Al límite, el pasado viernes tuvo que ser atendida ella misma en el hospital. El trayecto de vuelta a Redován, a pie, por la carretera, le llevó más de tres horas bajo un sol que, ese sí, era lo único de justicia para Antonia.

El juez de paz

En su periplo buscando ayuda antes de que la desalojaran del piso, Antonia "traqueó" a la puerta del juez de paz, una oficina contigua al Ayuntamiento y comunicada con las dependencias municipales. Entre juez y alcalde también hay relación familiar. Son padre e hijo. Francisco Gómez de la Torre, el juez, ejerce el puesto desde hace 30 años -"tomé posesión cuando mi hijo era un crío"-, matiza para despejar dudas sobre el posible conflicto de intereses con la Alcaldía en conversación con este medio. Tampoco fue buena la experiencia de Antonia con este cargo público dedicado precisamente a mediar y resolver conflictos entre vecinos y recibir y distribuir notificaciones judiciales. Se desahogó en su cuenta de Facebook y dijo lo que pensaba sobre la negativa del juez de paz, del alcalde y del anterior párroco a prestarle ayuda.

Pero las desgracias, lo sabe muy bien Antonia, nunca vienen solas. Por ese mensaje el juez de paz tuvo tiempo de presentarle una querella por injurias, comprometer al juez de paz sustituto y citarla a un acto de conciliación para que se "retractara".

La querella

El juez de paz asegura que ha denunciado porque ha podido "confirmar", en contacto "con los administradores de la página" de Facebook, que un escrito en redes sociales anónimo en el que se le insulta gravemente a su hijo y a él, fue elaborado por Antonia. Afirma que se le injuria, veja, insulta y calumnia para manchar su buen nombre, profesionalidad, dignidad y ejercicio de tres décadas.

El único escrito que reconoce esta mujer es uno firmado con su nombre y apellidos en Facebook en el que dice que no le han ayudado en San Isidro "que siempre será de Albatera" -declaración que molestaría a cualquier vecino de San Isidro pero que no da, ni de lejos, para delito leve-, y cuestiona el escaso interés de la Iglesia por su caso y la pereza -del párroco anterior a su deshaucio, no del actual-, a la hora de atenderle. Ella asegura que no se hace responsable de nada más que de lo que firma. Y no firmó el acto de conciliación.

"Si no fuera porque mi hijo está enfermo, yo en el banco del parque estaría en la gloria. Porque en San Isidro me han llevado acosaica", señala mientras espera que de aquí al 1 julio alguien le pueda prestar ayuda. Más allá de la incomodidad que produce alguien que normalmente es invisible y, para molestia de todos, se hace muy visible, la ayuda que Antonia y su hijo necesitan, de momento, no la encuentran ni en la tierra ni en el cielo.

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